En medio del debate por la reforma judicial, el Poder Judicial como institución, su personal como brazo ejecutor, ha llevado las cosas a un posible callejón sin salida y están dispuestos a crear una crisis constitucional. Lo único que de ella puede salir son dos cosas: negociar una salida en el estrecho margen que la ley permita, con rudeza de todas las partes involucradas, o colapsar al Estado mexicano. No hay tercera vía.
Si por resoluciones sin sustento legal, como las recientemente emitidas, no frenan al actuar del Congreso –porque aquellas resoluciones carecen de fundamento legal para emitirse y conseguirlo– y se suma a ello que un Poder no puede restringir a otro como el Judicial lo pretende por agandalle y abuso, ocurre también que su personal bloquea la mañana del martes 3 de septiembre los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro con tal de que se incumpla la ley que favorece y dispone discutir iniciativas del ley –y en su caso, aprobar o desechar la reforma judicial– y atropellando el elemental derecho humano de libertad de tránsito y de trabajo a trabajadores del Poder Legislativo. Lo dicho: el Poder Judicial está llevando las cosas demasiado lejos y, encima, incumpliendo las leyes que dice resguardar. Dice.
De manera inopinada, sin fundamento y posiblemente de forma ilegal, más como prevaricadores que como juzgadores, dos jueces emiten resoluciones que en resumidas cuentas pretenden que se violen las leyes. Que no se discuta un dictamen congresional y que de aprobarse, incluyendo reformas constitucionales, no pase a las legislaturas estatales, como lo dispone la Carta Magna que dicen resguardar. ¿De dónde se sacan semejante procedencia? callar al Congreso de la Unión elegido por la ciudadanía, vamos, ni la peor dictadura. No cabe duda de que a esos jueces no los eligió la ciudadanía, como sí a los representantes de la Nación.
Viene a cuento recordárselos, y no solo su actuar judicial sin fundamento legal, sino por su atrabancada actitud brincándose las leyes, tenemos entonces que los señores juzgadores, forzando las cosas, pretendiendo ya no ser guardianes, sino dueños de la Constitución y eso es inadmisible, actúan brincándose las trancas. Llevan muchos meses asumiéndolo en comerciales de radio que intentan convencer a la ciudadanía de que sirven, les sirven y explicando qué hacen; y encima, pretenden ser un suprapoder de los 3 en que se articula el Estado mexicano, y no solo sus miembros no rinden cuentas ni se bajan sus sueldazos, sino que dos de sus representantes pretenden lo indecible: callar a la representación nacional.
Alega uno de los quejosos que como es juez no va, que eleva su agravio como juez sino como particular defendiendo su trabajo. Se equivoca. Tiene un inocultable conflicto de intereses e incumple el mandato de la Ley de amparo que establece que puede promover en el nombre de su corporación, no como particular. O incurriría en ser juez y parte y en conflicto de intereses, que sugeriría que mejor renuncie para que, ahora sí, actúe como particular. Y que lo olvide: nunca ha perdido la investidura en su inopinado proceder. Es lo que tienen los cargos públicos. Esa línea borrosa entre lo público y lo privado. Y su proceder era improcedente conforme al artículo séptimo de tal ley, para más señas. Y sí, de otros artículos se puede desprender contradicciones, cosa normal en las leyes mexicanas, al menos.
Cabe un paréntesis. Un magistrado expresaba una opinión brutalmente equívoca, extraña al orden legal mexicano: que se suspenda la discusión porque el actual Congreso no conoce lo que hizo el anterior. Sugiere que de manera indefinida. Qué error de apreciación tan garrafal. Es “Las Cámaras”, lo que importa, no sus temporales integrantes. Es “Las Cámaras” las que conocen y dejan por escrito lo que hicieron, así que con dos días de lectura por parte de sus nuevos integrantes se pondrán al día, seño magistrado. Pero si no le bastara ello, que no se olvide de que muchos legisladores de la 64 y 65 legislaturas, repiten sitial por vía del voto que él no obtuvo, en la 66, así que nuevos, nuevos, desconocedores a fondo, no lo son, como pretende el magistrado engañar a la opinión pública. Y nada que una lectura de los dictámenes, no resuelva.
Salvado el paréntesis. Los jueces que han pretendido que no se discuta el dictamen, se olvidan penosa y amañadamente de que, además de carecer de facultades para callar y detener al Congreso de la Unión –su osadía es vergonzante– el Congreso sí puede reformar al Judicial y sus integrantes tienen fuero constitucional y que si pretende el Judicial juzgarlos, ellos tendrían primero que autodesaforarse porque el “delito” de “no acatar” la orden del Judicial la efectúan en el ejercicio de sus funciones que no pueden abandonar, callarse por ejemplo. En cambio, los legisladores sí podrían iniciar un juicio político contra jueces prevaricadores.
Es que los pesos y contrapesos de la Constitución son interesantísimos.
Los jueces no debieran olvidarse de que el mandato ciudadano en las urnas el 2 de junio fue en mucho, en pro de Morena y de impulsar una reforma judicial por su conducto. ¿Pesa más la urna que un mandato judicial?
Al bloqueo de acceso del personal de la Cámara de Diputados, se resuelve con decretar una sede alterna y a lo que sigue, que haga falta. Ya parece que un empleado del Poder Judicial, cualquiera que sea, va a impedirle el paso a los representantes populares. ¡Habrase visto! Y recuérdese: el Poder Judicial no puede callarle la boca al Legislativo, carece de facultades para ello, no ha de entrometerse en sus decisiones, carece de autorización legal para bloquearle cuerpo a cuerpo el paso a los trabajadores del Legislativo y, sí, el Legislativo sí puede reformar al Judicial. Otra cosa es que a alguien no le guste Morena, López Obrador y lo que representen. Son dos cosas bien distintas, no hay que revolver lo político y lo jurídico.
Ya exministros como Sánchez Cordero (morenista) y Valadés (priista) han expresado la improcedencia y la carencia de fundamento legal de tales actos de jueces para callar al Congreso, aportando pelos y señales. Sí, hay opiniones a favor también, aduciendo con deshilachados comentarios que sí procede, como lo manifestó la vicepresidente del Ilustre Y Nacional Colegio de Abogados de México, Rovira, que no hallaba la salida lógica y congruente en su dicho en Canal 40, de cómo salvar el cómo se juzgará a los legisladores que no acaten el extraño mandato judicial, si cuentan con el fuero constitucional en el ejercicio de sus funciones o la improcedencia de quererles callar la boca. Así que el debate persiste y sus vericuetos merecen atenderse.
La actitud de los legisladores opositores pretendiendo no participar de la discusión del dictamen de marras, dizque para no incurrir en desacato, tiene doble rasero: Jugarle a ser legales la panda de impresentables y el día de mañana decir que lo aprobado fue ilegal o, de perdis, sin su participación, como si su abstención los salvara de responsabilidad, cosa que no sucede. Qué ingenuos e impostados, son.
Solo hay que añadir que el Poder Judicial es guardián de la Constitución, no su dueño ni único interprete. Mucho menos es el Judicial un suprapoder que se manda solo como tantas veces lo pretende.
Y sí, la propuesta de reforma tiene muchos asegunes y puntos controversiales, merece revisarse y enmendarse. No tenga usted la menor duda.
