Bajo el pretexto de que López Obrador representaba un “peligro para México”, los magnates más poderosos de las telecomunicaciones se confabularon con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para anteponer sus intereses mercantiles por encima de los intereses del país. De tal suerte que el primero que se anticipó a refrendar la prórroga de su concesión fue el ingeniero Carlos Slim para obtener una ampliación de 30 años más para la explotación comercial de Teléfonos de México (vigente hasta el año 2056). El trámite lo realizó en el año 2016 a cambio de unos cuantos miles de pesos para una empresa que genera utilidades multimillonarias a través de sus filiales (América Móvil y Telcel).
Cuando Obrador tenía ya el pleno reconocimiento de las autoridades electorales como presidente electo, los magnates de la televisión se apresuraron a refrendar sus concesiones hasta el año 2041. A diferencia de Slim quien pagó menos de lo que cuestan sus zapatos, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego desembolsaron una cantidad millonaria (alrededor de 10 mil millones de pesos, Slim lo hizo por arriba de los ¡cinco mil pesos!).
Antes hubo que “adecuar” –si se le puede llamar así– al Instituto Federal de Telecomunicaciones y reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones para excluir a quien llegara a ocupar la presidencia de la república. En este caso las encuestas anticipan el triunfo inminente de López Obrador por los escándalos derivados de Odebrecht y la “Casa Blanca” que llevaron a una estrepitosa derrota electoral del PRI que lo puso al borde de la extinción política.
Inicialmente Slim y sus socios estadounidenses y franceses (South Western Bell International Holding Co. y France Telecom) recibieron el Título de Concesión de Telmex por un periodo de 36 años a partir de diciembre de 1990, mismos que expirarían en el año 2026. Y derecho a una prórroga por 15 años más, siempre y cuando Telmex y sus asociadas, en este Caso América Móvil y Telcel no se mantuvieran como actores preponderantes en los servicios de la telefonía.
Cuando en su conferencia mañanera el presidente López Obrador abordó el tema de la Concesión y renovación de Telmex, como parte de la agenda pública para analizar los pros y los contras de una prórroga, el IFT emitió un comunicado en el que descalifica la autoridad política del presidente de la república para decidir sobre el futuro de la telefónica.
El IFT hizo saber lo siguiente: “se hace pertinente dejar claro que lo expresado por el C. Presidente no corresponde a los hechos ni al marco legal aplicable, toda vez que la solicitud de prórroga ya fue resuelta y no hay posibilidad de negarla, por lo que lo único que está pendiente es la entrega del título de concesión, previo establecimiento de condiciones por el IFT. El IFT es un órgano técnico, con autonomía constitucional, que lo aleja de decisiones de carácter político; y actúa siempre con absoluto respeto de las facultades y el trabajo de otras autoridades.
Lo que no toma en cuenta el IFT es que el presidente Obrador cuenta con la autoridad legal para decir sobre el interés público sobre los el patrimonio de la nación.
En la Cámara de Diputados hay interés de varios legisladores por asumir el tema de la renovación del Título de Concesión de la telefónica debido a que se trata de un asunto de seguridad nacional y del patrimonio de los mexicanos que ha sido utilizado para enriquecer de manera desmesurada a una familia como si México no fuera una familia sino una monarquía a la que hay que rendir tributo.
El IFT dice que es “inevitable” dar marcha atrás a la renovación de la Concesión a favor de la familia Slim. Lo que ignoran los miembros del IFT es que lo único que no tiene remedio en esta vida es la muerte. Y que el presidente de la república dispone de mecanismos para anteponer los intereses de la nación.
En primer lugar, el presidente Obrador tiene las facultades del veto presidencial para decidir el futuro de la Concesión, al dar por concluida la explotación comercial de la telefónica conforme a lo establecido en el Título de Concesión.
Por lo tanto, el IFE no puede imponerse por encima de la Constitución.
No es necesario que el presidente recurra a la ley de expropiaciones.
En todo caso, el presidente puede llamar a una consulta pública para que el “pueblo bueno y sabio” decida el rumbo de Telmex, es decir, sí continúa bajo el control de la familia Slim por dos generaciones más (hasta el año 2056) o regrese a formar parte del patrimonio de la nación.
De alguna manera el presidente Obrador tiene en sus manos la decisión de pasar a la historia como Lázaro Cárdenas con la nacionalización de la industria petrolera, o continuar por la senda neoliberal trazada por Carlos Salinas de Gortari con su proyecto privatizador que enriqueció a la familia Slim de manera descomunal, mientras más de 20 millones de mexicanos carecen de acceso a los servicios más elementales de la telefonía, como lo es el Internet.
Hubo que crear la empresa CFE Telecomunicaciones con una inversión de más de 500 millones de dólares para que el Estado puede ofrecer los servicios de telefonía que Carlos Slim se negó a prestar a las zonas pobres y marginadas conforme a lo establecido en el Título de Concesión y que al incumplir Telmex mereciera ser retirada dicha concesión.
El presidente Obrador quien sueña pasar a la historia en un lienzo tiene la oportunidad de pasar a la historia como un prócer, de lo contrario podría terminar como el continuador del salinismo por las vías del populismo neoliberal.
Obrador confió en tener la capacidad, el método y los hombres para encausar al país por las vías del desarrollo democrático. Refrendar la Concesión de Telmex a Carlos Slim pude ser su gran acierto o su gran error.
