El presidente Carlos Salinas de Gortari usó todo el poder autoritario del Gobierno y del Estado para doblarles las manos a los priistas progresistas del decadente nacionalismo revolucionario y aprobar en el Congreso reformas a los artículos que definían al Estado como el proyecto nacional del movimiento social de 1910: la educación jacobina, el desconocimiento a derechos terrenales y políticos a la iglesia, el ejido y sobre todo el Estado como rector del desarrollo.
Esta Constitución no social fue reforzada en 2013-2014 con las reformas constitucionales del Pacto Por México aprobadas por el PRI neoliberal salinista, el PAN neoempresarial y el PRD con ideología neoliberal y con ello dieron el cerrojazo al cambio de estructura productiva, social y política del Estado mexicano que había realizado Salinas de Gortari como secretario de Programación y Presupuesto del Gobierno de De la Madrid y luego él mismo como uno de los presidentes más autoritarios de la historia.
La batería de reformas constitucionales y leyes que anunció el presidente López Obrador buscan modificar el Estado neoliberal salinista y de mercado a través de una reconstrucción los compromisos sociales del Estado; López Portillo-De la Madrid-Salinas habían liquidado el objetivo de bienestar social del Estado posrevolucionario definido en la reforma alemanista de 1946 y habían convertido la política social del Estado en pequeños programas asistencialistas para atender urgencias sin modificar la desigualdad social entre las clases.
Salinas de Gortari utilizó el autoritarismo presidencialista, auxiliado nada menos que por Luis Donaldo Colosio como presidente nacional del PRI y precandidato presidencial continuista del presunto maximato salinista, para que los priistas aceptarán el reconocimiento jurídico a la iglesia que en el siglo XIX impuso su dictadura religiosa, dar el paso adelante al amparo agrario alemanista que dio el cerrojazo con la liquidación del ejido y redujo el Estado social a su mínima expresión trocando la política de bienestar social por inversiones Pronasol que no modificaban la estructura social de la pobreza y que pavimentan calles en municipios donde la población carecía de vehículos privados.
La reforma salinista al artículo 130 constitucional para reconocer los derechos políticos de la Iglesia que combatió al Estado juarista fue presentada de manera humillante por la bancada priista en un acto autoritario de Salinas de Gortari para doblegar a los jacobinos del tricolor, entre ellos, al secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, quien tuvo que aceptar la vergüenza el deterioro de su pensamiento jacobino para complacer el mensaje autoritario de la reforma constitucional salinista.
Lo mismo ocurrió con el control político del PRI de Salinas y Colosio para doblarles las manos y arrodillar a las organizaciones campesinas que se habían forjado en la lucha revolucionaria por la tierra, la propiedad de sus derechos, con la intención de que la privatización del ejido fuera aprovechada por la inversión extranjera privada que debía de venir con el Tratado comercial con Estados Unidos.
Y en 1991, el entonces embajador estadounidense en México, John Dimitri Negroponte, una de las figuras más siniestras del espionaje intervencionista de la CIA estadounidense, envió un memorándum al Departamento de Estado para apresurar la firma del Tratado de Comercio Libre porque esta asociación comercial era la oportunidad de fortalecer la propuesta salinista de meter a México en un “proceso de cambiar dramáticamente la sustancia e imagen de la política exterior, que ha ido de una visión ideológica, nacionalista y proteccionista a una visión de los problemas mundiales más pragmática, competitiva y hacia afuera”. Asimismo, Negroponte establecía el criterio de que el Tratado llevaría al “reemplazo de la demagogia tercermundista por un internacionalismo responsable”.
Más aún, el estratega de seguridad nacional Negroponte destacó que el Tratado consolidaba las reformas económicas de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari “que fueron aceleradas dramáticamente por Salinas cuando tomó el poder en 1988. La propuesta de un TCL es de alguna manera la piedra que culmina y asegura estas políticas desde una perspectiva de política exterior (estadounidense), un TCL institucionalizaría la aceptación de una orientación estadounidense en las relaciones exteriores de México”.
Todo el modelo económico del neoliberalismo 1982-2018 descansó en cuatro grandes paquetes de reformas constitucionales de De la Madrid, Salinas, Zedillo y Peña Nieto y el PAN y contra esta estructura de diseño constitucional autoritario a la que se dirige la propuesta del presidente López Obrador para dar un nuevo giro social a las funciones del Estado.
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Política para dummies: la política se arregla con la política.
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