Alejandro Moreno Cárdenas (“Alito”) seguro brinca de gusto porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la procedencia de la reforma a los estatutos del PRI, mediante la cual fue prorrogada la duración de la dirigencia nacional priista que preside el campechano desde el 2019 para terminar en agosto de 2023.
Quienes estarán que ‘no los calienta ni el sol’ son las y los militantes en desacuerdo con la permanencia de “Alito” y séquito hasta después de 2024, entre ellos Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu Salinas.
La militancia inconforme ya estaba contenta porque en su momento el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró la imposibilidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de las modificaciones a los estatutos del PRI porque el Consejo Político Nacional no justificó debidamente el procedimiento de reforma conforme a los propios estatutos.
La resolución del INE fue impugnada por el PRI ante la Sala Superior del TEPJF, cuyo Pleno por mayoría de votos la revocó y declaró la procedencia de la reforma a los estatutos priistas al considerar (en resumen) “indebida” tal exigencia al Consejo Político, “lo cual se tradujo en una intromisión a la vida interna del partido y a su autodeterminación.”
Concretamente sobre la prórroga, estimó que “es una facultad que ya se encontraba prevista antes de la modificación”, que el Consejo Político Nacional “es el órgano legitimado para asumir de forma extraordinaria la facultad de reformar los estatutos” y por si fuera poco, miren:
Que “el plazo se trata de una medida que tiene un fin legítimo que garantiza el funcionamiento del partido frente a los procesos electorales, dentro de un periodo razonable y necesario. Además, se trata de una medida idónea para que el partido pueda adecuar sus estrategias frente a los procesos electorales.”.
¿Qué tal? Francamente la duda queda sobre la legalidad del procedimiento de la reforma a los estatutos del PRI. Pero el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral ya resolvió y tiene la última palabra, aunque con los votos en contra de la magistrada Janine Otálora Malassis y del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón.
Partidos políticos ¿ven cómo es importante que el TEPJF pueda emplear los diversos criterios de interpretación? Pero han pretendido, vía sus grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, hacer reformas constitucionales para que el Tribunal solo interprete a la letra de la norma.
Tras las resoluciones de la Sala Superior validando las reformas estatutarias para la prórroga de la respectiva dirigencia nacional de Morena y del PRI, ¿se entiende ahora la reunión entre diputados de la Cámara Baja con magistradas y magistrados de dicha Sala?
¿Se entienden ahora los atorones y el freno en comisiones de la Cámara Baja para avalar la pretendida reforma constitucional para acotar al Tribunal Electoral (además en su facultad de conocer acciones afirmativas)?
Aunque según anunciaron los líderes de los grupos parlamentarios de Morena, PAN y PRI, trabajarían en otra iniciativa de reformas sobre las facultades del TEPJF. ¿La harán después de las últimas resoluciones de la Sala Superior? ¿O el anuncio solo fue para darle una salida a su intento de maniatar al máximo órgano jurisdiccional en materia electoral?
¿Se entiende todo?
Puede que hayan pactado cambalache: La validación de la prórroga de las dirigencias a cambio de no acotar al TEPJF.
Puede que la Sala Superior haya resuelto en estricto Derecho, y que si las resoluciones salieron por mayoría de votos es porque cada magistrado, cada magistrada, hace sus propias valoraciones y tienen sus propios criterios.
Ah, la reforma a los estatutos del PRI también incluye “la posibilidad de que el Consejo Político Nacional autorice al presidente del Comité Ejecutivo Nacional a suscribir, registrar y modificar las distintas formas de alianzas políticas y electorales”.
LAS ALIANZAS Y CANDIDATURAS
Sobre todo en el caso del PRI (porque en Morena manda ya saben quien), el fondo de la reforma para la permanencia de la dirigencia encabezada por “Alito” son las candidaturas priistas a todos los cargos populares a elegirse en el proceso electoral 2023-2024 concurrente con procesos electorales locales en una treintena de entidades federativas.
Porque Moreno Cárdenas, su Comité, su Consejo Político Nacional y demás estructura partidaria seguramente decidirán las candidaturas a la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales, favoreciendo a personajes de su círculo político, salvo que las decidan en consulta directa a la base militante por voto universal y sin candados ni trampas.
Incluso, “Alito” y séquito puede llevar mano en la decisión de las candidaturas a los cargos locales: Gubernaturas en los ocho estados donde renovarán titular del Ejecutivo, la jefatura de la Ciudad de México, diputaciones locales y presidencias municipales, a menos de que respeten las facultades de los órganos del PRI en las entidades federativas.
¿Y la coalición “Alianza va por México”? Dependerá de “Alito” si el PRI forma parte de ésta o no.
COMITÉS ESTATALES
Con la permanencia de “Alito”, seguramente también se prorrogará el mandato de las dirigencias de los Comités Estatales del PRI.
