Cuando el equipo multinacional de investigadores presentó las conclusiones sobre
lo sucedido los días 26 y 27 de septiembre de 2014, con los 43 estudiantes de la
Escuela Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa en Guerrero, señalaron entre otras
cosas, que la entonces PGR forzó resultados, ocultó información y apresuró
conclusiones, cometiendo errores que pusieron en riesgo la identificación de los
restos enviados a Austria.
Esta investigación vino a desacreditar la “verdad histórica” del exprocurador Jesús
Murillo Karam y como si no fuera suficiente la tragedia, descubrió que la PGR
estableció 13 causas penales diferentes, que fueron enviadas a seis juzgados
ubicados en Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca y Guadalajara; es decir,
violando el principio de unidad procesal.
Para confundir aún más y en el apresuramiento por buscar culpables, la PGR
acusó a diversos servidores públicos de secuestro y a otros por crimen
organizado. Unos eran policías y otros empleados públicos, presuntos integrantes
del grupo Guerreros Unidos; es decir, diversidad de delitos, sin una unidad penal.
A algunos de ellos los enviaron a compurgar sus penas al penal de Tepic, otro a
Jalisco y a “El Cabo Gil” al penal del Altiplano, cuyo proceso se llevaba en el
juzgado primero de distrito de procesos penales federales en Matamoros,
Tamaulipas.
En esta deliberada división del proceso por todo el país, apareció la sospechosa
presencia de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia Federal de
Investigaciones de la PGR, en el lugar de los hechos durante esos fatídicos días,
en los que también se localizaron restos óseos. La sospecha de siembra de
pruebas recae sobre Zerón.
Haber encarcelado al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, no fue
suficiente; ya que evidenció la ausencia de coordinación entonces, de la Policía
Federal, la PGR, el CISEN y el Ejército, con los cuerpos de seguridad municipal y
del Estado de Guerrero.
A esta crisis se le sumó la sospecha de legisladores alemanes, quienes
encontraron en el Convenio para la Venta de Armas de Alemania a México, el
caldo de cultivo ideal para que dicho armamento fuera el cuerpo del delito para
materializar los sucesos de Iguala y abriendo la sospecha internacional que algo
grave había sucedido.
Esto vino a poner en evidencia las crisis en políticas públicas en diversas
materias, como inteligencia, seguridad y, principalmente, derechos humanos. Sacó
a la luz pública las redes de delincuencia que tejió el poder político con la
delincuencia y cuyo asiento encontró una zona de confort en el gobierno del PRD
en Iguala, con la posible complicidad del gobierno de Guerrero del exgobernador
Ángel Aguirre Rivero. Se evidenció la nula vigencia y sincronía de la Agenda
Nacional de Riesgos, que no pudo prevenir los eventos de Ayotzinapa.
Es un problema de Estado, porque se dejaron vulnerables los subcampos del
poder social, al permitir el estado mexicano que la delincuencia superara, por la
causa que haya sido, la capacidad de respuesta instalada para proteger a la
ciudadanía.
Lo más lamentable es el uso político que se le ha dado a esa tragedia, la llegada
de alumnos a Palacio Nacional y la sospechosa facilidad con que abrieron sus
puertas, cuando otros grupos sociales son impedidos de llegar siquiera al Zócalo y
no cae nada bien cuando nuevamente un estudiante de la Escuela Normal “Isidro
Burgos” es muerto por policías de Guerrero.
Hoy la madeja que debería resolver este problema está más enredada. Con un
expediente esparcido por el país violando el principio de unidad procesal, el
señalamiento a miembros del Ejército, la sospechosa renuncia de un fiscal y el
nombramiento de uno nuevo, no aportan las certezas necesarias para cumplir una
promesa de campaña del presidente, desvanecer un agravio para la sociedad
mexicana, reivindicar los derechos humanos, cuyas causas potencializan la
impunidad en México.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
