El destino de la reforma judicial en debate legislativo comenzó mal: una cosa era que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea hubiera sido coautor y otra que se pegara como rémora a la fuerza política del presidente de la república y se dejara ver como el único abogado capaz de ponerla en marcha.
Por eso la sumisión del ministro Lelo y de paso de la Corte que presidía quedó desvirtuada aquel día de febrero de 2020 en que el presidente López Obrador firmó la iniciativa para enviarla al legislativo. De la breva intervención del ministro Lelo quedó para la historia el uso de conceptos de enorme carga política coyuntural porque fue incapaz de usar palabras propias para definir el alcance de una reforma necesaria:
La iniciativa presidencial busca “lograr que renazca la esperanza de la gente en la justicia”.
El debate sobre la ley de reforma judicial, con sus avances y desviaciones, ha quedado resumida en la posibilidad o no que el ministro Lelo prorrogue su mandato como presidente de la Suprema Corte dos años más y de paso le regalen unas semanas adicionales porque la extensión llevaría más allá de su mandato constitucional estricto como ministro antes de pasar a retiro.
Pero el ministro Lelo ha sido un audaz político acomodaticio: llegó por apoyo del presidente Calderón, se sostuvo pactando con el presidente Peña Nieto y fue nominado presidente de la Corte en enero de 2019 por el apoyo del gobierno actual.
Pero el papel del ministro Lelo como encargado de uno de los tres poderes autónomos de la república ha quedado sometido al ejecutivo. En el debate el año pasado sobre la propuesta del presidente López Obrador de una consulta para preguntarle al pueblo si se debía aplicar la justicia a expresidentes como presuntos delincuentes, el ministro Lelo cometió errores de sumisión.
En la discusión en el pleno, por razones de tradición el ministro presidente participa con su ponencia al final de los demás ministros para no inducir tendencias. Sin embargo, el ministro Lelo se agandalló la primera intervención con un discurso político y no jurídico para entrarle a la caracterización politológica de la justicia y fijar línea a la Corte sobre la democracia participativa vía consultas.
Ahora la aprobación de la reforma judicial entró a debate por un transitorio de última hora propuesto por el precandidato priísta-muratista a la gubernatura de Oaxaca, Raúl Bolaños Cacho, miembro de una familia priísta judicial local de alcurnia, para prorrogar la presidencia de la Corte del ministro Lelo por dos años más porque parece ser que entre los otros ministros no existe nadie con capacidad, talento, figura… y ego para tales menesteres.
Por lo tanto, el principal mensaje de la ley de reforma judicial no fue tan positivo: comenzar a funcionar con una chicanada de ministerio público de barandilla municipal para imponer al ministro Lelo como encargado de su operación. Los tiempos políticos exigían del ministro Lelo una actitud de institucionalidad suprema para no torcer la ley y aferrarse a la silla de ministro presidente. Con ese hecho que involucra la aceptación previa del ministro Lelo de la prórroga forzada se va a inaugurar una ley que pretendía ser, en palabras del propio ministro Leo en febrero de 2020, “un logro de la justicia plena y completa (tautología impropia de una mente jurídica forjada en tribunales)” y “la consolidación de un auténtico Estado de derecho”.
Si por mayoría morenista el ministro Lelo se queda dos años más en la presidencia de la Corte, la implementación de la reforma estará pervertida por ser fruto de un árbol envenenado y los alcances de los cambios estarán contaminados por venir de un grupo judicial que impondrá intereses y complicidades, cuando en la realidad el objetivo de la reforma era precisamente terminar con esos vicios del sistema judicial heredado por el PRI y avalado por el PAN uy hoy revalidado por Morena.
En ese sentido, la reforma que debiera llevar la caracterización de López Obrador por su iniciativa, pasará a la historia como “la reforma del ministro Lelo”, buena para su ego, pero pésima para la república sin división de poderes.
Política para dummies: La política es, cierto, un juego de intereses, pero a veces es sólo intereses sin juego.
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