A la vuelta de apenas ocho años, la investigación sobre las causas e investigaciones del secuestro y asesinato de 43 estudiantes de Ayotzinapa a manos del grupo criminal Guerreros Unidos, una de las vertientes más delicadas se encuentra en el señalamiento de los verdaderos culpables y responsables.
La Comisión Encinas determinó la aplicación de todo el peso de la ley contra los involucrados después de cometidos los asesinatos e inclusive con algunos indicios de que las conclusiones estarían defendiendo a los delincuentes que operaron el secuestro y el asesinato y a los policías municipales que los apoyaron.
La principal conclusión la Comisión Encinas resultó contundente: se trató de un crimen de Estado. Sin embargo, una ayuda de memoria sobre lo ocurrido de septiembre de 2014 a febrero de 2015 aporta datos suficientes para señalar otros datos: los responsables del asesinato fueron gobernantes estatales y municipales del PRD, y en ese tiempo político Alejandro Encinas era senador del PRD y uno de los más insistentes en vender la idea del crimen de Estado, en incriminar al presidente Peña Nieto como el que dio la orden del secuestro y el asesinato y en sentar en el banquillo de los acusados al Ejército.
El seguimiento que hizo en ese tiempo histórico la columna Indicador Político lleva al señalamiento de que la responsabilidad del PRD como partido habría estado configurando una caracterización contundente sobre los 43 de Ayotzinapa: la represión a estudiantes fue ordenada por funcionarios municipales y policiacos del PRD con la complicidad de ese partido en la gubernatura y se había tratado de un tlatelolcazo de la izquierda perredista que venía o se nutría del viejo Partido Comunista Mexicano.
Luego de haber pasado por períodos de brutal represión de dos gobernadores apellidados Figueroa –incluyendo el asesinato de campesinos en Aguas Blancas que provocó la caída del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, el segundo de la dinastía–, el PRD tomó el poder en el estado de Guerrero en el 2005 con una candidatura y gubernatura del empresario expriista y neoperredista Zeferino Torreblanca.
En 2011, el PRD dio otro paso audaz al convencer al político guerrerense Ángel Aguirre Rivero de renunciar al PRI y aceptar la candidatura por el PRD, con el dato adicional de que el operador de esa maniobra fue el entonces jefe capitalino de gobierno Marcelo Ebrard Casaubón.
Junto con el control perredista en el estado por los gobernadores Torreblanca y Aguirre, el PRD consolidó su presencia municipal en la zona de Iguala, lugar donde ocurrieron los secuestros de asesinatos de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. El presidente municipal José Luis Abarca había logrado el PRD aprobará la candidatura sucesoria de su esposa, como para refrendar el dominio caciquil del perredismo en una de las zonas más calientes del Estado.
En el PRD se estaba dando una batalla interna para consolidar el control del partido por parte de Los Chuchos –Jesús Ortega y Jesús Zambrano–, para propiciar la salida del partido de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano después de que había exigido la renuncia del comité nacional para una reorganización y la ruptura de Andrés Manuel López Obrador con el perredismo al fundar de manera oficial en agosto su partido Morena, aunque muchos de los hoy morenistas todavía siguieron un tiempo sirviendo a los intereses del PRD, como el entonces senador Alejandro Encinas.
El PRD de Los Chuchos en Guerrero aceptó las reglas del juego priista pese al recordatorio de que Aguirre había sido impuesto por el PRI como gobernador interino en 1996, a la caída del gobernador Figueroa Alcocer por la matanza de campesinos en aguas blancas “para cuidarle las espaldas”; en 2011, Aguirre llegaría con toda la representación política del PRD y desde luego el apoyo del PRI. Inclusive, el PRD tuvo que mirar hacia otro lado cuando en el 2011 revelaron que el gobernador interino priista Aguirre había permitido el asesinato de 60 militantes perredistas en los tiempos de la lucha criminal por el poder.
Y como para ilustrar la corresponsabilidad política perredista en la crisis de Ayotzinapa durante la segunda gubernatura de Aguirre, habrá que recordar que el PAN de Jorge Luis Preciado y Gustavo Madero en aquel entonces contribuyeron al encumbramiento del priista-perredista Aguirre al posponer el debate sobre desaparición de poderes en 2014 y antes al obligar en el 2011 al candidato panista Marcos Parra a declinar a favor de Aguirre.
En este contexto, a las conclusiones de la Comisión Encinas le falta la acreditación de responsabilidades administrativas y judiciales del PRD en 2014, justo cuando el hoy subsecretario Encinas era senador perredista.
Política para dummies: La política debe de pasar la prueba de fuego de la memoria.
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