- Las empresas demandadas por México tienen hasta el 22 de noviembre de 2021 para presentar su respuesta y las defensas legales.
- Con este juicio, el gobierno de México pretende que los fabricantes compensen al país por los daños causados por las supuestas prácticas negligentes.
La Corte federal de Estados Unidos que examina la demanda de México contra los principales fabricantes de armas estadounidenses fijó los plazos de la primera etapa del proceso, informó este la cancillería mexicana.
De este modo, las empresas demandadas por México tienen hasta el 22 de noviembre de 2021 para presentar su respuesta y las defensas legales que estimen pertinentes.
Al cumplirse ese plazo, el gobierno mexicano podrá presentar su réplica a los argumentos de las contrapartes antes del 31 de enero de 2022. Y, las compañías demandadas, ofrecer su contrarréplica antes del 29 de febrero de 2022.
Así, las empresas productoras y distribuidoras demandadas por autoridades mexicanas, que las acusan de ser responsables del tráfico ilegal de armas a México, deben responder y oponer sus defensas legales antes de la fecha establecida.
Finalmente, las compañías estarán obligadas a presentar su contrarréplica hasta antes del 28 de febrero del 2022.
Con este juicio, el gobierno de México pretende que los fabricantes compensen al país por los daños causados por las supuestas prácticas negligentes y que se desarrollen e implementen estándares los suficientemente razonables para monitorear y disciplinar a los distribuidores.
Asimismo, México solicita a las empresas que incorporen mecanismos de alta seguridad en sus armas para prevenir que sean usadas por personas no autorizadas y que cesen las prácticas negligentes que pudiesen ocasionar daños.
Cabe mencionar que la presentación de la demanda en un tribunal federal de Boston, Massachusetts ha sido considerada una acción sin precedentes. México pide reparar el daño con una compensación y garantizar la no repetición del tráfico ilícito de medio millón de armas cada año que están vinculadas a unos 17 mil homicidios en el país.
El Gobierno considera responsables a las empresas Smith & Wesson, Colt’s, Barrett Firearms, Beretta Holding, Ruger & Co, y Glock, Inc., y algunas de sus subsidiarias. “De alguna manera va a priorizar el tema del tráfico de armas”, asegura Eugenio Weigend, director de prevención contra la violencia armada del Center for American Progress, un think tank progresista independiente.
De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de su Consultoría Jurídica, seguirá con la coordinación de las dependencias y entidades federales mexicanas competentes para dar seguimiento a este importante litigio en defensa de los intereses del Estado mexicano.
Según analistas, la querella del gobierno de Mexico pone presión sobre uno de los temas que la Administración Biden se había fijado como prioritarios al inicio del mandato, pues la realidad legislativa, marcada por una alta polarización, obligó al presidente demócrata a poner en un segundo plano el trámite de algunas iniciativas anunciadas para regular la venta de armas.
El Departamento de Justicia anunció en mayo pasado la hoja de ruta a una norma que prohibirá las “armas fantasmas”, unos kits que contienen piezas separadas que permiten ensamblar rifles en menos de 30 minutos.
Lo anterior debido a que la venta de piezas sueltas hace más difícil el rastreo por parte de las autoridades. La norma propuesta por el fiscal Merrick Garland exigirá a los comercios, una vez aprobada, una búsqueda de antecedentes de todos los compradores de este tipo de paquetes. También obligaría a los fabricantes a incluir números de serie en el marco del rifle, la pieza más importante del artefacto.
La principal demanda del Gobierno de México es justo que las empresas que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas, incluido herramientas para prevenir que esas armas sean usadas por personas no autorizadas.
Lo anterior debido a que México asegura que las unidades Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt’s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país.
Por lo tanto, se busca que ahora costeen estudios, programas, campañas en medios y otros eventos enfocados en prevenir el tráfico ilícito de armas y que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño y que podrían ocasionar daños en México.
Por lo tanto, las empresas demandadas debería compensar al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. El monto se determinaría en juicio, si procede, y que se desarrollen e implementen estándares lo suficientemente razonables para monitorear y en su caso disciplinar a sus distribuidores.
