En enero de 2020 los gobernadores agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) se reunió con el gabinete de seguridad del gobierno de la República, entre ellos, el titular de Seguridad Pública y el de Defensa Nacional.
En esa reunión el General Secretario les expuso la gravedad del tema del robo o pérdida de armas, en el que alertó a las autoridades de los estados del robo de 819 armas, 600 cortas y 219 largas. Lo grave es, la falta de certidumbre en saber cómo o cuándo fueron sustraídas de las armerías correspondientes.
Hasta noviembre de 2019 había aumentado un 32% el robo de armas en las corporaciones estatales o municipales en el país, con un total de 792 armas, respecto de las 533 armas robadas en 2018.
En ese reporte se señala que el caso más delicado se encontraba en el Estado de México, con 206 armas sustraídas, la Ciudad de México con 69, Veracruz con 52, Puebla con 49, Guerrero con 48 y Chihuahua con 39. La Fiscalía General de República (FGR) había reportado 37 armas mientras que la entonces Policía Federal 45.
No puede ser posible que estados que reciben multimillonarias cantidades de presupuesto federal, no destinen recursos para cuidar y vigilar la capacidad de fuego que representan las armas.
Como si la seguridad estuviera de plácemes, gozando de sus mejores momentos en políticas públicas.
Los órganos derivados de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, como la Conferencia de Secretarios de Seguridad o de Procuradores de Justicia, pareciera que son reuniones sociales para convocar cada determinado tiempo a los titulares de la seguridad de los estados, para tomarse la foto y demás socialité que representa.
Hoy por hoy, la seguridad en varias entidades del país depende en gran medida de las fuerzas federales, ya que hay ocasiones en que las entidades federativas prefieren asumir una actitud pasiva, bajo el argumento del federalismo, en el que la federación auxiliará a las entidades, sin que estas muevan un solo dedo. Prueba de ello, la pérdida de armas.
El Congreso debería establecer controles más estrictos para que las entidades federativas no accedan a recursos con la facilidad de estirar la mano y que estos apliquen esos recursos en temas ajenos a la seguridad, pese a existir reglas de operación.
Además, si las autoridades norteamericanas no investigan y procesan a los exjefes de seguridad, las autoridades mexicanas, estatales o federales, no mueven un dedo para castigar la deslealtad de mandos, o bien, sus castigos no son proporcionales al daño o a los bienes jurídicos afectados por su acción u omisión.
La función de seguridad debería ser desfederalizada y despolitizada, para que la Federación asuma sus funciones, desplazando a los estados, retirándoles todo subsidio y recursos públicos para esta función y que sus mandos sean ocupados no por políticos, sino por personal de carrera.
El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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