Idamis Pastor: coordinación y retos para proteger a la infancia en Puebla

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La protección de niñas, niños y adolescentes no puede quedarse en reuniones, fotografías y compromisos institucionales. Detrás de cada encuentro hay una realidad que exige respuestas: menores que sufren violencia y que necesitan algo más que discursos para recuperar su derecho a vivir sin miedo.

 

La Fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, encabezó la Primera Sesión 2026 de la Comisión para Poner Fin a Toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA), con el propósito de fortalecer la coordinación entre instituciones para prevenir, atender y erradicar todas las formas de violencia contra este sector de la población.

 

En el encuentro participaron representantes de los tres órdenes de gobierno, los poderes Legislativo y Judicial, así como de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla.

 

Durante la sesión se planteó que la Secretaría de Gobernación del estado asuma la coordinación de la COMPREVNNA, con la intención de fortalecer la articulación entre las dependencias y dar continuidad a las estrategias de protección.

 

También se tomó protesta a nuevos integrantes de esta comisión.

 

La convocatoria es importante.

 

Que las instituciones se sienten a trabajar en conjunto es necesario, pero la pregunta es qué tanto están logrando cambiar la realidad de quienes necesitan protección.

 

Y los números merecen atención.

 

De acuerdo con información atribuida a registros de la Fiscalía, entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron 801 víctimas de abuso sexual en Puebla. De ese total, 517 eran menores de edad, es decir, el 64.54 por ciento. Más de seis de cada diez víctimas eran niñas, niños o adolescentes.

 

El dato merece atención especial: 307 de esas víctimas tenían entre cero y 12 años. No estamos hablando de cifras aisladas, sino de menores que enfrentaron agresiones cuando deberían estar creciendo en un entorno seguro.

 

Pero hay otro indicador que también obliga a cuestionar la capacidad de respuesta de las autoridades.

 

De acuerdo con información obtenida vía transparencia y publicada por e-consulta, durante 2025 y el primer trimestre de 2026 se registraron mil 918 víctimas menores de edad de violencia familiar.

En ese mismo periodo, la Fiscalía reportó apenas cuatro personas detenidas por este tipo de agresiones contra menores.

 

Además, se iniciaron mil 538 investigaciones y se consiguieron 11 vinculaciones a proceso.

 

Son cifras que exigen explicaciones y, sobre todo, resultados.

 

El reto tampoco es menor si se considera que la Fiscalía de Puebla cerró 2025 con 87 mil 864 procedimientos pendientes de concluir, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia del INEGI.

 

Se trata de un rezago que representa una carga importante para la institución y un desafío para quienes esperan justicia.

 

En ese escenario, la protección de las infancias también pasa por la capacidad de investigar, integrar carpetas y llevar ante la justicia a quienes cometen delitos.

 

Idamis Pastor no parte de cero en esta agenda. En noviembre de 2025, durante una sesión de la COMPREVNNA, se presentó el Protocolo de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio.

 

Un instrumento que busca establecer mecanismos para restituir los derechos de menores que pierden a sus madres a consecuencia de la violencia feminicida.

 

El documento fue aprobado por la Junta Directiva del Sistema DIF estatal en noviembre de 2024 y publicado en el Periódico Oficial del Estado en marzo de 2025.

 

Es decir, existen antecedentes, instrumentos y compromisos institucionales. Ahora corresponde conocer qué resultados están produciendo.

 

La fiscal tiene una responsabilidad central en la investigación de los delitos, pero esta tarea no puede recaer en una sola institución.

 

La coordinación con los gobiernos municipales y estatal, el Poder Judicial, el Legislativo y los organismos de derechos humanos debe traducirse en rutas de atención eficaces, protección inmediata y seguimiento puntual de cada caso.

 

También hace falta garantizar que ninguna niña o niño encuentre obstáculos para denunciar, que las víctimas reciban acompañamiento y que las investigaciones avancen.

 

Porque una reunión puede generar acuerdos, pero no devuelve la tranquilidad a una niña que sufrió una agresión ni garantiza justicia a una familia que busca respuestas.

 

Idamis Pastor tiene frente a sí una oportunidad para demostrar que la coordinación interinstitucional puede ir más allá de los protocolos y los comunicados.

 

La ciudadanía necesita conocer cuántos casos se atienden, cuántas investigaciones avanzan, cuántos responsables enfrentan la justicia y qué protección reciben las víctimas.

 

La infancia no puede esperar a que la burocracia encuentre el momento adecuado para actuar.

 

En Puebla, proteger a niñas, niños y adolescentes debe dejar de ser una promesa institucional para convertirse en una obligación que se cumpla todos los días.

 

Así comparto con ustedes #MiColumnaDeHoy, «¿Rozón…y?».

 

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