Teresa Freixes
Ha tenido lugar hace poco, en Valencia, el II Congreso de la Sociedad Civil. Bajo la presidencia de honor de S.M. el Rey Felipe VI, Aldo Olcese, Presidente de Sociedad Civil Ahora, ha conseguido reunir lo más granado de las organizaciones que, en España, aúnan voluntades en torno a lo que nos une. Sin desdeñar el análisis sobre lo que nos separa, esencial para comprender la situación que vivimos, el Congreso adoptó como lema “Relanzar España”, pues se trataría de encontrar los puntos de apoyo y equilibrio para que la sociedad civil y las instituciones representativas facilitaran un marco de convivencia que respondiera a las necesidades de la mayoría dentro del marco constitucional.
Decía Norberto Bobbio que era necesario construir una ciudadanía activa, formada por personas implicadas, conscientes de lo que todos nos jugamos. A ello añadiría yo que, con esa ciudadanía en marcha, tenemos que conseguir aquello que pretendíamos con el Congreso y que, en parte (sólo en parte y explicaré por qué) hemos alcanzado. Como señala Aldo Olcese en las “Conclusiones” del mismo, la sociedad civil española está muy atomizada y ello puede parecer un obstáculo en la consecución de objetivos comunes. Cierto. Pero no es menos cierto que esa riqueza organizacional refleja el natural pluralismo de una sociedad viva, que lo que precisa es encontrar puntos comunes de anclaje para que, sin perder los valores que cada organización subsume, aparezcan aquellos indicadores que permitan avanzar en común para conseguir esos objetivos de convivencia propios de las sociedades complejas de hoy en día.
De ahí que el Congreso se planteara como uno de sus retos, el diálogo con los políticos, con los que están en las instituciones representativas, para poder tener con ellos un intercambio que estimamos altamente necesario en el contexto actual. Eso no pudo ser. Salvo honrosas excepciones, los políticos no aceptaron integrarse en las mesas de debate (sólo aceptan presidirlas) ni constituir una mesa dirigida a explorar los pactos de Estado que podían ser necesarios para una nueva política que respondiera al sentir mayoritario de la sociedad; esa mesa tuvo que ser clausurada, es decir, no pudo realizarse.
Quizás alguien pueda preguntarse por qué me arrogo el señalar que pueden ser necesarios pactos para una nueva política que responda al sentir mayoritario. No me lo invento. Si repasamos secuencialmente los resultados electorales desde que la Constitución de 1978 nos situó en la senda de la democracia, y las encuestas realizadas por distintas e, incluso, contrapuestas, organizaciones de análisis de opinión, se constata que la inmensa mayoría social está mucho más “centrada” que lo que parece derivarse de la confrontación política al uso, en la que el “contigo o contra mí” se sitúa en el marco estelar de la opinión publicada (que no tiene por qué coincidir con la opinión pública). A este respecto, el invitado de honor al Congreso, el antiguo Presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, recordó que Europa no puede prescindir del consenso político, en un marco social que ha de buscar “los propósitos comunes entre seres humanos muy distintos y culturas profundamente diversas”. Lástima que estas frases cayeran en saco roto, pues también pueden ser aplicadas a España.
Eppur si muove! La sociedad civil, lejos del abandono o apatía frente a los graves problemas que estamos atravesando, está siendo, con sus propios medios, punta de lanza en la defensa de la libertad y la democracia. En ocasiones como único recurso posible para desentrañar los hilos que otros quisieran bien enredados. Pondré solo algunos ejemplos.
Hemos leído hace escasas semanas en el New York Times algo que se había hecho público en la prensa española hace años y que pasó sin pena ni gloria entonces pero que, ahora, después de que la prensa internacional se hiciera eco de ello ha dado que pensar a más de uno. Se trata de la noticia de las investigaciones judiciales en torno a las relaciones entre Puigdemont y Tsunami democràtic con determinados oligarcas rusos. Parece que, ello es el objeto de tales pesquisas, existieron conversaciones para obtener el reconocimiento de una república catalana independiente a cambio de ciertas compras o concesiones. Pues bien, si existen investigaciones judiciales al respecto, confirmadas recientemente por la Audiencia provincial de Barcelona y que van a pasar a ser asumidas por la Audiencia Nacional, es porque tres abogados (tres), apoyados por y en nombre de varias asociaciones de la sociedad civil (una decena), han conseguido, tras interponer 28 recursos, todos ganados, que no se cerrara una investigación de la que la Fiscalía había desistido. Y ya se sabe, como si no hay acusación, no hay pleito y se archiva, si no hubiera sido por la acusación particular ejercida por y desde la sociedad civil, no se hubiera podido continuar investigando.
También constituye un logro de la sociedad civil el empeño con que organizaciones como Universitaris per la convivencia defiende la debida neutralidad institucional de las universidades frente a la instrumentalización política a la que las someten las mismas autoridades universitarias y la misma administración pública que tienen la obligación de reconocer, promover y garantizar; sin esa decidida defensa, llevada ante los tribunales y ganando los recursos no sabemos hasta dónde podrían llegar las consecuencias de tal instrumentalización. O la continua acción de limpieza del espacio público, que es de todos, de simbología secesionista, llevada a cabo por las brigadas de Segadors… O la labor cultural del CLAC (Centro Libre Arte y Cultura) y el Club Tocqueville, buscando un soplo de aire fresco y aportando calidad y pluralismo intelectual al páramo en que se está convirtiendo Cataluña. O el Club 156 (ya teníamos la impresión de que con el 155 poco solucionaríamos y lo denominamos así, con esperanza de futuro). O las publicaciones “El Catalán” o “Dolça Cataluña”, que sólo funcionan a base de voluntariado. O la acción de Sociedad Civil Catalana, de la Asociación por la Tolerancia, de Impulso Ciudadano, de S’ha Acabat… de Catalunya Suma, Llibertats y tantas y tantas otras organizaciones que confluyen en la defensa cívica de los valores democráticos que, en marco del Estado de Derecho, nos rigen desde el reconocimiento de derechos habido con la Constitución de 1978.
Que no se confunda nadie. Como se demostró en Valencia, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. No se piensen, como algunos arguyen, que se trata de dar un respiro a lo que llaman “conflicto entre catalanes”. No hay ningún conflicto entre catalanes. Existe un conflicto, y grave, entre totalitarios y demócratas, no sólo en Cataluña sino también en España y, si me apuran, en Europa, como se está demostrando con la actitud de algunos partidos y organizaciones cuya acción, contraria al Estado de Derecho, a veces por acción y otras por omisión, está poniendo en peligro las bases de la convivencia en paz y en libertad que nos rigen desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y que se proyectan, como frontispicio de Europa, en el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Como bien señalaba Burke, “para que el mal triunfe sólo es necesario que los buenos no hagan nada”.
Esa riqueza y pluralidad propios de esa sociedad civil, viva y activa, capaz de impulsar decididamente los instrumentos de garantía de los derechos de todos, tiene que poder tener más visibilidad y protagonismo. En Valencia, con 19 mesas de debate y 120 ponentes, pudimos exponer lo que hacemos y lo que queremos hacer. Ahora toca transcribir las sesiones y poner en marcha, como se hizo con las aportaciones que obtuvo el I Congreso, realizado en Madrid en 2020, una publicación que nos sirva como marco de referencia en el camino que queremos recorrer. Hemos estado abordando la salida de la crisis, el relanzamiento económico y social y la regeneración política, considerando a la sociedad civil como un complemento necesario de esa representación política que está presente en las instituciones y que, aunque nos haya dado, en cierta manera, la espalda hasta el presente, no cejaremos en la pretensión de acompañarla, sin suplantarla, pero diciéndole claramente qué pensamos y qué queremos.
Catedrática de Derecho Constitucional. Vicepresidenta de la Royal European Academy of Doctors
Publicado originalmente en elimparcial.es
