Con el fulminante revés de jueces y tribunales al despido de Edmundo Jacobo Molina como administrador del INE decretado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como primera acción de su Plan B, el mandatario entró en cólera.
Y más por las fanfarrias con las que regresó el odiado funcionario que llevaron a AMLO a indicar que él estaba orgulloso de esa derrota porque demostraba que jueces y miembros del INE eran la misa cosa.
La verdad es que desde ese momento andaba buscando quien se la pagara y ayer quienes se le atravesaron fueron los recién designados nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, un organismo autónomo tan aborrecido por él como el INE.
Así fue que Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso fueron vetados por AMLO de ipso-facto y sin explicación alguna.
Tal cual lo dio a conocer el vocero presidencial Jesús Ramírez mientras que el titular de Gobernación, Adán Augusto López se lo informaba a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado para que se vuelva a realizar otra selección y aprobación de consejeros.
Los vetados fueron electos en el Senado por mayoría calificada como lo mandata la Constitución, apenas el pasado primero de marzo.
Ante la evidente apatía del mandatario por publicar estos nombramientos en el Diario Oficial de la Federación, y sí oficializar estas promociones, en la mañanera del lunes 6 de marzo alguien le preguntó a López Obrador por qué no había hecho tal publicación dado que los mismos comisionados del INAI estaban urgiendo la llegada de sus nuevos compañeros, pero fue ayer que AMLO decidió pasarlos al bote de la basura burocrática.
¿Por qué lo hizo? Sólo él y su hígado lo saben. Lo que se ve es que anda ardido por eso de las marchas de ciudadanos y militares, las concentraciones ajenas a él en el Zócalo y por las fiestas con que regresó el gerente administrativo del INE que son un presagio de lo que va a pasar quizá con el resto del Plan B electoral tan deseado por él.
ALEJANDRA URGE A DELFINA A DEBATIR
Con apenas 2 meses de campaña por delante, la candidata de PRI, PAN y PRD a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, urgió ayer a la profe Delfina Gómez a presentarse ya al primer debate.
La priísta indicó que al menos deben realizarse 5 debates en lo que resta de campaña para poder dar respuesta a los temas que “más preocupan a los mexiquenses”.
Vía redes sociales Del Moral -a quien las encuestas hacen unos puntos debajo de la morenista-, dijo que ella y su contendiente deberán explicar que van a hacer cada una de llegar a la gubernatura en el muy urgente tema de la seguridad, la economía y el empleo; transporte y movilidad; salud; educación, así como desarrollo social.
“Espero que aceptes y desde ahora podemos comenzar un cambio para bien de los mexiquenses”, indicó.
Debatir es más urgente cuando ya se sabe que la contienda está entre 2 mujeres y por primera vez habrá gobernadora en el Estado de México.
SENADO APRUEBA INTEGRANTES DE COMISIÓN BICAMERAL
El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó ayer el acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política, para designar a los senadores que integrarán la Comisión Bicameral que se encargará del análisis y dictamen de los informes que remita el Ejecutivo federal sobre las acciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
El pleno aprobó en el mismo acto que los primeros seis meses de su ejercicio, la presidencia de esta Comisión sea ocupada por el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal.
Los otros senadores integrantes son: Damián Zepeda Vidales, del PAN; Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI; Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano; e Israel Zamora Guzmán, del PVEM así como Alejandro González Yáñez, del PT; Marcela Mora Arellano, del PES; Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD; y Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural.
Conforme al Artículo Quinto Transitorio del Decreto constitucional en materia de Guardia Nacional, entre las facultades y atribuciones de esta Comisión está requerir los informes que semestralmente debe presentar el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión respecto de las acciones de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.
Dichos informes deberán contener indicadores cuantificables y verificables, que permitan corroborar, entre otros asuntos, el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como el cumplimiento de los criterios de participación en las tareas seguridad pública: extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Además, entre otros puntos, podrá formular los indicadores que deben contener dichos informes, así como convocar a integrantes de la sociedad civil, académicos y a personas con comprobada experiencia para auxiliarla en el diseño de dichos indicadores.
De igual forma podrá citar a los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional, a comparecer para ampliar los informes.
La Junta Directiva de la Comisión Bicameral se integra con una Presidencia que corresponde al inicio de sus funciones al Senado -rotativa entre los Grupos Parlamentarios y alternada entre ambas Cámaras-, dos vicepresidencias y dos secretarías; durará seis meses en su ejercicio.
A más tardar, dentro de los primeros treinta días de cada periodo legislativo se deberá elegir la Junta Directiva que conducirá los trabajos durante el periodo establecido.
Además, las vicepresidencias y secretarías serán integradas por una diputada o diputado federal y una senadora o un senador.
¡Uch! Creo que el enojo presidencial crecerá con esta Comisión.
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