El resultado electoral mixto de las elecciones del pasado 6 de junio dimensionaron la ruptura sexenal del gobierno lopezobradorista: de un sexenio en forma de campana a dos gobiernos trianuales. La política se centrará en las dos Cámaras y la batería de reformas estructurales que se atrasaron por la expectativa de aumentar bancadas; la pérdida de la mayoría calificada y Morena como primera minoría condensará en 2022 la reconfiguración del proyecto presidencial.
La entronización de Olga Sánchez Cordero en el Senado como cuña presidencial, la fusión legislativa de Morena-PV-PT en una megabancada unitaria y la designación de un secretario de Hacienda funcional al proyecto lopezobradorista de economía con bienestar social determinaron el arranque adelantado de la sucesión presidencial del 2024 para buscar una continuidad garantizada del proyecto presidencial. En este sentido, los tres puntos anteriores van a definir el pole de salida de la candidatura lopezobradorista.
El segundo trienio de gobierno se moverá en un escenario binario: los objetivos presidenciales de continuidad transexenal de proyecto, grupo y personal vis a vis los tres temas totales de la realidad mexicana: el PIB promedio sexenal anual de 0%, la pandemia como factor de mortalidad, infecciones y lastre de la actividad productiva y las cifras de violencia criminal como dato mayor de la meta incumplida de construcción de la paz por la imposibilidad práctica de que los cárteles y capos contribuyeran a la gobernanza criminal.
De la capacidad de conciliar estos dos hemisferios de la realidad nacional dependerán los tres objetivos de todo gobierno: herencia, legado y saldo. En todo caso, el desafío que enfrentará el presidente López Obrador radicará en la conciliación articulada de proyecto y realidad de la crisis. Los datos de aprobación presidencial y el listado de preocupaciones nacionales revelan una popularidad personal de 60% aún sin influir en los tres problemas graves del país: el PIB mediocre, la pandemia que sigue aumentando daños en olas sucesivas –ya se prevén la cuarta y la quinta– y la inseguridad derivada de las luchas entre las bandas del crimen organizado por controlar territorios.
La crisis y los conflictos derivan del conflicto de prioridades: el proyecto político del presidente que tenía tiempos sexenales acortados por el primer año de posicionamiento y el sexto año de campaña presidencial sucesoria y la necesidad de un cambio de sistema/régimen/Estado para abrirle la brecha al proyecto político. Las dos metas debieron de caminar articuladas y en ritmos correspondientes. Sin embargo, la reforma del Estado neoliberal salinista comenzó con pequeñas adecuaciones que chocaron con la estructura jurídica neoliberal.
El cambio del régimen de la Revolución Mexicana al régimen neoliberal salinista se logró en 1979-1993 con un relevo de funcionarios capacitados en la nueva economía de mercado, la reforma del Estado en sus artículos constitucionales básicos y sobre todo la transformación ideológica del PRI para conducir a las bases sociales hacia los nuevos objetivos de mercado.
El plan de vuelo de la 4ª-T se quedó en el lema, pero sin reformas constitucionales del Estado, ni discurso y, sobre todo, sin un partido-sistema para redistribuir los valores y beneficios. El Estado neoliberal no pudo distenderse para regresar a la predominancia del Estado como agente central de la economía, la política y las relaciones sociales. La clave estaba en el modelo analítico del Estado priísta que hizo el ensayista marxista José Revueltas: el Estado priísta total y totalizador –no totalitario– a partir del control total de las relaciones sociales a través del partido-sistema controlado por el presidencialismo-Tlatoani.
El relanzamiento del proyecto lopezobradorista tendrá a su favor la aprobación presencial y la expansión territorial de Morena, pero carecerá de la mayoría casi calificada que perdió el 6 de junio. Y en el segundo trienio de gobierno sólo tendrá el 2022 para operar la construcción institucional del nuevo régimen. Si no, entonces la continuidad lopezobradorista para el siguiente sexenio dependerá sólo de la fuerza personal del presidente y tendrá en contra su exclusión en la boleta electoral del 2024.
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