Sistema electoral, colapsado; Córdoba, precandidato 2024

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Lo peor que le puede ocurrir a la tambaleante democracia inacabada mexicana sería defender el sistema electoral del régimen de 1988 sólo por los cuestionamientos del presidente de la República. Lo cierto fue que las elecciones del pasado 6 de junio desgastaron al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hasta el grado de dejarlo sin capacidad para organizar las próximas elecciones presidenciales.

El INE quedó atrapado en los juegos perversos de poder de su consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, y sus confrontaciones inútiles con el presidente de la república en torno al tema del populismo vigente. En cambio, el INE descuido la vigilancia de todo el proceso electoral del 6 de junio y permitió la criminalización de muchas de las próximas autoridades legislativas, federales, estatales y municipales por la intervención de cárteles y bandas.

El tema más grave que contaminó la existencia misma del INE fue el activismo de grupos del crimen organizado para apoyar candidatos y acotar a otros, con la nada secreta intención de ir copando desde ahora estructuras gubernamentales locales. El Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, las dos Baja California, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato, entre otras entidades, el INE vio con pasividad el activismo político-electoral de bandas y cárteles y el posicionamiento de la delincuencia en estructuras locales del Estado nacional.

El INE debió de haber actuado con energía para impedir la captura criminal de muchos procesos electorales, sobre todo porque las evidencias se publicaron con nombres y apellidos en los medios de comunicación y por lo tanto estuvieron a disponibilidad de las autoridades electorales, aunque sin ninguna intervención para acotar candidatos contaminados por la criminalidad y ni impedir elecciones en urnas controladas por los delincuentes.

La autoridad de seguridad tiene facultades para actuar antes de los sucesos electorales y a partir de evidencias más o menos periciales y después por denuncias ante ministerios públicos. Pero el INE tenía la obligación de impedir el registro de candidatos marcados por los delincuentes y de suspender elecciones en distritos dónde los grupos delictivos controlaron el flujo de votos y hasta se robaron las urnas.

En este sentido, fue irónico que el consejero presidente Córdoba Vianello haya estado insistiendo en medios de que las elecciones del 6 de junio fueron un ejemplo de transparencia y de ejercicio democrático, desdeñando las evidencias que siguen circulando en medios de comunicación y de pruebas formales que debieran procesarse en tribunales judiciales a propuesta del organismo electoral.

A su vez, el Tribunal Electoral federal entró en una disputa corrupta por el poder y desnudó la falta de ética y las irregularidades existentes en sus magistrados en la lucha por la presidencia colegiada del organismo. La forma en que unos magistrados tumbaron al presidente y la manera en que el magistrado presidente se aferró al poder a costa de profundizar el desprestigio del Tribunal, dejaron muy claras las evidencias de que el organismo encargado de calificar elecciones se metió en jaloneos con tintes de corrupción.

De ahí que las dos instituciones clave del régimen electoral de 1988 hayan perdido credibilidad, honorabilidad y eficacia para seguir manejando procesos electorales. Lo grave de todo radica en el hecho de que Córdova Vianello se está autopromoviendo como presunto candidato presidencial de la alianza opositora a Morena en el 2024, arrastrando al descrédito al Instituto responsable de organizar elecciones. El funcionario electoral ha querido aparecer como una figura de contención de López Obrador y Morena en el 2024, ofertándose como el abanderado de una democracia antipopulista.

El contexto anterior dibuja como inevitable una reforma electoral antes de las elecciones del 2024 para limpiar el tiradero que dejará Córdoba Vianello en 2023 cuando termine su periodo como consejero electoral. La reforma electoral es necesaria para ofertar garantías indispensables de equidad y limpieza al proceso electoral presidencial próximo que ya se anuncia desde ahora como la madre de todas las batallas electorales porque la oposición ha asimilado el mensaje de López Obrador de que no sólo no aparecerá en la boleta, sino que tampoco realizará actividades parciales para beneficiar a Morena. Y cualquier candidato sucesor de López Obrador carecerá de la fuerza y liderazgo social del tabasqueño y por lo tanto habrá perdido cuando menos un cuarto de la base electoral lopezobradorista.

Si la oposición se niega a la reforma electoral, entonces será responsable del caos en las votaciones del 2024 y de la ruptura del orden político indispensable para una transición sexenal.

indicadorpolitico.mx

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