- El reclamo judicial mexicano está sustentado en que los productores de armas en el país vecino han contribuido a abastecer al mercado criminal.
- Fabricantes responde que violencia en México es consecuencia del “crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias frontera”.
El gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, presentó en un hecho inédito una demanda en una corte federal de este país para reclamar el pago de una compensación que podría llegar a 10 mil millones de dólares.
La demanda, presentada ante una Corte Federal en Boston, EE.UU., señala a 11 compañías productoras y distribuidoras de armas de promover prácticas comerciales “negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”.
Según datos del propio ejecutivo mexicano, cada año se trafican ilegalmente más de 500 mil armas desde EEUU y, solo en 2019, fueron responsables de más de 17 mil homicidios dolosos en México.
El reclamo judicial mexicano está sustentado en que los productores de armas en el país vecino han contribuido a abastecer al mercado criminal en el territorio nacional.
La demanda a productores de armas fue interpuesta en contra de las empresas Smith & Wesson ; Barrett Firearms; Colt’s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Company.
El litigio también involucra a “otras compañías”, sin que se especifique sus identidades, por “prácticas negligentes” que facilitan el tráfico de armas hacia el país.
Esta es una considerada una nueva estrategia del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para frenar la violencia que afecta a amplias zonas del país vinculada con el narcotráfico.
Uno de los argumentos por los que México demanda a productores de armas tiene que ver con los que consideró han sido acciones deliberadas que resultan en violencia dentro del territorio nacional.
El gobierno mexicano considera que la fabricación de estos productos en Estados Unidos ha provocado “una avalancha mortal” de armas letales que llagan a manos de grupos criminales.
“(Es) el resultado previsible de las acciones deliberadas y las prácticas comerciales de los demandados”.
Empresas rechazan acusaciones
SI bien ninguna de las empresas que fueron involucradas en la histórica demanda ofrecieron un posicionamiento, la Asociación de la Industria de Armas de Fuego de Estados Unidos (NSSF) sí se pronunció al respecto.
A través de un alto ejecutivo aseguró que los fabricantes estadounidenses de armas no han sido negligentes en sus prácticas comerciales.
Lawrence G. Keane, vicepresidente senior de NSSF, abundó que la violencia en México es consecuencia del “crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias frontera”.
El vocero de la NSSF dijo que los grupos del crimen organizado en México obtienen armas del tráfico ilegal desde Estados Unidos, pero también de las que roban a las fuerzas armadas y policías en el país.
Demanda millonaria
De acuerdo con la demanda mexicana, entre 70y 90 % de las armas que se decomisan en el país a grupos criminales vienen de Estados Unidos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores considera que 500,000 armas entrar de forma ilegal a territorio nacional desde Estados Unidos cada año.
Frente a este escenario, el gobierno mexicano considera que la compensación por abonar al tráfico ilegal de armas debe ser valuada en 10,000 millones de dólares.
Aunque México reclama esta cifra, el canciller, Marcelo Ebrard, reconoció que el país debe hacer más para controlar la seguridad, principalmente en la región fronteriza.
México busca frenar tráfico de armas, antes que recompensa
Para el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el objetivo principal del proceso no es un acuerdo económico sino que “se modifique la actuación de esas empresas que están siendo, cuando menos, negligentes”.
Así, pidió que las compañías desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, “disciplinar a sus distribuidores” al insistir en que no quedan exentas de responsabilidad del uso de las armas tras su venta.
También abogó por la incorporación de mecanismos de seguridad en las armas para prevenir que sean usadas por personas vinculadas a la delincuencia y, por último, para que las empresas paguen los estudios y campañas en medios enfocados a combatir el tráfico ilícito de armas.
En suma, se busca que los productores de armas desarrollen e implementen estándares razonables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores que participan en el tráfico de armas a México. “Las empresas saben esto. Argumentan que cuando sus productos salen a venta y a comercialización ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen. Por supuesto que tienen la información precisa de quién compra armamento pesado”.
“Que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño en México, que ocasionan muertes en México”, resumió.
