La renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al cargo de ministro de la Suprema Corte que terminaría en noviembre del próximo año formó parte del tradicional reacomodo político en procesos de sucesión presidencial y mostró indicios de la reconfiguración del bloque político dominante de Morena y López Obrador para la continuidad política en el sexenio 2024-2030.
El chapulineo de posiciones políticas no es nuevo ni va a desaparecer de la política de bloques, grupos, corrientes, facciones y comunidades de poder; en 1989, por ejemplo, el presidente Salinas de Gortari, designó ministro de la Corte a Jorge Carpizo MacGregor, para darle una posición decorosa después de haber representado los intereses salinistas en la rectoría de la UNAM.
A pesar de contar con una carrera académica en la especialidad del derecho teórico casi kelseniano y de no haber litigado ni una sola vez en su vida, Carpizo dio el salto estratégico para mantener la mayoría salinista en la Corte, pero su acomodamiento nunca se pensó en términos de seriedad administrativa, pues sólo duró un año en el cargo porque estaba claro que sería una pieza acomodaticia del presidente de la república para taponar espacios conflictivos; en 1990 fue sacado de la Corte donde no se le recuerda ninguna intervención significativa y fue enviado a la recién fundada Comisión Nacional de los Derechos Humanos, luego saltó a la Procuraduría General de la República, se le colocó como secretario de Gobernación para operarle las elecciones conflictivas por el EZLN y el asesinato de Colosio y luego fue designado embajador en Francia como premio institucional.
El presidente Salinas de Gortari tuvo malos ratos con la Corte. En 1990 el presidente de Tribunal Constitucional, Carlos del Río Rodríguez, nacido por cierto en San Antonio, Texas, fue renunciado de su cargo por la impericia presidencial en el manejo de la representación del jurista en nombre del Poder Ejecutivo, mezclando a dos poderes constitucionales separados.
Zaldívar arribó a la Corte en diciembre de 2009 a propuesta del bloque conservador del presidente Felipe Calderón y en el 2019 alcanzó la presidencia del máximo tribunal con el apoyo del presidente López Obrador. A lo largo de su gestión fue evidente el funcionamiento de su cargo a favor de las propuestas presidenciales, pero teniendo que pasar por la configuración de las mayorías de ministros que nunca le fueron del todo benéficas.
La renuncia adelantada de Zaldívar el cargo de ministro de la Corte nada tiene de ilegal –cuanto menos hasta ahora–, pero como ha ocurrido en los últimos tiempos no se ha sabido gestionar con habilidad comunicativa. La configuración del sistema político se basa todavía en el funcionamiento de bloques y facciones en momentos clave de sucesiones presidenciales y se mueve en función de la continuidad de líder, de grupo y de proyecto.
Por su cargo en la Suprema Corte, Zaldívar tiene restricciones durante cuando menos los dos próximos años para trabajar en cargos públicos o en el derecho privado; de ahí que en Palacio Nacional hayan hecho su tarea y hayan encontrado un camino intermedio para sobrepasar los dos años no con la designación directa de Fiscal General de la República, sino como Fiscal Especial de Control Competencial que pasaría a ser Fiscal General interino a la renuncia del titular y no tendría que cumplir con las restricciones legales.
Las posiciones clave que todo presidente en rumbo sucesorio tiene que mantener han desequilibrado compromisos y faccionalismo: Hacienda, Defensa Nacional, Gobernación y Fiscalía General, es decir los cuatro poderes informales del régimen: el dinero, la seguridad, el poder político y el poder judicial presidencialista. Durante los tiempos de las continuidades transexenales sin conflicto, el presidente saliente tenía la facultad política de influir en su sucesor en las designaciones de esos cargos de poder. Como poder metaconstitucional, que en su momento fue estudiado por Carpizo, el presidente de la República tiene tres posiciones que son vitales para la continuidad y el funcionamiento de la administración: el control del partido, la designación de legisladores y gobernadores y el Banco de México.
Aunque todavía no haya siquiera candidatos formales a la presidencia, López Obrador ha estado operando la consolidación de su influencia en los siete sectores básicos del poder del Estado, y en ese contexto se explica la operación trapecio de Zaldívar para entronizar desde ahora a una pieza clave lopezobradorista en la Fiscalía General de la próxima administración morenista, cuando menos en función de las primeras encuestas conocidas.
En este contexto, el bloque de poder lopezobradorista perfila su transexenalidad.
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Política para dummies: la política se hace antes de la política.
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