La sospechosa renovación del título de concesión de teléfonos de México en 2016 para el periodo 2026-2056 llegó a Palacio Nacional y causó ya los primeros estragos en los valores accionarios de Carlos Slim Helú en la bolsa Mexicana de Valores.
El punto más conflictivo radica en la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones en diciembre de 2016 para adelantar la ratificación de la concesión que se vencía hasta 2026 y extenderla por treinta años más hasta 2056, a pesar de que en 1990 se señaló que se podía dar un periodo adicional sólo de quince años; además, la de 2016 fue una decisión provisional que tendría el cumplimiento oficial en marzo de 2026. El adelanto de la aprobación fue para evitar que se debatiera en el periodo presidencial de López Obrador.
Una pregunta sembrada en la conferencia mañanera del jueves 21 por un reportero cuyo sitio en YouTube tiene publicidad de las empresas de Slim provocó una respuesta confusa del presidente de la república y un comunicado oficial del IFT exigiendo que el mandatario sacara las manos del proceso porque, según el organismo, no le corresponde.
Sin embargo, el presidente de la república tiene facultades legales para intervenir en decisiones que tienen que ver con concesiones de servicio público, posee derecho de veto, tiene la responsabilidad de conducir los recursos estratégicos de la república, está facultado para evitar los monopolios privados (como el de Telmex), es responsable de la rectoría del Estado y puede ejercer la aplicación de la vigente ley de expropiaciones que promulgó con sentido nacionalista el presidente Lázaro Cárdenas el 25 de noviembre de 1936.
La confusión no aclarada por el IFT se encuentra en ratificación del título de concesión. Sin embargo, ese título entregado por el presidente Carlos Salinas de Gortari vencerá en 2026, permitiría una extensión por solo quince años más, y de manera formal el servicio telefónico regresaría a manos del Estado y el Estado tendría la facultad de otorgar la concesión a Slim o a otra empresa o mantenerla bajo su dominio por razones estratégicas y de seguridad nacional.
En todo caso, el Instituto estaría en la obligación institucional de anular este proceso y en el 2023 abrir otro de acuerdo con las circunstancias actuales. Las razones que emitió en el 2016 el IFT para embargar su oficialización siete años hasta marzo del 2023 sirven hoy para revisar el funcionamiento de la empresa en manos de Slim por otros treinta años: las modificaciones a los servicios de comunicaciones por avances tecnológicos. Suena absurdo adelantar la aprobación, aguantarla siete años y aprobarla por las razones de 2016.
Mientras todo esto ocurre, Teléfonos de México ha entrado en una etapa de desensamblaje porque el empresario Slim le está quitando funciones y algunos servicios que ha ido pasando a sus dos empresas privadas fundadas desde Telmex: América Móvil y Telcel. Esta semana se decidirá el emplazamiento a huelga que hizo el sindicato de Telmex acusando a Slim de transferir a trabajadores y jubilados a sus empresas privadas sin reconocerles antigüedad ni derechos.
La estrategia de Slim pudiera ser la de dejar a Telmex como un esqueleto al servicio de sus negocios privados en telefonía, todo ello incumpliendo con impunidad las condiciones establecidas en el título de concesión de 1990 de apoyo al sector social. En pocas palabras, Slim está exprimiendo Telmex para fortalecer a América Móvil y a Telcel con acciones que estarían violando el título de concesión y por lo tanto el Instituto estaría obligado a suspenderlo.
En estas circunstancias, para cumplir su papel de regulador real y no formal del área de telecomunicaciones, el IFT estaría obligado a revisar bajo condiciones y circunstancias de hoy el título de concesión que de manera sospechosa ratificó hace cinco años y lo mantuvo en la congeladora. Los datos de la revisión del contrato colectivo y las quejas del sindicato son argumentos suficientes para concluir que Slim no ha cumplido con los compromisos de la concesión.
En este contexto se debe leer el comunicado de prensa del IFT que le exige al presidente López Obrador que no se meta en una concesión estratégica del Estado. Pero el IFT debería de leer y atender el análisis de Telmex que publicó a finales del 2014 el expresidente Salinas probando el incumplimiento de Slim de los compromisos de la concesión de 1990.
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