- En su tercera entrega del reporte de la Cuenta Pública del 2020, la ASF señaló irregularidades en la construcción de la Refinería, el Tren Maya y los apoyos entregados a pequeños empresarios durante la pandemia
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó este 21 de febrero la tercera entrega de la Cuenta Pública 2020, donde señaló irregularidades en al menos dos de las megaobras que tanto defiende el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, así como en su estrategia de créditos a la palabra, como una medida para mitigar los efectos de la pandemia en la población.
En el caso de la Refinería que se construye en Paraíso, Tabasco, la ASF señaló irregularidades por 59.2 millones de pesos utilizados de manera turbia en aspectos como: pagos excesivos, adjudicaciones directas, remuneraciones indebidas y deficiencias en la acreditación de profesionistas que han sido contratados.
De esta cantidad, el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados indicó que 35 millones 860 mil de pesos corresponden a inconsistencias entre las cantidades presupuestadas y las ejecutadas. Mientras que 4 millones 439 mil pesos corresponden a “pagos realizados en las categorías de profesionistas que no acreditaron su capacidad, como parte del contrato PTI-IMP-NRDB/001.
La investigación indica que al menos en uno de los casos ocurrió un pago superior a los 325 mil pesos “por un mes de trabajo en la categoría de especialista senior donde se detectó la presentación de una cédula profesional de una persona distinta a la contratada”.
Otros 5 millones 642 mil pesos son diferencia entre lo pagado y lo cuantificado en el concepto de corte en terreno, “ya que se consideró un área diferente a la indicada”.
Tren Maya aumentó costo en casi 38 mil mdp
En 2020, la inversión total estimada para construir el Tren Maya ya se había disparado 26.9%, cuando pasó 141 mil millones de pesos en 2019 a 178 mil 984 millones de pesos, indicó la ASF. De acuerdo con el Fondo Nacional de Apoyo al Turismo (Fonatur) reportó un incremento de 38 mil millones de pesos, debido a la modificación del tramo 4. La cantidad corresponde solamente a “estudios y trabajos previstos inicialmente”.
Pero aún está pendiente el “costo identificado en un dictamen especializado para mejorar la factibilidad económica, técnica y ambiental, relativo a la elaboración de estudios Grupo Funcional Desarrollo Económico adicionales, así como las externalidades ambientales y sociales, lo que incrementaría el costo de la inversión del proyecto”.
En este proyecto, la ASF encontró irregularidades en materia contable, en la adjudicación de contratos o en materia ambiental, así como retrasos en la entrega de estudios centrales a cargo de Fonatur, bajo la dirección de Rogelio Jiménez Pons.
La ASF determinó que l Fonatur no debió pagar 36 millones 697 mil pesos a la empresa BlackRock por la “propuesta no solicitada” que la empresa entregó para construir en el Tramo 5. También señaló que 50 millones no han sido justificados para obras en el del Tramo 1, adjudicadas al consorcio Mota-Engil.
Otra irregularidad es por 25 millones 800 mil pesos en el Tramo 2, adjudicado a CICSA y un desfalco por 21 millones en el Tramo 3, a cargo de la empresa española Azvindi y la mexicana Gami y 100 millones 458 mil pesos por aclarar en el Tramo 4, que construye ICA.
Además, en 2020, el Tren Maya sufrió retrasos importantes, con un avance de 20.9% respecto a lo planeado para 2019 y 2020: Tramo 1 solo avanzó 38.4%, Tramo 2 solo avanzó 3.2%, y el Tramo 3 avanzó 10.8%.
El Fonatur aseguró que estos retrasos se debieron a la pandemia porque provocó problemas en afectaciones en el trámite y liberación de permisos ambientales y arqueológicos, así como en la falta de elaboración de propuestas por parte de las empresas concursantes.
Además los retrasos en la construcción también generarán afectaciones en la rentabilidad del proyecto, por el tiempo adicional que tomará finalizar la obra y echarla a andar. Por ello, entre 2019 y 2020, el valor neto estimado del proyecto disminuyó en un 8%, pasando de 206 mil 558 millones de pesos a 189 mil 956 millones de pesos.
Por ello, los dictaminadores de la empresa IDEA Consultores solicitaron considerar los “posibles incrementos en los costos, asociados a los ajustes de la ingeniería de detalle del Proyecto Ejecutivo, los posibles cambios de trazo y las sustituciones de material rodante, entre otros aspectos relevantes, y se implemente un programa para controlar dichos incrementos y mantenerlos dentro de rangos razonables”.
En 2021, la ASF había concluido que el Análisis Costo Beneficio (ACB) del Tren Maya partía de consideraciones difíciles de probar, como unos supuestos ingresos turísticos adicionales por 148 mil 841 millones de pesos en la Península de Yucatán.
Finalmente, la ASF aseguró que a finales de 2020, el Fonatur seguía sin elaborar Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) para los tramos 4, 5, 6 y 7, los cuales incluyen el camino por la selva que construye el Ejército.
Al respecto, el órgano fiscalizador indicó que los estudios presentan “inconsistencias”: no indican cómo se conseguirán fondos para las medidas de mitigación, tienen una deficiente definición de la región afectada y en la contratación de un despacho que solo tenía que entregar un “Documento Técnico Unificado”.
La opacidad de los Créditos a la Palabra
En un tercer aspecto señalado por la ASF, la Secretaría de Economía no ha podido probar la efectividad del programa de microcréditos para apoyar a pequeños inversionistas durante la pandemia, con sus programas Tandas para el Bienestar y Crédito a la Palabra.
Sobre Tandas para el Bienestar, lanzado durante 2019, es un programa de microcréditos para ayudar a abrir o consolidar pequeños negocios, con préstamos de 6 mil y hasta 20 mil pesos, siempre que los beneficiarios reembolsen los recursos en tiempo y forma.
Sin embargo, el programa no ha tenido resultados favorables porque no cuentan con mecanismos para determinar si realmente ayudó en la consolidación de negocios ni permite medir cómo mitigaron los efectos de la pandemia en la economía. Además, señaló que el 61.2% de los beneficiarios no devolvieron los apoyos.
ASF indicó que el desempeño del programa Créditos a la Palabra, lanzado en abril de 2020 cuyo objetivo era ayudar a pequeños negocios con problemas económicos a causa de la pandemia, con microcréditos de 25 mil pesos.
Al respecto, ASF indicó que Economía “no implementó los mecanismos que le permitieran comprobar que los montos del apoyo financiero asignado al programa contribuyeron a la permanencia de dichos micronegocios”.
El programa recibió un presupuesto superior de 35 mil 500 millones de pesos en 2020, mientras que Tandas para el Bienestar recibió 2 mil 500 millones de pesos. Para 2022, ninguno de los dos programas fue incluido en el presupuesto de la Secretaría de Economía.
La dependencia encontró irregularidades como una transferencia a un mismo beneficiario de 3.35 millones de pesos en dos apoyos, es decir, el equivalente a 134 créditos individuales dentro del programa. Otra irregularidad fue la entrega de apoyos a más 20 beneficiarios en dos modalidades distintas del programa y la entrega de 3.1 millones de pesos a 124 beneficiarios de entre 2 y 17 años, es decir, fuera del rango de edad definido por el programa.
Sobre estos señalamientos, Economía respondió con un comunicado donde asegura que, dado que aún cuenta con tiempo para hacer aclaraciones, explicará las irregularidades.
La Auditoría también advirtió que Economía no estableció mecanismos para identificar reembolsos por parte de los beneficiarios del programa, además de la prevalencia de deficiencias y falta de documentos en los registros del padrón de beneficiarios. Además, ni siquiera implementó mecanismos para corroborar que los créditos estaban cumpliendo con su objetivo de mantener los micronegocios a flote.
