- De acuerdo a Amnistía Internacional, la confianza de gobiernos y autoridades en la censura y el castigo a lo largo de la crisis redujo la calidad de la información que llega a la gente.
- La pandemia propició una peligrosa situación en la que los gobiernos están utilizando la nueva legislación para acallar la información independiente.
Los ataques a la libertad de expresión por parte de los gobiernos, combinados con una avalancha de información errónea en todo el mundo durante la pandemia de Covid-19, tuvo un impacto devastador en la capacidad de las personas para acceder a información precisa y oportuna que les ayude a hacer frente a la floreciente crisis sanitaria mundial, resaltó Amnistía Internacional en un nuevo informe.
De acuerdo al informe de la organización Amnistía Internacional: Silenciados y desinformados: La libertad de expresión en peligro durante Covid-19 revela cómo la confianza de los gobiernos y las autoridades en la censura y el castigo a lo largo de la crisis redujo la calidad de la información que llega a la gente. La pandemia propició una peligrosa situación en la que los gobiernos están utilizando la nueva legislación para acallar la información independiente, así como para atacar a las personas que fue directamente críticas o incluso intentaron investigar la respuesta de su gobierno a Covid-19.
“A lo largo de la pandemia, los gobiernos lanzaron un ataque sin precedentes contra la libertad de expresión, restringiendo gravemente los derechos de las personas. Los canales de comunicación fue objeto de ataques, las redes sociales fueron censuradas y los medios de comunicación fueron clausurados, lo que tuvo un impacto nefasto en la capacidad del público para acceder a información vital sobre cómo hacer frente al Covid-19”, mencionó el Director General de Investigación, Promoción y Política xzde Amnistía Internacional, Rajat Khosla.
“En medio de una pandemia, se silenció y encarceló a periodistas y profesionales de la salud. Como resultado, la gente no pudo acceder a la información sobre el Covid-19, incluyendo cómo protegerse a sí mismos y a sus comunidades. Aproximadamente cinco millones de personas perdieron la vida a causa del Covid-19 y la falta de información fue probablemente un factor contribuyente”.
Por ejemplo, el gobierno de China tiene un largo historial de control de la libertad de expresión, en un caso desgarrador, la periodista ciudadana Zhang Zhan viajó a Wuhan en febrero de 2020 para informar sobre el brote de Covid-19. Desapareció en mayo de 2020 en Wuhan. Más tarde se supo que fue detenida por la policía, acusada de “buscar pelea y provocar problemas” y condenada a cuatro años de prisión.
Otros numerosos países pusieron en marcha leyes opresivas, restringiendo el derecho a la libertad de expresión y silenciando a los críticos bajo el pretexto o en el contexto de la pandemia, entre ellos Tanzania, Rusia y Nicaragua.
En abril de 2020, Rusia amplió su actual legislación contra las “fake news” e introdujo sanciones penales por la “difusión pública de información falsa a sabiendas” en el contexto de las emergencias. Aunque las modificaciones se describieron como parte de la respuesta de las autoridades a Covid-19, estas medidas seguirán en vigor más allá de la pandemia.
“Está claro que las restricciones a la libertad de expresión relacionadas con el Covid-19 no son sólo medidas extraordinarias y limitadas en el tiempo para hacer frente a una crisis temporal. Forman parte de un ataque a los derechos humanos que se produjo en todo el mundo en los últimos años, y los gobiernos encontraron otra excusa para intensificar su ataque a la sociedad civil”, declaró Rajat Khosla.
“Restringir la libertad de expresión es peligroso y no debe convertirse en la nueva normalidad. Los gobiernos deben levantar urgentemente estas restricciones y garantizar la libre circulación de la información para proteger el derecho del público a la salud”.
El informe de Amnistía destaca el papel de las empresas de medios sociales en la rápida difusión de información errónea en torno a Covid-19. Esto se debe a que las plataformas están diseñadas para amplificar los contenidos que llaman la atención para atraer a los usuarios y no hizo la debida diligencia para evitar la difusión de información falsa y engañosa.
La avalancha de desinformación -ya sea a través de empresas de medios sociales o de personas en posición de poder que buscan difundir la división y la confusión para su propio beneficio- está suponiendo una grave amenaza para los derechos a la libertad de expresión y a la salud. Está dificultando cada vez más que las personas tengan una opinión plenamente informada y tomen decisiones educadas sobre su salud basadas en los mejores hechos científicos disponibles. La variedad de fuentes es fundamental, así como la capacidad de cuestionar y debatir la información disponible.
“Al igual que instamos a los gobiernos y a las empresas farmacéuticas a que garanticen que las vacunas se distribuyan y se pongan a disposición de todo el mundo, los estados y las empresas de medios sociales también deben garantizar que el público tenga acceso sin restricciones a información precisa, basada en pruebas y oportuna. Este es un paso crucial para minimizar las dudas sobre las vacunas impulsadas por la desinformación”, dijo Rajat Khosla.
Por ello, Amnistía Internacional pidió a los Estados que dejen de utilizar la pandemia como excusa para silenciar la información independiente, que levanten todas las restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión y que proporcionen información creíble, fiable y accesible para que el público pueda estar plenamente informado sobre la pandemia. La censura no ayuda a hacer frente a la desinformación: los medios de comunicación libres e independientes y una sociedad civil fuerte sí lo hacen.
Los Estados deben revisar el destructivo modelo de negocio de las grandes empresas tecnológicas, una de las causas fundamentales de la difusión de la desinformación en Internet. Las empresas de redes sociales también deben dejar de esconder la cabeza en la arena y tomar medidas para hacer frente a la propagación viral de la desinformación, entre otras cosas garantizando que sus modelos de negocio no pongan en peligro los derechos humanos.
