Narcos al servicio de la CIA

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Columna publicada originalmente el 23 de julio de 1990. La reproducimos dada la importancia del tema a la luz de algunas notas y columnas que han abordado el tema.

La relación parece ser lógica: el asesinato de Enrique Camarena  Salazar a llevado a revelar la pugna entre la CIA y la DEA,  y ésta comienza a mostrar algunas hebras que llevan a la operación  Iran-contras en la que estuvieron metidos funcionarios del gobierno de Ronald Reagan que ahora están en la administración de Bush.

El fondo del asunto radica en el hecho de que la Agencia  Central  de Inteligencia de Estados Unidos  se alió con  narcotraficantes para crear canales de comunicación y suministro de armas y dinero para la  contra nicaragüense.  En este operativo dos países jugaron un papel clave: Honduras y México.

Un documento del Senado de Estados Unidos  que incluye la investigación de congresistas en el asunto de terrorismo y narcotráfico está en poder de  Indicador Político. Además de revelarse en él muchos pormenores del caso Irán-contras,  hay algunos datos que podrían ilustrar las razones -y sin razones-  que envuelven el juicio sobre el asesinato de Camarena que está a punto de resolverse en los Angeles, California.

El aspecto central del asunto es que la CIA y evidentemente el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca  -en operativos que no pueden  realizarse por la libre, sino en función de directivas de seguridad nacional  aprobadas por el presidente o el vicepresidente-  usaron las redes de  transporte, comunicación y transferencia de dinero de algunos cárteles del narcotráfico para suministrarle » ayuda humanitaria »   del gobierno de Reagan a la contra  nicaragüense:  dinero, armas, entrenamiento, operaciones de terrorismo y aliento.

Este contexto es que el envuelve  el »juicio Camarena»  en los Angeles. Las vinculaciones negras entre organismos de inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos  y organizaciones criminales de América   Latina son el punto débil de la fiscalía, porque al final de cuentas la DEA estaría acusando no sólo a narcotraficantes, sino agentes de la CIA.  Y  por tanto, las revelaciones que aún faltan por hacerse no son sino  juicios de Estados Unidos  contra sí mismo.

Por ejemplo, el documento senatorial en poder de  Indicador Político  señala en sus páginas 42 y 43 dos hechos de suma  importancia:

Primero, que el Departamento  de Estado que  comandaba  George  Shultz  en la administración Reagan  estuvo involucrado en la búsqueda  de canales la de apoyo para la contra dentro del operativo de guerra secreta del Consejo de Seguridad Nacional  contra la Nicaragua sandinista y por encima de las  prohibiciones del propio Congreso  Estadounidence.

Segundo, que entre algunas empresas seleccionadas como canales clandestinos de apoyo a la contra estaba la empresa aérea SETCO -Services Ejectutives Turistas Commander- de la cual era presidente  del consejo de administración y dueño un hondureño llamado Juan Ramón Matta Ballesteros.

Dos detalles saltan a primera vista: uno, que Matta Ballesteros era conocido ya como un hombre clave del tráfico de drogas en Centroamérica; otro, que fue reclutado por los servicios de inteligencia  de Estados Unidos en Honduras, que estaban controlados por el entonces embajador estadounidense allí, John Dimitri Negroponte.

De acuerdo con el documento del  Senado  de Estados Unidos,  el operativo que envolvió a Matta Ballesteros  fue importante. De   1985  a mediados de 1986, SETCO  fue una tapadera de la  contra  en Honduras,  país que el gobierno  y la embajada estadounidense convirtieron en cuartel general de la contra .Adolfo Calera, importante líder contra que sirvió a  Violeta Chamorro, confesó que SETCO  fue utilizada por el teniente coronel  Olivier  North  en nombre del Consejo  de Seguridad Nacional  de Estados Unidos.

El asunto es que Matta Ballesteros sirvió  a la CIA  para el operativo Iran-contras en 1985, cuando reportes secretos indicaban que ese narcotraficante hondureño estaba en clasificación I   de los delincuentes más buscados  por la DEA.  Este reporte  de la DEA, incluso, indicaba que hombres  de negocios de Estados Unidos .  Pero por servicios prestados al Departamento  de Estado y a la CIA en el tranporte de ayuda a la contra, el Senado estadounidense encontró pagos hechos por Estados Unidos  a Matta Ballesteros a mediados de 1986 por 185 mil 924 dólares con 25 centavos.

En 1988, Matta Ballesteros  fue secuestrado por la DEA para ser llevado a Estados Unidos.  Acusado de narcotraficante, ahora se le juzga en los Angeles por haber participado en la preparación y ejecución del secuestro del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar,  en Guadalajara a principios de 1985.

Expertos en asuntos de inteligencia  y seguridad nacional consultados por el columnista indican que la DEA  sabía de las vinculaciones de los cárteles del narcotráfico  en Centroamérica y Sudamérica  con la CIA y con el CSN  de la  Casa Blanca,  pero nunca hubo la justificación  suficiente para comenzar detenciones y juicios. El crimen de Camarena Salazar   dio la oportunidad.

La investigación del comité selecto para asuntos  de narcotráfico y terrorismo  del Senado, dirigido por John Kerry,  Brock  Adams y  Daniel  Patrick   Moyniham, ha encontrado esa pista que llevan a demostrar que algunas mafias del narcotráfico en  América  Latina -incluyendo México-  pudieron fortalecerse debido a los servicios prestados  a los organismos de inteligencia y seguridad  nacional de Estados Unidos  que obedecen consignas y directrices de la misma Casa Blanca.

El problema es que en los Angeles sólo han aparecido condenas a México por el narcotráfico y revelaciones de cómo  la CIA  coptó  a los servicios mexicanos de inteligencia para que le hiciera los  trabajos sucios,  pero no se ha dicho nada de cómo la CIA,  el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad  Nacional reclutaron a narcotraficantes  para la operación Nicaragua. Los servicios al gobierno estadounidense  por parte de Matta Ballesteros  son apenas la punta de  la hebra de un  droga-gate   que pondría en aprietos a funcionarios y diplomáticos  de la administración del  presidente George Bush.