Aunque enarbolan la bandera de la promoción y la defensa de la democracia, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral de la Federación se han dedicado a utilizar reglamentos operativos para coartar las libertades de expresión y de opinión que establecen como inatacables los artículos 6 y 7 de la Constitución.
Los dos organismos electorales han desarrollado una persecución política contra la columna Indicador Político y su autor desde octubre de 2017; y a pesar de haber perdido en todas las instancias por la defensa jurídica del abogado Eric Heras, ambas instituciones desempolvan el expediente para inventar cargos cada vez que aquí se critica la incompetencia del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello y de su fiel escudero Ciro Murayama Rendón.
De manera irregular ya hasta ilegal el INE y el TRIFE rompieron los sellos de confidencialidad de la credencial del lector del autor de Indicador Político para enviar notificaciones a la casa particular el acusado, a pesar de que existen registradas sus oficinas para la recepción de documentos no personales.
En más cuatro largos años, los dos organismos electorales litigan una presunta violación del reglamento de elecciones para el 2018 en el que se establece la criminalización de quiénes difundan encuestas no registradas en el INE. Córdova Vianello y el secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina metieron a la columna Indicador Político en procedimientos legales que obligaron a la contratación de abogados para defender al columnista. El punto central fue rechazado por el TRIFE con el criterio de que se trataba de una publicación en una columna de opinión y solo sentenciaba al autor a publicar una amonestación de reconocimiento al incumplimiento del reglamento. Indicador Político aportó las pruebas suficientes a la autoridad del cumplimiento de la sentencia.
Pero críticas recientes en esta columna a Córdoba Vianello por su sobreexposición mediática reabrieron el expediente en el TRIFE y una nueva notificación acusaba al columnista de no obligar a los periódicos del interior de la república que reproducen sin contrato escrito la columna Indicador Político a incluir la amonestación difundida; de manera arbitraria el Tribunal busca que el columnista intervenga en la política editorial interna de periódicos locales que solo publican la columna, un absurdo político, periodístico y sobre todo legal.
La acusación contra el columnista por presunción de violación del reglamento de elecciones se votó en el Consejo General del INE en el 2020 y varios consejeros la rechazaron con el argumento de que se trataba de libertad de opinión. El problema es mayor: de manera arbitraria el INE de Córdova Vianello coloca un reglamento operativo por encima de lo que señala el artículo sexto constitucional en el sentido de que “la manifestación de las ideas no será́ objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa” y lo que establece el 7: “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares”. Y con mayor razón en columnas que privilegian el derecho a la libertad de opinión.
El autoritarismo del INE y del TRIFE se constituyen en una Inquisición administrativa al judicializar el contenido de una columna, por muy importante que sea un reglamento operativo que debiera ajustarse a la ley mayor que es la Constitución. Y, por si fuera poco, las teorías politológicas modernas de la democracia que parece ignorar el abogado-politólogo Córdoba Vianello refieren (Robert Dahl) a la información como uno de los dos pivotes esenciales de la democracia. Pero por el tono de su queja al TRIFE y la voz segunda del Tribunal, Córdoba Vianello y los magistrados demandantes copian sin pudor la argumentación de los sectores radicales de Morena para consolidar el viejo autoritarismo priísta en el INE.
Con estas actitudes de persecución contra un columnista por el contenido de su columna de opinión, el INE y el TRIFE se suman a los organismos públicos que persiguen, acotan y evitan el ejercicio absoluto de las libertades de expresión y de opinión.
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