La propuesta de reforma electoral del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en esencia no es del todo mala; contiene puntos rescatables. Tal vez el escollo se encuentre en la forma, en el procedimiento planteado; y el momento.
Como sea, es una propuesta que nace muerta porque el partido del mandatario, Morena, y sus aliados (PT y PVEM), no reúnen la mayoría calificada en las cámaras del Congreso de la Unión para aprobar una reforma de tal envergadura, pues implica necesariamente reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Mínimamente, los artículos 35. 36, 41, 99 y 116 de la Carta Magna, a los cuales no se les puede mover ni una coma sin la mayoría calificada requerida, tal como ocurrió con la reforma eléctrica de AMLO, que fue rechazada porque no alcanzó la votación calificada.
La reforma a leyes electorales segundarias, Morena y aliados podrían avalarlas, pero sería imposible sin pasar por la reforma constitucional, salvo en disposiciones sin esta base.
Aunque estando AMLO en la Presidencia de la República, es fácil encontrar mecanismos para convencer a legisladores de oposición para avalar una reforma electoral de cambios tan radicales como los planteados; mecanismos como, por ejemplo, uso de expedientes de pecados del pasado o recompensas en dinero o en especie.
Pero si no, pues ni modo; el presidente López Obrador padecerá nuevamente el rechazo a otra de sus iniciativas; eso sí, quizá planeada con el propósito de convertirla en instrumento de publicidad para el mismo AMLO y para Morena con fines electorales, a base de golpeteo a la oposición, principalmente al PAN, al PRI, al PRD y, en su caso, a MC.
El grueso de la ciudadanía desconoce la legislación electoral, la cual, por cierto, es muy compleja; entonces, podrían creerle a López Obrador y a Morena cuando acusen a la oposición de estar en contra de la democracia, de la austeridad, del fraude electoral, etc.
Lo creerán sobre todo las personas simpatizantes de la “Cuarta Transformación”, y aunque no lo crean, respaldarán.
Sin entrar al fondo jurídico, en su iniciativa AMLO propone, por ejemplo:
1.-Elección de Consejeros y de Magistrados Electorales mediante voto popular, el primer domingo del mes de agosto y siendo los candidatos postulados por los Poderes de la Unión.
Definitivamente partidizaría consejerías y magistraturas, bajo el control del partido político en la Presidencia de la República y con la mayoría en las cámaras del Congreso de la Unión, que juntos, a su vez, ponen a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si mucho, el control de los órganos electorales recaería en dos partidos políticos: El que detente la Presidencia de la República, y el mayoritario en el Legislativo.
Imagínense la elección de consejerías y magistraturas electorales por voto popular en una jornada plagada de trampas y acusaciones de fraude, ¡qué credibilidad tendrían los electos!
Por algo, hasta el momento son designados de manera indirecta. Lo ideal, como harto hemos dicho, es la solución establecida en la misma Constitución como una opción: La designación por insaculación (por azar) de una lista de aspirantes por convocatoria pública.
2.- Desaparición de los OPL y Tribunales Electorales Locales y federalización de las elecciones.
Éste es un tema dicutible.
La desaparición de los Organismos Públicos Electorales (OPL) –que no son otra cosa que los institutos estatales electorales–, para que un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) organice los procesos electorales federales y locales, tiende a la centralización.
Y, sin embargo, AMLO tiene razón cuando argumenta que se gasta mucho en órganos electorales locales cuando el INE ya absorbe una gran parte de las funciones de los OPL. Por eso precisamente es un tema que vale el análisis y la discusión del Legislativo.
Ahora, la desaparición de los OPL para volver a los institutos estatales electorales cuyas consejerías eran electas por los Congresos Locales, tendería a la federalización. ¿Y el gasto? Pues viene siendo lo mismo; aquí sería necesario analizar cómo adelgazarlos sin afectar las funciones esenciales.
3.- Eliminación de las diputaciones plurinominales y reducción del número de legisladores federales y locales, pasando la Cámara de Diputados a 300 diputaciones y la Cámara de Senadores a 96 Senadurías.
No es mala la idea. La eleminación de los pluris es una añeja demanda ciudadana, pues se han convertido en espacios para colocar a las “vacas sagradas” de los partidos políticos, las “cuotas”, familiares y amigos de los líderes partidistas; incluso, para colocarse éstos.
Sin embargo, los espacios plurinominales tienen su razón de ser: La incorporación de las minorías a la representatividad política.
Tal vez valga la pena la reducción al 50% de los pluris, no la eliminación total; y retomar la esencia inicial de los diputados de partido, además de implementar el sistema de prelación para que entren los perdedores con mayor número de votos, no por lista.
¿Y qué tal si también se reducen las las curules y los escaños de mayoría?
La reforma planteada por AMLO pareciera tender, no a un necesario adelgazamiento del obeso Congreso de la Unión para ahorrar presupuesto, sino a imposibilitar el acceso de las minorías para que el partido mayoritario tengan el control.
3.- Cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que éstos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político, será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá.
No es mala idea. Así los partidos políticos se verían obligados a ser realmente competitivos. Y si la propuesta se le agraga el sistema de prelación, curules y escaños corresponderían a las personas candidatas más votadas.
Sin embargo, habría un riesgo: Que el partido mayoritario acapare más curules, escaños y concejalías.
5.- Reducción de los integrantes de los Ayuntamientos en los Municipios, estableciendo un límite de hasta 9 regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio.
Tampoco es mala idea. Hay municipios con ayuntamientos obesos. El meollo estaría en los modelos de elección y de reparto, para no dejar fuera a las minorías.
6.- Eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales y conservación del financiamiento público para campañas electorales.
El financiamiento público a los partidos se convertido en una carga para la ciudadanía, para el erario. Pero eliminar de plano el ordinario, abriría la puerta al financiamiento ilícito; a menos de ampliar las fuentes lícitas del financiamiento privado, y aún así se corre el riesgo.
Lo ideal sería reducir el financiamiento público tanto el ordinario como el de campañas modificando la fórmula, además de distribuir ambos en forma igualitaria entre todos los partidos políticos, pues actualmente recibe más el que obtiene el mayor número de votos.
7.- Reconocimiento de la posibilidad de implementar el voto electrónico.
De hecho, el INE ya lo ha implementado gradualmente en algunas elecciones locales y en el voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero.
8.-Reducción de los tiempos en Radio y Televisión en materia electoral, suprimiendo los tiempos fiscales.
Tampoco es mala idea. La reducción de los tiempos de radio y televisión obligaría a los partidos políticos y candidaturas, a regresar al trabajo de tierra.
Sin embargo, la tendencia es buscar la equidad en el acceso a tales tiempos. Y si es la igualdad, mejor. (El acceso fue una conquista de la oposición en la época del partido hegemónico).
9.-Reducción al 33% de participación ciudadana para que la Revocación de Mandato sea vinculante.
Este mecanismo mejor sería desaparecerlo; da pie a la instabilidad política, además genera un gasto que le hace falta a México para necesidades fundamentales.
10.-Modificación a las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental, ampliando las excepciones para que se pueda difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales
Como está en la normatividad vigente, está bien. Porque la finalidad es garantizar los principios de equidad, neutralidad e imparcialidad en los procesos electorales y en los de participación ciudadana.
11.-Creación de la Legislación Única en Materia Electoral, conjuntando toda la normatividad en materia electoral en un solo instrumento normativo.
Es una propuesta viable. Pero tampoco hay que olvidar que las entidades federativas tienen particularidades, por eso los Congreso Locales tienen la facultad de legislar en materia electoral en lo que no se oponga a la normatividad general.
Hasta ahí algunos puntos planteados en la reforma de AMLO.
Y como ven, en su mayoría, tienden a la centralización y al control electoral, aun cuando no fuese la intención del presidente López Obrador.
Una oposición inteligente intentaría tomarle la palabra en cuanto a los puntos rescatables e introducir en la reforma electoral propuestas propias. Sin embargo, seguramente se atorarían en la discusión y todo terminaría como en la reforma eléctrica; acusándose mutuamente de “traidores a la patria” y ahora quizá hasta de “mapaches electorales”.
Quien sabe si AMLO realmente quiere una reforma electoral, o solo pretende provocar a la oposición para sacar raja electoral.
En fin, como sea, una reforma electoral de envergadura, donde se plantea incluso cambios en el sistema, nunca debe hacerse al vapor. En todo caso, hay tiempo de confeccionar una, de aquí hasta 90 días antes del inicio del próximo proceso electoral en que vaya a aplicarse.
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