Agresiones, violencia criminal, candidatos saltimbanqui, acuerdos oscuros para declinar, ausencia total de propuestas y una crisis latente, creciente y sin expectativas será el saldo real del proceso electoral intermedio de 2021, con miras a definir el marco político para las presidenciales de 2024.
Al final, no importa quién gane. El conflicto político que determinará funciones de gobernadores, legisladores federales, legisladores estatales, alcaldes y funcionarios municipales será el mismo que se ha desarrollado en el primer trienio del sexenio y que viene desde el 2000 de la alternancia partidista en la presidencia de la república: la confrontación entre el proyecto posneoliberal y el proyecto neoliberal, ninguno de los dos, por cierto, con inquietudes siquiera para rehacer el modelo de desarrollo, reconstruir el consenso nacional y redefinir las funciones del Estado potenciador del desarrollo.
Toda la maraña de escenarios de corto, mediano y largo plazos se puede resumir en un dato revelador: las expectativas de PIB promedio anual para los próximos diez años –2021 a 2030– siguen siendo, con pandemia o sin pandemia, de 2%, la misma cifra que venía del periodo neoliberal 1983-2018: 2% y por abajo del promedio anual de 6% del periodo populista 1934-1982. Sin crecimiento económico no hay empleo, salarios y bienestar y sin estas tres variables el país seguirá sumido en la crisis social.
Las elecciones sólo mostrarán un reacomodo en la distribución del poder, no un replanteamiento de escenarios de crecimiento y desarrollo. Es decir, seguirá funcionando el modelo de la economía cero: lo que pierde un grupo lo gana otro. En términos generales se habrá votado a favor del proyecto posneoliberal –una mixtura de neoliberalismo con neopopulismo– o por la propuesta neoliberal salinista de 1979 a 2012 repotenciada por el Pacto por México de 2013-2018, sin que ninguna de los dos hubiera ofrecido una nueva propuesta de modelo de desarrollo y mejores formas de distribución de la riqueza.
La crisis anterior y la crisis actual –la del neoliberalismo y la del posneoliberalismo– estuvo ausente en las campañas, por lo que el votante ejerció su derecho a llevar candidatos a cargos de decisión sin haber existido algún compromiso formal de diagnóstico de las crisis y de propuestas programáticas para salir de ella. O sea, se votó por lo que ya se vio en 2018-2021 y por sus saldos deficientes en materia de creación y distribución de la riqueza productiva.
La única novedad en el proceso electoral que culminará el domingo 6 de junio fue la irrupción de la delincuencia organizada/desorganizada, lo mismo en materia delictiva que política, por encima de los mecanismos institucionales de seguridad. No dio tiempo ni hubo sectores interesados para indagar el trasfondo de esa violencia: qué intereses representaban, que delitos potenciarían y qué grupos saldrían beneficiados. Lo único que se vio fue la fuerza de bandas criminales induciendo el voto por la vía de la fuerza criminal. Y no dio tiempo para investigar cuántos candidatos llegarán al cargo con el apoyo directo o indirecto de los delincuentes.
El caso simbólico fue el de la competencia electoral por la alcaldía de Valle de Bravo, Estado de México: un comando del grupo delictivo La Familia secuestró a la candidata del PRI-PAN-PRD para llevarla a un sitio especial donde se le exigió que se retirara de la contienda o atentarían contra ella y su familia, a fin de que la candidata de Morena se quedara con el cargo. El asunto llego a columnas de análisis político, pero no al gabinete de seguridad. No fue un asalto, no fue en realidad secuestro y todo quedó en una advertencia para que el grupo delictivo influyera en las elecciones. Gane quién gane la elección, la alcaldía de Valle de Bravo está ya contaminada, tocada por el crimen organizado. Y se trata de una zona de familias de alto poder adquisitivo.
En Cajeme y Moroleón, en cambio, balacearon a los candidatos y los asesinaron sin piedad. Pero lo peor fue que las carpetas de investigación se iniciaron en la maraña burocrática, llegando casi al absurdo de suponer que los asesinados debieran de presentarse en persona a levantar denuncias. El aparato gubernamental llegó sólo a ofrecer escoltas a candidatos que sintieran en peligro su vida.
Las elecciones sirvieron, eso sí, para mostrar el México bronco, descarnado, controlado por organizaciones criminales. Por eso se puede concluir que el proceso electoral de 2021 sirvió para redistribuir el poder entre los partidos participantes con registro legal y entre las organizaciones criminales que controlan espacios de la soberanía territorial del Estado mexicano. El poder criminal, ya sin hacerlo clandestinamente, pudo aumentar su captura del Estado a través del mecanismo legal de las elecciones, Y se metió en todas las estructuras de cargos de elección popular.
Por ello que nadie deberá sorprenderse si en las elecciones del 2024 el crimen organizado participa como partido casi formal con poder suficiente para apoderarse del Estado.
@carlosramirezh
Canal YouTube: https://t.co/2cCgm1Sjgh
