La iglesia católica mexicana que depende del Estado Vaticano y la Curia de Roma pasó a la ofensiva contra la reforma electoral del presidente López Obrador. Se trata de la iglesia que fue institucionalizada por la reforma al 130 constitucional en 1990 por el presidente Carlos Salinas de Gortari como pago político al apoyo del episcopado a su toma de posesión en diciembre de 1988 producto del fraude electoral.
La declaración eclesiástica contra la reforma electoral en modo de Plan B fue cuestionada con argumentaciones políticas opositoras por la Conferencia del Episcopado Mexicano, en un video del secretario Ramón Castro, utilizando una argumentación terrenal que ha sido fijada por la oposición: “irregularidades en el proceso legislativo y sobre el contenido de modificación a diversas leyes electorales”.
Se trata de un posicionamiento que nada tiene que ver con los actos de la fe que son de territorio exclusivo de los sacerdotes. Violando el espíritu de la Constitución que separa los ámbitos de la realidad política y de la fe espiritual, la jerarquía católica pidió que “se respeten los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que rigen nuestro sistema electoral”.
El problema de legitimidad tiene que ver con un hecho contundente: los sacerdotes y miembros de la jerarquía –obispos y arzobispos– dependen de una estructura política e institucional extranjera, del Estado Vaticano y de la Curia de Roma, puesto que sus nombramientos son facultad exclusiva Papa y los sacerdotes, monjas, obispos y arzobispos dependen del Papa como príncipe extranjero, lo cual significaría una intervención de los intereses del Estado Vaticano y la Curia romana en los asuntos político-electorales que solamente son de interés para los mexicanos con derechos constitucionales.
La iglesia católica rompió con el Estado mexicano y estallo la Guerras Cristera a finales de los años veinte cuando se negó a respetar la Constitución y percibió su desaparición con un modelo callista similar al anglicano de Gran Bretaña: una iglesia nacional mexicana que no dependiera de los intereses de Roma.
El presidente Avila Camacho logró un acuerdo de convivencia entre el Reino de la fe y el Reino del poder terrenal, aunque la iglesia católica se siguió negando en los hechos a someterse a los dictados de la Constitución. En 1984-1986, los obispos católicos del norte de la República se aliaron con el PAN, las cúpulas empresariales antisistema –sobre todo Coparmex, hoy en la oposición– y el liderazgo político del embajador estadounidense John Gavin para impulsar una alternancia que beneficiaba al PAN.
En diciembre de 1989, Carlos Salinas de Gortari logró la presencia en el Palacio Legislativo de la jerarquía católica encabezada por el arzobispo Ernesto Corripio Ahumada y su vestimenta religiosa para legitimar su toma de posesión, aunque negociando a cambio la reforma del artículo 130 para institucionalizar los derechos de existencia de la Iglesia católica, a pesar de su dependencia del Principado extranjero de Roma.
En 1979, el presidente López Portillo se negó a reconocer los derechos de la Iglesia y dijo que como abogado podría demostrar jurídicamente la inexistencia del Estado Vaticano y la preeminencia de una organización jerárquica extranjera dominada por la fe.
El salto político del episcopado mexicano este fin de semana defiende el modelo político de la democracia, pero sin reconocer que la iglesia como institución es la esencia de la antidemocracia y que la revolución francesa que consiguió los derechos del hombre se basó en un enfoque jacobino –esencia de la izquierda– de destrucción del poder dominante de la iglesia sobre los derechos de los ciudadanos.
El Papa como jefe de la Iglesia es designado en una ceremonia cerrada, muy parecida o igual o calcada –en un sentido u otro– del viejo modelo priista de designación del presidente de la República en turno: el funcionamiento del consistorio papal se resuelve por la voluntad de 123 cardenales electores que negocian su voto a cambio de favores, con la referencia concreta y simbólica del papado de Alejandro VI como el ejercicio brutal y criminal del poder religioso y hoy los abusos sexuales de sacerdotes y los fraudes del Banco Vaticano, incluyendo el asesinato de Juan Pablo I.
En este contexto, la iglesia católica mexicana depende del enfoque geopolítico del Estado Vaticano y de la curia de Roma –es decir: intereses extranjeros—y estaría violando la Constitución al criticar el proceso político legislativo mexicano que está cumpliendo sus procedimientos constitucionales legales en el Poder Judicial.
Política para dummies: La política es un acto de poder, no de fe.
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