Al margen de las estridencias propias de la moderna propaganda político-electoral, detrás del discurso del presidente López Obrador en torno a la ley eléctrica se encuentra una larga batalla que entra a su fase decisiva: el modelo de restauración del Estado como eje del sistema productivo y sus relaciones de clase contra el modelo neoliberal de Estado ajeno a la realidad social.
La propuesta de reconstrucción del Estado como rector social y efectivo de la economía debe de pasar por el desmantelamiento del Estado como promotor de la acumulación privada de la riqueza y lejos de cualquier interferencia o actividad productiva directa. Es decir, del Estado populista que corrió de la Constitución estatista de 1917 a la expropiación de la banca privada en 1982 contra el Estado neoliberal que comenzó con el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 y terminó con la victoria presidencial de López Obrador en 2018.
En los hechos, no se trata de una guerra secreta ni privada. La corriente antineoliberal se consolidó dentro del PRI en la XIII asamblea nacional del PRI de marzo de 1987 cuando el grupo tecnocrático salinista tomó por asalto el PRI y expulsó a los priístas poscardenistas y éstos conformaron una alianza nacionalista que derivó en PRD y ahora sobrevive en Morena.
En 1981 los economistas Carlos Tello y Rolando Cordera sintetizaron el conflicto de proyectos con la categoría de “disputa por la nación” entre la propuesta empresarial-de mercado-fondomonetarista y la propuesta popular de la CTM-PRI-Congreso del trabajo-nacionalismo revolucionario. En 1981 se definió la sucesión presidencial del PRI entre el perfil tecnocrático formalista de Miguel de la Madrid y sus economistas comandados por Carlos Salinas de Gortari y la corriente dispersa nacionalista histórica con Javier García Paniagua. En enero de 1983, al arrancar de manera formal su sexenio, el presidente De la Madrid y su operador Salinas de Gortari modificaron la Constitución para acotar el papel del Estado, promover la economía de mercado y entrar por adelantado en la era globalizadora del GATT.
En este sentido, el debate abierto por el presidente López Obrador no es un capricho personal, ni esconde indicios de tiranía individualista. El endurecimiento de su estilo de gobernar es correlativo al desmantelamiento de los espacios de modificación constitucional que el neoliberalismo salinista –que sobrevivió en Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto– desmanteló justo para evitar oscilaciones pendulares sexenales
En este sentido, la Ley de la Industria Eléctrica podría ser la síntesis del conflicto ideológico de proyectos, al margen de las variables climáticas: la privatización de la energía eléctrica con costo para el consumidor o la energía subsidiada por el Estado como parte de las cinco necesidades indispensables de toda economía publica: energía, bienestar, salarios, subsidios y empleo. El ring simbólico de la batalla de Godzilla vs. Kong (Estado vs. neoliberalismo) es la ley eléctrica porque deberá conducir a una reforma constitucional de economía publica a la reforma constitucional de mercado del neoliberalismo salinista.
Todo el modelo económico posneoliberal del presidente López Obrador busca reconstruir la política económica y el modelo de desarrollo en torno al Estado social. En la reforma constitucional de 1983 De la Madrid y Salinas usaron la categoría conservadora de Estado autónomo (Theda Skocpol) ajeno a la lucha de clases que preparaba el terreno al modelo propiamente neoliberal de mercado internacional que consolidó el Consenso de Washington a finales de 1989, justo montado sobre el desmoronamiento del Muro de Berlin y en 1991 la derrota del modelo socialista-comunista-estatista de la Unión Soviética.
La propuesta de López Obrador ha carecido hasta ahora de aclaraciones necesarias. Pero en la coyuntura del relevo de la Cámara federal de Diputados y la necesidad de una mayoría calificada cómoda (60% de Morena y 7% de aliados, cuando hoy Morena sólo tiene 53%), el presidente de la república encontró en la ley eléctrica el factor motivacional para el planteamiento del escenario estratégico real de conflicto de proyectos. En este sentido, la propuesta de modelo posneoliberal de López Obrador estaría en la lógica de cancelar el neoliberalismo salinista e iniciar un nuevo ciclo, pero en la realidad no existen nuevas formas productivas y en consecuencia la propuesta presidencial seria un proyecto preneoliberal: regresar la estructura del Estado a antes de la reforma De la Madrid-Salinas de Gortari de enero de 1983. Por eso la CFE que quiere Palacio Nacional es la que fue de López Mateos a López Portillo, aunque en teoría sin corruptelas ni distorsiones.
Si bien se entienden las señales, la oposición pública, política y privada a la propuesta lopezobradorista no es personal ni de circunstancias, sino representante del bloque histórico de poder del neoliberalismo.
@carlosramirezh
Canal YouTube: https://t.co/2cCgm1Sjgh
