Para mí, es muy clara la postura que nuestra presidente de la República tiene de no
respetar la posible resolución de la Suprema Corte de Justicia, respecto a la invalidez
de la reforma constitucional del Poder Judicial relativa a la elección por voto popular de
jueces y magistrados.
Es claro que la presidente está cegada de poder, ignorando lo que representa
quebrantar el orden constitucional en una nación como México, tan importante en la
geopolítica mundial.
Ello implica romper con los múltiples tratados internacionales de los que el Estado
mexicano forma parte, principalmente los relativos a los derechos humanos y a los de
libre comercio e inversión.
Esto traerá para el país consecuencias funestas e incalculables, derivadas de la fuga
de capitales y suspensión de inversiones, tanto nacionales como extranjeras,
acarreándose una recesión económica y crisis financiera de dimensiones gigantescas.
El gobierno se puede quedar sin dinero para la prestación de los servicios básicos,
como seguridad, salud, educación e infraestructura, para seguir alimentando a los
barriles sin fondo de PEMEX y CFE, teniendo que suspender sus proyectos de
infraestructura ferrocarrilera de pasajeros, poniéndose en peligro la ayuda social y el
servicio de la deuda. No sabemos si, en su desesperación, el gobierno elimine la
autonomía del Banco de México para sustraer nuestras reservas internacionales.
Para acabarla de amolar, el resultado de las elecciones en los Estados Unidos, en el
sentido que sea, no nos garantizará nada bueno para México. El crimen organizado
continuará desatado, la reacción del ejército ante una posible rebeldía social será de
pronóstico reservado.
Sí, lo que planteo es un escenario catastrófico, y muchos dirán, “no hombre, México es
resiliente, es grande y aguanta un piano, eso no pasará, saldremos adelante”. Pues sí,
ojalá tengan razón, pero que las cosas se van a deteriorar es un hecho, quizás no tan
rápido como predigo, pero sí habrá consecuencias graves que, en el mejor de los
casos, poco a poco iremos experimentando.
Otro escenario es, que nuestra presidente aproveche la coyuntura de que una posible
resolución de la Corte echando abajo la elección de jueces y magistrados, le de,
aceptando dicha resolución, otorgándole la oportunidad de que los ministros de la
Suprema Corte que ya han renunciado, con efectos al último día de agosto de 2025, ya
no la molesten, y que las ministras entregadas al oficialismo, Lenia Batres, Jasmín
Esquivel y Loreta Ortiz, que se han postulado a ser elegidas por el pueblo, más las que
recomiende el oficialismo, integren a la nueva Corte en septiembre de 2025.
Además, la presidente tendría la oportunidad de designar las candidaturas de las
personas que integrarán el Tribunal de Justicia Judicial y aprovecharse de los
fideicomisos del Poder Judicial, que la resolución de la Corte deja sin atacar.
La resolución que el ministro González Alcántara Carrancá ha ofrecido con su ponencia
presentada ante la Suprema Corte, es de por más generosa. Salva a todo el aparato
judicial de México que tanto trabajo ha costado construir, manteniendo la
profesionalización de nuestro Poder Judicial, en contra de entregar a la Suprema Corte,
que de todas formas estaría perdida, al jubilarse el ministro Aguilar a fines de
noviembre, ya que la presidente y la mayoría calificada con la que cuenta morena y sus
aliados garantizan que la designación del nuevo ministro queda en sus manos.
En conclusión, la presidente Sheinbaum, o se empecina en su delirio de poder,
destruyendo nuestro orden constitucional con todas las consecuencias que ello
acarreé, o toma la oferta que le ofrece el ministro González Alcántara Carrancá,
llevándose el control de la última instancia constitucional que es la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Si la presidente opta por la primera opción, sabremos que estamos siendo dirigidos por
una persona insensata, ignorante, necia, arrogante y perversa, que no le importan las
consecuencias de sus actos en detrimento de México y su pueblo.
