EEUU acelera expulsión de indocumentados; organizaciones comparan medida a política de Trump

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  • El procedimiento se aplicará a las familias que no sean expulsadas rápidamente en virtud de la política fronteriza relacionada con la pandemia.
  • La política aplicada viola los estatutos de larga data sobre inmigración que requieren que quienes solicitan asilo tengan un proceso completo, aseguran ONG’s.

La administración Joe Biden anuncio medidas de deportaciones aceleradas de algunas familias inmigrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México, dijo el lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Esta situación permite a las autoridades de inmigración expulsar a una persona sin una audiencia ante un juez de inmigración. El procedimiento se aplicará a las familias que no sean expulsadas rápidamente en virtud de la política fronteriza relacionada con la pandemia.

«El proceso de expulsión acelerada es un medio legal para administrar de manera segura nuestra frontera, y es un paso hacia nuestro objetivo más amplio de lograr un procesamiento de inmigración seguro y ordenado», señaló DHS.

Es decir, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ampliaron una medida sanitaria que permite expulsar a los migrantes que cruzan la frontera de forma indocumentada debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19.

El llamado Título 42 autoriza la expulsión por razones de salud pública de los indocumentados que recién ingresaron al país. En un comunicado emitido, los CDC indicaron que «independientemente de su país de origen, la migración a través de Canadá y México hacia Estados Unidos crea un grave peligro de introducción de la Covid-19 en el país», por lo que «es necesaria una suspensión temporal para proteger la salud pública».

La ampliación de esta medida se da desde el pasado 2 de agosto y permanecerá en vigor hasta que la directora de los CDC, Rochelle Paula Walensky, determine que el peligro de una mayor introducción de la Covid-19 a Estados Unidos por parte de extranjeros indocumentados haya dejado de ser un peligro grave para la salud pública, aclaró en un comunicado la institución.

Cabe destacar que el Gobierno del presidente Donald Trump implementó la medida en marzo de 2020 cuando comenzó la pandemia de coronavirus, sin embargo, en lo que va del año fiscal 2021, que comenzó en octubre pasado, más de 750 mil inmigrantes han sido expulsados bajo el Título 42. En junio pasado, 103 mil 014 extranjeros que ingresaron por la frontera sur fueron regresados a México debido a esta norma.

ONG’s reclaman política idéntica de Biden y Trump

Grupos que el año pasado demandaron al gobierno del presidente Donald Trump por el uso de una medida sanitaria para expulsar a los migrantes que cruzan la frontera de forma indocumentada, demandaron al gobierno del presidente Joe Biden por continuarla.

Decenas de miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos y mexicanos, llegados a la frontera sur de Estados Unidos fueron expulsados del país desde que la administración Trump ordenó en marzo de 2020 el uso del llamado Título 42, que autoriza la expulsión por razones de salud pública.

Ante dicha situación, la Unión de Libertades Civiles (ACLU), el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, el Centro para Estudios de Género y Refugiados y otros grupos iniciaron en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia una querella contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

“La política aplicada durante el gobierno de Trump, viola los estatutos de larga data sobre inmigración que requieren que quienes solicitan asilo tengan un proceso completo y justo que determine su derecho a tener la protección de Estados Unidos”, señalaron los grupos en un comunicado.

“Le dimos al gobierno de Biden tiempo más que suficiente para resolver los problemas dejados por el gobierno de Trump, pero no nos ha dado otra opción más que retornar a tribunales”, dijo Lee Gelerent, abogado de ACLU.

Por su parte Shaw Drake, abogado de ACLU en Texas, dijo que “la expulsión ilegal de familias vulnerables por parte del gobierno de Biden, debe terminar”.

Karla Mariso Vargas, abogada del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, añadió que los grupos decidieron iniciar la demanda “porque están en juego las vidas de niños, de familias enteras, de gente extremadamente vulnerables”.

“Es más que cruel el uso de una regla menor de salud pública para rechazar sin proceso debido a familias que buscan protección”, agregó. “Y es ilegal”.

Los inmigrantes que luchan contra la deportación generalmente tienen la oportunidad de presentar sus casos en los tribunales. Allí pueden pedirles a los jueces que les permitan permanecer en Estados Unidos argumentando que califican para el asilo u otras opciones legales.

Los casos a menudo pueden llevar meses, si no años, debido a un retraso en la corte de inmigración.

 

 

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