La estrategia del Gobierno lopezobradorista sobre la investigación oficial de Ayotzinapa que realizó el gobierno del presidente Peña Nieto se basa en una argumentación amañada: insinuar que las reuniones oficiales para dar a conocer la investigación del secuestro de normalistas como “verdad histórica” fueron para girar la instrucción de Estado de asesinar a los estudiantes.
Esta lógica se quiere aplicar al actual precandidato de Morena a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, Omar García Harfuch, situándolo en algunas reuniones para unificar la respuesta gubernamental federal que fue presentada como la “verdad histórica” por el procurador Jesús Murillo Karam. Pero no hay ninguna prueba que documente alguna reunión en la que Peña diera la instrucción directa al Ejército de secuestrar y asesinar a los estudiantes.
Si se analiza el escenario de esas reuniones presuntamente en Los Pinos, la investigación del Gobierno actual señala que sólo que se buscó una narrativa oficial unitaria para evitar interpretaciones de confusión. En los hechos, se trató de una reunión formal para definir respuestas políticas y de comunicación.
Pero hasta donde se tienen versiones, nunca hubo una reunión previa con asistentes identificados que se hubiera realizado para tomar la decisión política de Estado y sus fuerzas de seguridad de secuestrar a 43 estudiantes, de utilizar a la corrupta policía municipal de Iguala y de ordenar desde el centro del Estado la entrega de los estudiantes al grupo delictivo de Guerreros Unidos, éstos sí dedicados al tráfico de drogas para enviarla a Estados Unidos.
El subsecretario de gobernación, el experredista Alejandro Encinas Rodríguez, se ha referido a las reuniones para definir la respuesta oficial como conspirativa y responsable de haber girado la orden de secuestro de los estudiantes como decisión del Estado en la figura física del presidente de la república.
Si se revisa en los últimos documentos distribuidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, el secuestro de estudiantes y su entrega a Guerreros Unidos fue una decisión de las autoridades municipales de iguala –pertenecientes al PRD– y la policía local que estaba al servicio del grupo delictivo, en un escenario de descomposición política y de seguridad desde el 2005 que llegó el PRD al poder en Guerrero.
Criminalizar la reunión donde autoridades del Gobierno federal definieron la respuesta gubernamental oficial sobre la investigación pericial de Ayotzinapa no es más que una maniobra de distracción para seguir generando la idea de que la orden de detener a esos 43 estudiantes y entregarlos a Guerreros Unidos fue una decisión del Estado mexicano.
Por las mismas razones, el encarcelamiento del procurador Murillo Karam por haber sido el responsable de la argumentación de la “verdad histórica” es un abuso de poder y violatorio de derechos humanos, a menos que las autoridades actuales tengan pruebas hasta hoy no conocidas de manera oficial de que Murillo habría sido parte del grupo oficial que ordenó de manera directa el levantón de los estudiantes y su entrega a Guerreros Unidos para su desaparición.
Hasta ahora, el subsecretario Encinas ha criminalizado como decisión del Estado el secuestro y liquidación de los 43 normalistas, pero no ha aportado ninguna prueba pericial que pruebe esa argumentación. De manera casi hasta insidiosa, Encinas ha señalado que los responsables de haber ordenado explícitamente la muerte de los estudiantes fueron el Estado y el Ejército, a pesar de la entrega de información militar que no prueba la responsabilidad criminal castrense en el suceso.
A la investigación del experredista Encinas le faltó una cuarta hipótesis: la presunta responsabilidad directa de funcionarios y políticos del PRD en Guerrero por sus relaciones de poder, dependencia y complicidad con varias bandas del crimen organizado en las zonas de conflicto, con el señalamiento directo del general secretario Luis Cresencio Sandoval González de que la policía municipal perredista de Iguala –cuyo alcalde está preso por razones ajenas a Ayotzinapa– estaba al servicio de Guerreros Unidos y el dato adicional de que el gobernador perredista Angel Aguirre Rivero –un priista que se pasó al PRD por intermediación del perredista Marcelo Ebrard Casaubón– se vio obligado a renunciar en el escenario de los estudiantes secuestrados y desaparecidos.
En este contexto, hay argumentaciones válidas para señalar que la represión en Ayotzinapa fue el Tlatelolco del PRD.
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