Las elecciones intermedias en México el domingo 6 de junio reorganizarán el escenario del poder por dos razones:
1.- El partido Morena del presidente López Obrador enfrentará un plebiscito para medir aceptación o rechazo a su propuesta. Se vota la cámara federal de diputados, la mitad de los gobernadores estatales, el 70% de alcaldes y miles de posiciones intermedias. Morena aplastó al PRI y al PAN en las elecciones presidenciales de 2018 y logró la mayoría absoluta en presidencia y legislatura. La meta principal de Morena es conseguir el 51% de asientos en la Cámara de Diputados y acercarse a la mayoría calificada de 67%
2.- El dato sorprendente del proceso electoral fue la irrupción electoral del crimen organizado delictivo y de la delincuencia política dentro de los partidos. Casi una centena de políticos y candidatos fueron asesinados y varios grupos criminales de manera ostentosa salieron a apoyar a sus candidatos. Con acciones directas, algunas organizaciones delictivas presionaron a candidatos para beneficiar a sus adversarios. Si los delincuentes negociaban con la autoridad existente, ahora dejaron indicios de que pueden usar su violencia para beneficiar la victoria de algún candidato de su preferencia. Si no hay otra palabra, nos quedamos con narcopolítica o narcopoder o narcoEstado.
El Estado, el gobierno y el aparato de seguridad pública se concretó a ofrecer seguridad con escoltas a los candidatos que lo solicitarán, sin que se conocieran indicios de persecución de bandas criminales involucradas en las campañas electorales a favor de sus candidatos. Es decir, un problema de seguridad interior que involucra al Estado y sus principales instituciones pareció asumirse sólo como un problema de seguridad publica que se agotó en la protección del individuo.
Hasta ahora, las bandas del crimen organizado comenzaron a instalarse de manera física en zonas territoriales del Estado, luego se dedicaron a comprar autoridades políticas e institucionales de los niveles municipales, estatales y federales, más tarde cooptaron las estructuras de seguridad locales y escalaron a operar como autoridad gubernamental vendiendo protección y cobrando impuestos.
Varias entidades de la república quedaron en manos criminales; de manera mayoritaria, alrededor de doce: Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Estado de México y Ciudad de México. El jefe del Comando Norte del ejército de EEUU dijo, en base a evaluaciones anuales que hace la DEA sobre el problema del narcotráfico, que el 35% del territorio mexicano estaba en manos de la delincuencia.
El problema no radica en decir que es mucho o poco, que se exagera o se oculta. El hecho es que el crimen organizado, de 1997 a la fecha, ha construido una estructura de poder criminal que ha atentado contra el jefe de seguridad del gobierno de Ciudad de México, que logró la liberación de Ovidio Guzmán López en base a amenazas de atetados terroristas y que ha permitido la ostentación –a veces más propagandística que real– del grupo Cártel Jalisco Nueva Generación.
Y lo más grave es que el tema de la droga y las organizaciones criminales está determinando la relación de México con EEUU, cuando el comercio dentro del Tratado de Norteamérica constituyó un avance económico mundial. La próxima semana, el martes 8 de junio, la vicepresidenta estadunidense Kamala Harris hará una visita física a México para fijar la nueva estrategia de seguridad de EEUU y obligar a México a aceptarla.
La vicepresidenta Harris fue designada de manera directa por el presidente Joseph Biden como la responsable de la agenda de EEUU con México, Centroamérica y Sudamérica en los temas sensibles de narcotráfico, organizaciones criminales transnacionales y migración. Nunca se había dado ese paso de alto nivel burocrático ni un vicepresidente estadunidense había tenido la tarea operativa de encargarse de los objetivos de seguridad nacional del país. El peso político de la Oficina Oval de la Casa Blanca representa un factor de presión para imponer las prioridades de seguridad nacional de Washington sobre los países del sur americano. Y por los primeros indicios, el nivel jerárquico de la vicepresidencia significará una presión imperial que nunca antes se había visto en las relaciones de EEUU con sus vecinos del continente americano.
La declinación de Morena, la irrupción política del crimen organizado y la presión de la Casa Blanca en materia de migración, narcotráfico y seguridad a nivel de la vicepresidenta son los factores que van a definir los nuevos marcos estratégicos del continente americano.
Las elecciones del domingo 6 en México no serán un plebiscito de fondo sobre la gestión del presidente López Obrador, pero sí servirán para redefinir sus espacios de movilidad. La clave está sólo en la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados para Morena o con partidos aliados, sino que definirán en espacio político estratégico para la elección presidencial de 2024. López Obrador ha ejercido una férrea presidencia personal, pero tiene la limitación constitucional de la no reelección. Hay sospechas de que pudiera explorar una extensión de mandato –también prohibida por la Constitución– por dos años más, pero con la certeza de perspectivas de que dos años no servirán para nada.
El otro dato revelador del proceso electoral es la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD. El PAN ha sido el enemigo histórico del PRI y el PRD nació del bloque cardenista en 1987 que fracturó al PRI. Y a esta triple alianza se ha sumado la Coparmex, el sindicato patronal con funciones políticas y de clase. El tamaño del riesgo de una consolidación lopezobradorista más allá de un sexenio ha llevado a adversarios históricos a unirse para combatir a López Obrador.
Sea cual sea el resultado, México cambiará su rostro político y de poder el 6 de junio.
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