Dos relatoras especiales de la ONU pidieron la apertura urgente de una investigación internacional tras el envenenamiento que sufrió el opositor ruso Alexei Navalny el pasado 20 de agosto, así como su liberación inmediata de prisión.
Las expertas sospechan que la agresión podría haberse efectuado para lanzar el mensaje de que cualquier crítico con el Gobierno sufriría similares consecuencias.
“Creemos que el envenenamiento de Navalny con Novichok podría haberse llevado a cabo deliberadamente para enviar una clara y siniestra advertencia de que ese sería el destino de cualquiera que criticara y se opusiera al Gobierno. El Novichok se eligió precisamente para causar miedo”, dijeron Agnès Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, e Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
La petición de las expertas y su llamado a la investigación internacional llega tras la falta de respuesta del Gobierno ruso, previo vencimiento de una cláusula de confidencialidad de 60 días, a una carta enviada a finales de diciembre a las autoridades rusas donde se incluían las pesquisas de cuatro meses sobre el envenenamiento de Navalny en agosto de 2020.
Las pruebas toxicológicas realizadas en Alemania, Francia, Suecia y por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) determinan que Navalny fue envenenado con una nueva variante del agente nervioso Novichok del tipo que fue elaborado inicialmente por la Unión Soviética y luego por Rusia.
En la misiva a las autoridades, las expertas detallan las pruebas que apuntan a la muy probable implicación de funcionarios del Gobierno en el envenenamiento, presumiblemente de alto nivel.
Las expertas recuerdan en la carta que en el momento del intento de asesinato Navalny estaba sometido a una estrecha vigilancia por parte del Gobierno, una situación “que hace improbable que una tercera persona pudiera haber administrado una sustancia química tan prohibida sin el conocimiento de las autoridades rusas”.Por ello señalan que el uso del agente nervioso vulnera los compromisos de Rusia en virtud de la Convención sobre Armas Químicas.
“Estaba destinado a matar a Navalny y, como tal, constituye una violación de la prohibición de los asesinatos arbitrarios. A causa del dolor físico y al sufrimiento infligido a la víctima, puede constituir una forma de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Una tendencia que se repite durante las últimas décadas
Las relatoras consideran que el ataque que sufrió el opositor ruso se enmarca en una tendencia más extendida y observada a lo largo de varias décadas, de asesinatos arbitrarios e intentos de asesinato de ciudadanos rusos y de críticos con el Gobierno, tanto dentro de Rusia como en el extranjero.
“Este patrón requiere una respuesta enfática y persistente por parte de la comunidad internacional para proteger los derechos fundamentales a la vida y a la libertad de expresión que están en la base de los derechos humanos internacionales”, destacaron.
A su vez, señalaron que negar la responsabilidad del acto en sí mismo, no librar al Gobierno ruso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos
“Incluso en el improbable caso de que un tercero pudiera haber cometido de algún modo este acto, Rusia habría incumplido su obligación de proteger la vida de Navalny frente a esos agentes no estatales”.
Navalny, víctima de diversas agresiones
Las dos relatoras recordaron que durante los últimos años Navalny ha sido objeto de numerosos ataques físicos, incluyendo al menos otros dos intentos de envenenamiento.
“Hasta ahora, el Gobierno no ha presentado ninguna prueba de que se haya realizado una evaluación adecuada de las amenazas a las que se enfrentaba Navalny y de que, como resultado de esta, las autoridades competentes le hayan proporcionado la protección necesaria para prevenir o minimizar los riesgos para su seguridad”, evidencian.
Añadieron que “desde agosto de 2020, hemos pedido al Gobierno que garantice que se lleve a cabo con prontitud una investigación creíble y transparente, que respete las normas internacionales, y que haga públicas las conclusiones. Su respuesta hasta la fecha se queda corta. Algunos funcionarios del Gobierno incluso han desestimado públicamente lo ocurrido a Navalny como una actuación orquestada contra el país”.
Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
