- ONG presenta informe donde muestra una imagen muy sombría de un sector que desafortunadamente no respeta los derechos humanos.
- Los fabricantes de las vacunas han monopolizado la propiedad intelectual e impedido la transferencia de tecnología.
La rápida aparición en 2020 de vacunas eficaces contra el Covid-19 dio esperanza al mundo para salir de esta inaudita crisis de salud y derechos humanos, principalmente porque las pocas empresas que desarrollaron estas vacunas a una velocidad récord podrían haber desempeñado un papel heroico, suministrando las dosis de manera equitativa en todo el mundo y tomando todas las medidas necesarias para incrementar la producción… sin embargo, la realidad fue otra.
De acuerdo a la organización Amnistía Internacional, las seis empresas que están al frente de la distribución de las vacunas contra el Covid-19 avivan una crisis sin precedente de derechos humanos con su negativa a renunciar a los derechos de propiedad intelectual y compartir la tecnología de las vacunas, y casi ninguna da prioridad a las entregas dirigidas a los países pobres.
En su nuevo informe Dosis doble de desigualdad: Las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas contra el Covid-19, la organización evaluó a seis de las compañías que tienen en sus manos la suerte de miles de millones de personas en todo el mundo: AstraZeneca plc, BioNTech SE, Johnson & Johnson, Moderna, Inc., Novavax, Inc. y Pfizer, Inc. El informe presenta una imagen muy sombría de un sector que desafortunadamente no respeta los derechos humanos.
“Vacunar a todo el mundo es el único camino para salir de esta crisis. Ahora mismo deberíamos estar aclamando a estas empresas, que tan rápidamente crearon las vacunas, como héroes. En vez de ello, para su vergüenza y nuestra tristeza colectiva, el bloqueo deliberado por parte de las grandes farmacéuticas de la transferencia de conocimientos y los tratos poco claros que hicieron en beneficio de los Estados ricos han gestado una escasez de vacunas totalmente previsible y totalmente devastadora para muchos otros”, manifestó Agnès Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional.
“Están sumiendo a algunas zonas de Latinoamérica, África y Asia en nuevas crisis, llevando así al límite absoluto a los debilitados sistemas de salud y causando semanalmente decenas de miles de muertes evitables. En muchos países de bajos ingresos ni siquiera el personal sanitario y la población en situación de riesgo han recibido la vacuna”.
“Con esta flagrante desigualdad como telón de fondo, BioNTech, Moderna y Pfizer ganaron en conjunto 130 mil millones de dólares estadounidenses a finales de 2022. Las ganancias nunca deben primar sobre las vidas”.
Incumplen las responsabilidades en materia de derechos humanos
Para evaluar la respuesta de las empresas a la crisis, Amnistía Internacional analizó la política de derechos humanos; la estructura de fijación de precios; el historial de aprovechamiento compartido de la propiedad intelectual, los conocimientos y la tecnología; la asignación equitativa de las dosis de vacunas disponibles, y la transparencia de cada empresa. La organización concluyó que —en distinto grado— los seis desarrolladores de las vacunas incumplieron sus responsabilidades en materia de derechos humanos.
De los 5 mil 760 millones de dosis administradas en todo el mundo, un insignificante 0.3% fue para los países de bajos ingresos, y más del 79% va a los países de ingresos altos y medianos altos. Pese a los llamamientos para dar prioridad al instrumento destinado a garantizar la equidad global en la asignación de las vacunas, el Mecanismo COVAX, y colaborar con él, algunas de las empresas evaluadas han seguido reservando el suministro de vacunas a Estados de los que se sabe que las acaparan.
Hasta la fecha, todas las empresas evaluadas se negaron a participar en las iniciativas coordinadas a nivel internacional que se han concebido para impulsar el suministro global mediante el uso compartido de los conocimientos y la tecnología. También se opusieron a las propuestas de quitar temporalmente los derechos de propiedad intelectual como, por ejemplo, la exención relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio planteada por India y Sudáfrica.
De forma general, la organización asegura que pese a que la mayoría de empresas reciben importes multimillonarios de fondos públicos y pedidos anticipados, los fabricantes de las vacunas han monopolizado la propiedad intelectual, impedido la transferencia de tecnología y llevado a cabo un trabajo agresivo de incidencia contra las medidas que podrían ampliar la fabricación global de estas vacunas. Su pasividad constante ha perjudicado los derechos humanos de los miles de millones de personas que aún no pueden acceder a una vacuna contra el Covid-19 que puede salvarles la vida.
