Ricardo Monreal no le deja pasar una al presidente Andrés Manuel López Obrador para marcar distancia y advertir que él si no es igual que el tabasqueño. La obviedad nos indica que esto no tiene nada que ver con berrinches o reclamos políticos personales, sino que detrás está, como afirman quienes saben, “el mensaje”.
Un mensaje dirigido a empresarios, capitales nacionales y foráneos, a otros gobiernos, a clases medias y sectores muy agraviados por el desempeño y el voluntarismo de AMLO.
Lo que busca el zacatecano, afirman, no es sólo distanciarse del estilo personal de Gobernar del tabasqueño, un estilo marcado por el desdén y rechazo a la Ley, sin el menor respeto al Estado de Derecho y las normas, sino dejar sentado que de ser el próximo Presidente de México a él no lo dominará el capricho, la pasión y la venganza, sino el apego a la Constitución.
Así ayer, en el contexto del encarcelamiento de Jesús Murillo Karam y la expedición de 80 ordenes de aprehensión más por el caso de los 43 de Ayotzinapa dentro de una obvia motivación política presidencial, y frente a una reacción masiva en contra, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y único aspirante presidencial abierto para el 2024 afirmó:
“Cuando la impartición de justicia es producto de arrebatos o vendettas, no funciona”.
Y, al deslindarse de decisiones arbitrarias que ponen en crisis al Estado de Derecho, del cual dependen gobernabilidad, inversiones nacionales y foráneas, la democracia y el futuro del país:
“Debemos cuidar el debido proceso y presunción de inocencia, pues la población exige una justicia de calidad”.
El zacatecano reconoció además que, desde hace varias décadas, y justo por ejercer una justicia con base a dictados desde el poder, “la justicia en México está en entredicho”.
De ahí que, afirma, en la aprehensión del exprocurador Jesús Murillo Karam y Rosario Robles es esencial cumplir con los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso.
Por sus redes sociales Monreal advirtió que cuando la impartición de justicia es producto de rabietas y venganzas, o está al mejor postor, o se aplica como si fuera la “guillotina”, es una justicia inaceptable.
“Entonces el deterioro social camina a pasos agigantados”, subraya.
ESA JUSTICIA TIENE CUENTAS PENDIENTES CON LA SOCIEDAD
Para el zacatecano, Doctor en Derecho, catedrático de la materia en la UNAM, la justicia mexicana producto de dictados desde el poder o desde el dinero, tiene cuentas pendientes con la sociedad.
Hoy, indica, la 4T no ha podido mejorar el viejo Sistema de Justicia mexicana.
“Lamentablemente, los poderes judiciales de casi todos los estados están al servicio de los gobiernos en turno, o de intereses particulares”.
Y “ante los recientes arrestos y liberaciones, la población exige justicia de calidad”, insistió el pre-candidato presidencial.
Es evidente, inocultable, afirmó, “que a nivel local, la justicia está subordinada a los gobernadores”, y que en la mayoría de los casos no hay independencia ni autonomía.
Por todo eso y más, afirmó, y en el caso específico de la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam, no se sumará “a ningún coro de linchamiento anticipado”.
Como abogado y maestro universitario, dijo, lo que deseo en este y todos los casos es que “no se altere el debido proceso ni la presunción de inocencia, principios que todos debemos cuidar”.
Insistió:
“Ahí sí soy muy estricto, porque no estoy de acuerdo, y no me voy a sumar a ningún coro de linchamiento anticipado, no voy a ser un juez de acusación, y no voy a actuar de manera desmedida frente a estas detenciones, que se gestionan en varias partes”.
Lo que creo, agregó, es que debe de haber justicia, que no haya impunidad, pero que se respete el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.
Sobre la liberación de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social del sexenio pasado, explicó que se le otorgaron medidas cautelares, para que desde su casa pueda seguir su caso, del que aún no se ha emitido una sentencia ni una resolución firme.
Ella estuvo en prisión preventiva oficiosa tres años, tiempo en el que el Poder Judicial debió resolver si es o no culpable.
“Ese es el tema de fondo: la tardanza de nuestra justicia, en perjuicio de los ciudadanos… no defiendo a Rosario, pero desearía que la justicia fuera más pronta, más expedita, en todos los casos”.
Así, cada vez más lejos de quien fuera su líder político.
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