La crisis de seguridad interior en México no es un asunto de policías y ladrones, sino un tema de seguridad nacional para Estados Unidos. La Guardia Nacional como organismo policiaco estaría siendo rebasada en los hechos por los ataques violentos del crimen organizado, sobre todo el culiacanazo de Ovidio y ahora los ataques en el Bajío y en Ciudad Juárez, además de otras masacres que responden a disputas territoriales entre cárteles.
La punta de la hebra se localiza en el programa de 2011 que delineó el presidente Barack Obama para deslindar la responsabilidad de los adictos estadounidenses en el auge de las bandas de contrabandistas de droga: la caracterización de los cárteles mexicanos como organismos criminales trasnacionales y por lo tanto autorizó a la política de seguridad nacional de Estados Unidos a jurisdiccionar su poder hasta los países sede de los grupos delictivos.
Las evaluaciones de la DEA de 2005 a la fecha insisten en señalar que nueve cárteles mexicanos tienen el control de la producción, trasiego, contrabando y distribución de droga al menudeo en las calles de Estados Unidos y por tanto le transfieren la responsabilidad de la lucha estadounidense contra el narco a la política de seguridad nacional de la Casa Blanca como parte central de su política exterior.
La permanencia de la Guardia Nacional mexicana en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana –en proceso de transformación de nombre y funciones– consolidaría el enfoque ciudadano de caracterizar como civil a ese cuerpo de seguridad y lo subordinaría a las reglas policiacas, cuando en los hechos los cárteles y bandas delictivas que han estallado la violencia en las calles responden a una logística criminal que viola todas las reglas civiles y que solo el enfoque de seguridad interior de las Fuerzas Armadas tendría la capacidad y la legalidad para encararlas en el campo de batalla.
En la lógica estadounidense, las reglas civiles ya son insuficientes para combatir a los cárteles criminales porque su capacidad de fuego ha sido nutrida por el contrabando de armas permitido por el gobierno estadounidense; por tanto, con la Guardia Nacional en el área civil de seguridad se cumpliría una condición de Washington para demostrar que ese cuerpo policíaco no es suficiente para combatir a bandas criminales con organización paramilitar.
Y es ahí donde el gobierno estadounidense ha estado insistiendo en la necesidad de obtener la autorización mexicana para que Fuerzas Armadas regulares de Estados Unidos operen en México en la persecución de delincuentes. Un avance inocultable se localiza en las altas recompensas que ofrece la DEA en México para la captura de capos del crimen organizado y la insistencia de deportación de esas dirigencias delictivas.
La advertencia fue hecha de manera directa en el 2020 por el presidente Donald Trump cuando dijo que estaría dispuesto a enviar tropas militares estadounidenses a México para hacer el trabajo de persecución de bandas criminales que el gobierno mexicano no podía capturar y aniquilar.
En este escenario se debe incluir la crisis de seguridad en México con los estallamientos de violencia criminal reactiva a confrontaciones con autoridades y no a una disputa de los cárteles contra el Estado. La cobertura informativa de estos sucesos ha sido muy cuestionable en México porque se centra solo en las acciones de las autoridades y no se atreven a ahondar denuncias contra el crimen organizado que está tomando el control territorial e institucional de zonas del Estado.
Aunque se trata de confrontaciones que se deben tipificar en el área de la seguridad pública, los efectos analíticos de estos estallamientos de guerra violenta en las calles se enmarcan en el escenario de la seguridad nacional porque vienen seguidos de presiones estadounidenses para demostrar que las autoridades mexicanas son incapaces de mantener la estabilidad regional y para ello el gobierno estadounidense manipula las advertencias de seguridad a sus habitantes como una forma de contribuir al crecimiento del pánico social.
La incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo tanto, tiene una noción de seguridad nacional en tanto que construiría un bloque de poder policíaco-militar contra las bandas delictivas que aprovechan los escenarios mediáticos para consolidar una hegemonía simbólica.
En este contexto, el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena forma parte del escudo de seguridad nacional del Estado mexicano ante la seguridad nacional extraterritorial de Estados Unidos.
Política para dummies: La política forma parte de la seguridad del Estado.
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