Estamos a fin del cuasisexenio del presidente López, quien ha amenazado con hacer
20 reformas constitucionales y a leyes secundarias a profundidad, las cuales destruyen
nuestro entramado constitucional de balance de poderes y nuestra democracia. Todas
ellas las ha suscrito y apoyado su corcholata/candidata Sheinbaum. Sin embargo, algo
pasa en Palacio, que el presidente ha empezado con tres reformas que adelantan esta
situación y ponen de manifiesto su desesperación de destrucción aun antes del término
de su mandato. Estas reformas son:
1. Cambios al régimen de las Afores y vivienda.
Con esta iniciativa, el gobierno pretende despojar a los trabajadores, que cotizan
en el IMSS, al cumplir 70 años, y 75 años de edad al cotizar en el ISSSTE, no hayan
hecho uso de sus beneficios, transfiriendo los fondos que tienen en sus Afores y los
destinados a vivienda, a un fondo manejado por el gobierno que se denominará Fondo
de Pensiones para el Bienestar; con el fin de completar la pensión de las personas que
se jubilan con sus recursos aportados a sus Afores para completar el 100% de su último
salario al momento de jubilarse o, en su caso, devolverles los recursos que ahorraron
cuando los reclamen, a través del establecimiento de una reserva financiera que
generará intereses conforme lo determine el Consejo Técnico del Fondo mencionado.
Esto implica que el gobierno pretende financiar a unos trabajadores con los recursos
ahorrados por otros, en lugar de que el gobierno utilice recursos fiscales para cumplir
con sus promesas.
Aunque la reforma establece que los trabajadores cuyos fondos se trasladan de sus
Afores y de su fondo de vivienda al fondo del gobierno, pueden recuperar sus recursos
cuando proceda, lo importante de este movimiento del gobierno de López, es que es un
primer paso (para ver cómo reacciona la gente), de despojar de su patrimonio a unos
para beneficiar a otros, generándose un antecedente perverso hacia expropiaciones
futuras con “fines sociales”. Precisamente así empiezan las dictaduras “socialistas”, de
quitarle “a los que tienen, para dárselo a los que no tienen”.
Este movimiento es equivalente a que el gobierno, por una ley que apruebe su mayoría,
haga que los ahorros de los ciudadanos depositados en los bancos se trasladen a
fondos del gobierno “para su custodia” y uso para obras gubernamentales o “causas
sociales.
Si dejamos que estos movimientos continúen, estamos poniendo en riesgo la propiedad
privada y nuestros patrimonios.
2. Eliminación de la suspensión en los amparos contra leyes.
Esta iniciativa pretende que cuando exista una ley emitida por el Congreso de la
Unión que sea recurrida a través de un juicio de amparo promovido por los
ciudadanos o persona morales, se elimine la suspensión, aun cuando el no
concederla afecte al interés social, eliminándose también la suspensión, por
estar en contra de mandatos constitucionales.
Con estas reformas se pierda la facultad de que los jueces suspendan los
efectos de una ley mientras transcurre el proceso del juicio, por lo que se puede
afectar el interés social o causar, una norma inconstitucional, daños graves a la
sociedad, ya que los juicios de amparo pueden tardar años para su resolución
final.
El gobierno, con estas reformas pretende llevar a cabo la emisión de leyes que
afecten el interés social o nos afecten a todos por no estar ceñidas a la
Constitución, por lo que es de esperarse que se tengan planeadas reformas a
leyes que no estén acordes con el texto de la Constitución (como la que afecta a
los pensionados que vimos en el punto1 anterior), dando el gobierno un paso
adicional hacia el autoritarismo.
3. Reformas que facultan al presidente de la República a otorgar
discrecionalmente amnistías.
Otra iniciativa que nos parece sospechosa, es que se faculta al presidente el
conceder amnistía (perdones) “a personas que aporten elementos comprobables
que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean
relevantes para el Estado Mexicano”. Es decir, con esta facultad, el presidente
tiene carta blanca y autorización absoluta de perdonar a delincuentes que le
aporten algo que puede ser beneficios para la sociedad, o también puede haber
enjuagues y componendas con los criminales para realizar actos que
políticamente le convengan al Ejecutivo Federal en turno.
También aquí nos preguntamos, ¿cuál es la motivación de López que quiere, a
estas alturas de su administración, tener esta facultad tan discrecional para
beneficio de los delincuentes que puedan conllevar un beneficio a su movimiento
que tiene una y mil sospechas de estar coludido con el crimen organizado?
Esperemos dar la batalla en el Congreso y en los tribunales para derrotar estas
iniciativas que únicamente añaden más tensión política que la que tenemos.
