Los dineros del Poder Judicial dieron un giro inesperado y magnífico. El problema de su origen es más profundo, pero proponer destinarlos a la reconstrucción de Acapulco le pasó por encima a los opositores de López. Esos mendaces que claman para que la gente no done. Miserables.
A los ministros también les pasó por encima, mas eso no era noticia, porque van más perdidos que Colón. Y se los dijo López: su ruindad sería total de cara al pueblo, de negarse a que se destine ese dinero al pueblo. Algo bueno trajo el trágico huracán que nos recuerda que los destrozos nos van a costar un ojo de la cara como país. Y la Corte, comportándose como “Abarrotes La Suprema”, a callar. Por el huracán Otis, el Judicial debería de medirse de una vez por todas en sus dispendios y el haber respondido la señora Piña semanas atrás, que otros Poderes también despilfarran, solo la colocó en calidad de tonta. Qué respuesta tan injustificada tratando de justificar lo injustificable.
Lo hemos señalado antes en esta columna: hay tres premisas que nos acercan al despilfarro en el Poder Judicial: a) sentirse muy merecedores , b) que su boca sea medida, y c) la opacidad en las asignaciones de presupuesto por la opacidad en las ocurrencias que lo reclaman. Ocurrencias porque no dicen a qué criterios se sujeta lo que pide el Judicial.
No empieza con la señora Piña, pero la señora Piña es el símbolo de un Poder Judicial que lleva décadas no transparentando sus erogaciones. Y es, sin duda alguna, un serio problema que aqueja a gran parte del Estado mexicano, de siempre.
Solo hay que ver los boquetes en la cuenta pública que atañen al Ejecutivo, para constatar que la mala rendición de cuentas sí existe y es creciente año con año, sexenio y tras sexenio. Ese ya es otro asunto, pero bien que ribetea el tema que nos aqueja.
Cabe apuntar que la señora Piña se muestra como sorprendida con el presupuesto y su proceso de aprobación. Resulta extraño que así suceda. Como si desconociera que el Poder Judicial propone cada año sus dineros, pero a estos los aprueba el Legislativo. O no. Y esa decisión es soberana y debiera ser inatacable. Va de por medio la soberanía popular de determinar el destino de los capitales de esa misma soberanía popular. Sí, podrá el Judicial todo el año frenar leyes y actos administrativos y, posiblemente, muchas veces conforme a Derecho –hay otras en que siembran la duda por el opaco proceder judicial– mas al final del camino, el legislativo puede cobrarle sus andanzas, lo autoriza la Constitución. Y ahí es dónde. En esas estamos. Y se llama pesos y contrapesos, previstos en nuestra ley fundamental.
Así, en cuanto al punto inicial, el Poder Judicial se autoasigna los emolumentos. Ya luego falta ver si se los aprobará el Legislativo, la representación popular, pues. Hay los que sí se sienten merecedores de tales montos, “porque para eso estudié” y los hay que trabajando horas extras lo atribuyen a meritorias aspiraciones y no a desbarajuste de una burocrática manera de atender los temas públicos desde cargos públicos, porque no consiguen avanzar su labor. Los hay que tienen una preparación encomiable, sí, pero los más posiblemente asumen que, sin tenerla, merecen las cifras que reciben, sin necesariamente, devengarlas. Y eso explica que muchos, no lo neguemos, se sientan tan merecedores de las cantidades que perciben, sin merecerlas. Logreros.
Y así, no conocen límite alguno. Piden y piden y vuelven a pedir. Como los peces en el río. Ya la diputación de Morena ha precisado muy bien dónde está el intríngulis de los dineros, la opacidad de los fideicomisos, el desconocimiento detallado de sus componentes por partes, desglosados, de los supuestos beneficiarios. La opacidad campea en el Poder Judicial y la opacidad es sinónimo de ilegalidad. Extraña que lo desconozcan o que se hagan los que no sabían.
Y al final tenemos la opacidad de criterios para decidir lo que se inscribe con cargo al presupuesto. ¿Se parte de ocurrencias, caprichos, de sumar y sumar peticiones para proponer tales gastos? Y de todo lo enlistado ya sabido, poco o nada tiene que ver con recibir impartición de Justicia con calidad. Entonces ¿para qué se gasta en ello? todo indica que sucede tal discrecionalidad materializadora de caprichos, debido a que no hay parámetros que determinen porqué existe tal o cuál fideicomiso. Más a favor de eliminarlos.
Lo desastroso es que se responda de manera tan soberbia y ufana, que si se cancelan tales fideicomisos se pone en riesgo la impartición de justicia. No es de recibo semejante respuesta. Sonó a respuesta de burócrata de quinta. Patética y desvergonzada.
Partiendo de que son servidores públicos, no es potestativo dar un buen servicio y si no les acomoda el ajuste, pueden renunciar. Si les causa tanto conflicto de intereses o les afecta de manera tan profunda a su apego y su lealtad al Poder Judicial como para demeritar su desempeño, pues siendo así, entonces, lo adecuado será retirarse de sus cargos y dejarse de monsergas conque eso de que disminuirá la calidad del servicio. Máxime que son fideicomisos tan ajenos a su naturaleza.
Lo que no puede ser es los sueldazos, las desmesuradas prestaciones de las cúpulas. Sí, los juzgados no son precisamente lujosos. No es ahí a donde se va el dinero. Y a esas prestaciones indecibles, indecentes, es a lo que hay que ponerle freno. Ya lo expresé hace tiempo: los carrazos estacionados en el patio central del edificio central de la Corte contrastan con la pobreza del pueblo de México que vomita las puertas del metro de Ciudad de México en el metro Zócalo-Tenoctitlan a unos pasos de la puerta central de su sede. Ese contraste injusto, doliente, abusivo, inaceptable, no debe continuar.
Son desvergonzados los que, como el impresentable exministro Cossío, encarnación de la figura de conflicto de intereses, desfilan reclamando sus privilegios, tal cual son y no obstante que la palabreja es chocante, su actitud y su parsimoniosa desvergüenza lo son más. Que su boca sea medida, parecen decirnos al despacharse con los fideicomisos de montos estratosféricos y fines dispendiosos. Decía mi abuelo: hay que ser puercos, pero no trompudos. Pues eso. Medirse, que este país no está para semejantes erogaciones abusivas, excesivas e injustificadas. Y menos ahora, tras el huracán que destruyó una ciudad al completo. Toda.
Y al que no le guste, que renuncie. Nadie está obligado a trabajar para el Poder Judicial que, después de todo, es como servir a México. Quien no esté a la altura ¡aire!
Y el golpe magistral a esos dispendios, que son innegables en su naturaleza y en sus efectos para fines prácticos, o sea, para mejorar la impartición de justicia, tan precaria, tan atrasada, tan retrasada y tan maniquea, ha sido la propuesta en plan ¡jaque mate! del presidente al Poder Judicial. Acotó aquel que los montos de los fideicomisos se destine a la reconstrucción de Acapulco. Sí, falta precisar la vía de entrega y el destino específico, pero la señora Piña ya no balbuceó que se pone en riesgo prestaciones y quedó mal el priista Diego Valadez que, pese a trayectoria y cargos como abogado, se atrevió a decirle a Jacobo Zabludovsky años ha que la esposa de Fox no podía sucederlo en el cargo –una burrada legal absoluta viniendo de quien vino esa priista declaración– y él, Valadez, ya no podría sostener la mentira que publicó en Ecos de Ciudad Satélite, diciendo que quitar fideicomisos es para someter al Poder Judicial, él, jubilado de tal. Su priismo lo cegó, para variar.
Es el colmo que Valadez hiciera semejante declaración, sostuviera semejate mentira de supuesto control, discurso propio de los opositores que no cuela, como no colaba matemáticamente el de 3 ministros contra 8 que supusiera dominio de López al Poder Judicial por haber propuesto a 3. Son alharacas ridículas y burdas.
López Obrador ya sacó así el dinero de donde no lo había para atender desastres naturales y, de paso, frente al pueblo de México, retira esos dineros que no tenían justificación alguna para fideicomisos opacos, pues el pueblo de México no requiere un poder Judicial despilfarrador y mejor destino tendrán que en manos de fideicomisos frívolos y gastos más que superfluos del Poder Judicial. Para los desmemoriados y defensores de que el Poder Judicial gaste a su antojo y de los sinvergüenzas promotores del pseudoanálisis, recordarles que ya en el sexenio pasado la Corte quería edificio nuevo. Un dispendio más y qué manera de ver el dinero público como inagotable, desde antaño e incorregible. Y si no se pudo no sucedió por su mesura, sino porque se acabó el dinero. El Poder Judicial no tiene llenadera y merece, como los otros dos poderes, ser auscultado, someterse al insalvable escrutinio público, porque el dinero público lo paga. Solo por eso, figúrese.
Algo no quedó resuelto con la estupenda propuesta presidencial y no debería de posponerse: si, en efecto, iba a suceder que la señora Piña interpondría un recurso o admitiría de otros a uno contra el presupuesto aprobado por la Soberanía popular, convirtiendo a la Corte en juez y parte y luego entonces sería un absurdo jurídico, de esos que por norma general, por espíritu y mandato en otras leyes secundarias está prohibido ejercer con tal ambigüedad. Es la oportunidad de enmendar y se respete la voluntad popular sobre los dineros.
