Con la herida de Tlatelolco que no se cierra y la responsabilidad acreditada de forma exclusiva al secretario de Gobernación y no al presidente Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez sigue esperando un juicio sobre su gran iniciativa económica e histórica de 1972: la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados como una denuncia contundente contra el imperialismo del dólar que escondía la dominación ideológica del capitalismo de la guerra fría.
Presentada en la III reunión de la UNCTAD sobre comercio y desarrollo en Chile en 1973 durante el gobierno del presidente socialista-comunista Salvador Allende, la Carta representó un hito en la revelación de las relaciones de explotación económica-ideológica de la Casa Blanca sobre los países pobres en la política de exacción de recursos naturales.
La fecha y el lugar tuvieron un sentido de coyuntura política. Allende había nacionalizado el cobre y se preparaba a expropiar empresas estadounidenses que solamente habían saqueado los recursos naturales de su país. Ya para 1972, La Casa Blanca de Richard Nixon y Henry Kissinger había aprobado planes de desestabilización del gobierno de Allende que conducirían al golpe de Estado de 1973 operado por Estados Unidos contra el gobierno constitucional de Allende por su simbolismo como la primera victoria electoral de la izquierda socialista-comunista en América Latina.
La Carta Echeverría fue una denuncia de la opresión económica-ideológica del capitalismo de la Casa Blanca sobre los países pobres que poseían recursos naturales sin capacidad de explotación nacional. El documento presentó en una petición de diez puntos los principales problemas del dominio económico de Estados Unidos, aunque se quedó en la mera denuncia-propuesta y nunca pudo derivar en algún mecanismo obligatorio que cambiará el sentido de las relaciones económicas entre ricos y pobres.
Los diez puntos de la Carta Echeverría develaron el problema de la explotación del imperialismo económico estadounidense:
1.- Libre disposición de los recursos naturales.
2.- El derecho de cada país adoptar la estructura económica que conviniera irregular la empresa privada.
3.- Abstención del uso de presiones económicas sobre otros Estados.
4.- Supeditación de las inversiones extranjeras a las leyes nacionales.
5.- Prohibición a las empresas transnacionales a intervenir en asuntos internos de las naciones.
6.- Abolición de las prácticas discriminatorias del comercio de exportación de los países en desarrollo.
7.- Ventajas económicas proporcionales según niveles de desarrollo.
8.- Acuerdos que garanticen la estabilidad y el precio justo de los productos básicos.
9.- Amplia y adecuada transmisión de la ciencia y la tecnología, a menor costo. a los países atrasados.
10.- Y mayores recursos para el financiamiento del desarrollo, a largo plazo, bajo tipo de interés y sin ataduras.
En síntesis, la propuesta de Echeverría fue la construcción de un nuevo orden económico internacional que sustituyera el modelo de Bretton Woods de 1944 que le dio el control económico a Estados Unidos y el reparto ideológico del mundo con la Unión Soviética.
Chile representaba un ejemplo de la dominación imperial de Estados Unidos: desestabilización política, la intervención de la ITT en Chile contra Allende que fue denunciada por el periodista Jack Anderson en el The Washington Post, financiamiento a los grupos radicales de la derecha y el uso del periódico el mercurio como punta de lanza contra el socialismo chileno y complicidad de empresas afectadas por decisiones nacionalistas del gobierno constitucional de Allende.
Si la Carta Echeverría desnudó el funcionamiento imperial e intervencionista de Estados Unidos para imponer formas de gobierno en otros países, su procesamiento fue equivocado: la llevó a la ONU para convertirla en documento básico, a sabiendas de que la ONU es uno de los organismos inservibles para administrar las relaciones de poder entre los diferentes imperialismos. La Carta se aprobó en la ONU, pero quedó archivada bajo montañas de papel y de discursos demagógicos.
De todos modos, la Carta Echeverría pueden ser un punto de partida hoy para definir nuevas reglas de acotamiento de los intereses económicos imperiales.
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