Mientras el nuevo embajador estadounidense Ronald Johnson emitió un posicionamiento con mucha finura diplomática sobre los disturbios en Los Ángeles y deslindó con claridad que los manifestantes violentos en Los Ángeles no representaban al pueblo mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se posicionó directamente en contra de la decisión de política interior de la Casa Blanca para ejercer órdenes de arresto contra migrantes ilegales con cargos delictivos.
El contrapunto tiene contrasentidos. En México la autoridad permite que los maestros radicales de la CNTE a partir de su minoría colapsen la Ciudad de México con paros, plantones, disturbios violentos contra instalaciones públicas y amenacen “seguir a la presidenta de la República” en sus giras para violentar sus eventos, en Estados Unidos son muy claras las autoridades en que no se permiten disturbios contra la autoridad y no vacilan en aplicar la ley con arrestos y situaciones de excepción contra reuniones que deriven en violencia física.
El tono de la intervención presidencial mexicana tendría dos interpretaciones: ganó la cabeza caliente en una temática abordada de manera muy general en el sentido de que migrantes fueron reprimidos por la policía o se estaría buscando generar un espacio de negociación política a partir de decisiones mexicanas que tienen que ver con comunidades también mexicanas pero ya sumadas no solo a la economía y el territorio estadounidense sino a las reglas locales en Estados Unidos para este tipo de protestas.
En términos concretos, el Gobierno de Estados Unidos en ningún momento estaría siquiera pensando como opción en tratar las resistencias violentas contra las autoridades como si fueran profesores de la CNTE y nunca dejarían a los migrantes agresivos atacar instalaciones de seguridad para impedir el ejercicio de acciones gubernamentales en contra de migrantes ilegales –es decir, que cruzaron la frontera violando las leyes y en los últimos cuatro años con el apoyo de los cárteles del narcotráfico– que tenían citatorios legales por violaciones a las leyes.
El problema complica más la agenda real de seguridad nacional de México con Estados Unidos que se mueve en cuatro temas que por ahora están sueltos por parte de México y que pronto saltarán sorpresas: el narcotráfico, los migrantes ilegales que ingresaron a EU vía coyotes del crimen organizado o del narco, los aranceles que Estados Unidos ya definió y que tienen a México al borde de una recesión brutal y la política migratoria de visas por temas de corrupción de mexicanos o, peor aún, por el juegos de México en la cancha de China, Rusia y Cuba, además de una directriz del secretario de Estado, Marco Rubio, para combatir desde EU la corrupción de funcionarios que roban dinero en sus países y lo van a esconder al sistema financiero americano.
México salió a defender en general a los migrantes perseguidos por el Gobierno de Estados Unidos por carecer de permiso legal de permanencia, por estar en proceso legal que no han cumplido y por tener abiertos muchos de ellos expedientes judiciales por delitos cometidos dentro del territorio americano. Los migrantes residentes desde tiempo histórico y nuevos con permisos oficiales no han sido molestados por las autoridades migratorias a menos de que en público se les pida la exhibición de papeles de permanencia. Pero en tribunales estadounidenses son muchísimos los expedientes de migrantes legales o ilegales que han cometido delitos violentos.
En 2019 el presidente Donald Trump obligó al canciller Marcelo Ebrard Casaubón a aceptar en lo oscurito la aplicación del modelo de México como tercer país seguro: los migrantes que habían cruzado ya territorio americano iban a regularizar su situación en tribunales y antes –por ser una cantidad menor de personas– los dejaban en libertad a condición de que se presentarán a desahogar su juicio; con Trump, los solicitantes legales eran regresados a México a esperar aquí el procesamiento de sus papeles.
La política migratoria de Trump –como en su caso la de México– es un asunto de seguridad nacional en tanto que tiene que ver con el control o registro de la población y en materia de visitantes se requiere cuando menos indicios de que carecen de antecedentes delictivos. La declaración de la presidenta Sheinbaum a favor de la población migrante residente en Los Ángeles que ha sido víctima propiciatoria de los disturbios –así como el pueblo de la Ciudad de México con las tres semanas de la CNTE causando destrozos, afectando negocios y rompiendo la vialidad indispensable en las calles– y de los migrantes que son solicitados por la justicia y que se escondieron detrás de la comunidad legal que hasta ahora en realidad no ha tenido problemas reales con migración.
El contrapunto del mensaje en la red X del embajador Johnson contrasta con la pasión con la sangre caliente que le ganó a la presidenta Sheinbaum.
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