Rodeado de más expectativas que posibilidades, el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, encara cuando menos tres retos:
1.- Manejar la política económica desde Hacienda o desde la presidencia.
2.- Administrar la crisis o diseñar y aplicar un nuevo modelo de desarrollo
3.- Y romper el escenario previsible de una tasa de PIB de 2% por ciento para los próximos diez años y centrar un ritmo mínimo de 4%.
La principal tarea del nuevo funcionario se tendrá que centrar en el desgaste de dos y medio años de política económica de expectativas sin realidades. El dilema de administrar la crisis o salir del estancamiento radicará en que su preparación técnica en política económica es muy sólida, pero tendrá que gestionar una nueva relación política del presidente de la República con las decisiones económicas.
La nueva institucionalización de la política económica se aparece como la principal tarea indispensable para poder comenzar a definir el modelo de desarrollo que saque al país del estancamiento de 2% en promedio del PIB. Asimismo, en el mismo contexto, tendrá que convertir a Hacienda en el pivote de la relación productiva ingreso-gasto que se rompió en 1976 con la separación del área presupuestal de la matriz de Hacienda y luego en 1992 con la transformación del área de gasto en la oficina electoral de desarrollo social.
En este sentido, la tarea primordial de Ramírez de la O será reconstruir las funciones de la Secretaría de Hacienda que entraron en la zona político-electoral en 1973 con la designación del administrador José López Portillo como secretario de Hacienda y en automático precandidato presidencial. Los candidatos presidenciales del PRI en 1976, 1982, 1988 y 1994 salieron del área hacendaria-presupuestal, pero sus legados se resumieron en el colapso inflacionario y el estancamiento económico. Los presidentes de 2000 a 2018 se ajustaron al modelo de desarrollo del TCL y carecieron de enfoque estratégico para reconstruir la viabilidad económica del ciclo populista 1934-1982 y su crecimiento promedio anual del PIB de 6%.
A pesar del tamaño de su economía, de su planta productiva y de la capacidad exportadora, el modelo de desarrollo mexicano de 2% promedio de PIB apenas alcanza para atender las necesidades de un tercio de la población, dejando los dos tercios restantes a la buena de Dios. La mala gestión del modelo de desarrollo en el ciclo del TCL ha disminuido la relación producción-distribución de la riqueza de la economía mexicana, abandonando al 80 por ciento de la población –cifras del Coneval– a restricciones de bienestar social y sólo permitiendo que el 20% de los mexicanos pueda vivir sin restricciones sociales.
Hacienda ya no puede seguir siendo la gestora de los ingresos y distribuidora acotada de los egresos. Con una Secretaría de Bienestar extraviada en la incompetencia y agobiado el presupuesto con ingresos restringidos y egresos improductivos, nada podrá hacer el nuevo secretario de Hacienda si no redefine su papel en el desarrollo y las finanzas y si no asume el desafío de dar por liquidado el viejo modelo de desarrollo y lograr el diseño de uno nuevo con mejor capacidad productiva derivada del tratado.
De acuerdo con cifras del especialista Arnulfo R. Gómez, el porcentaje de productos mexicanos de exportación bajó de 59% en 1993 a 37% en 2019, lo que quiere decir que el modelo de desarrollo mexicano se quedó estancado en la vieja capacidad de producción industrial protegida y no dio el salto a una reconversión industrial que aumentara la competitividad mexicana. En 2019 México se colocó en el lugar 48 de las posiciones de competitividad mundial cayendo del 39% que había alcanzado en 1996 y luego de una visita al sótano en el 2012 con el lugar 66.
El modelo de desarrollo, la política económica y la estrategia presupuestal se hicieron pedazos el los años del TCL por la ausencia de una propuesta de nuevo desarrollo con distribución de la riqueza. En este sentido la tarea de Ramírez de la O va más allá del esfuerzo por solo cuadrar las cifras en el presupuesto, redimensionando la urgencia de una política más justa de ingresos y una estrategia de presupuesto productivo.
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