A la memoria del maestro del periodismo
político Angel Trinidad Ferreira y un
abrazo fraternal a Emilio Trinidad Zaldívar
Mientras más defiende el Instituto Federal de Telecomunicaciones su extraña decisión de diciembre de 2016 de adelantar la extensión de la concesión privada de Telmex a Carlos Slim Helú por treinta años más y que deberá ratificar en marzo del 2023, la acumulación de razones para revisar el incumplimiento de los compromisos del título de concesión debe ser atendida por la autoridad presuntamente regulatoria.
1.- La prórroga anticipada se aprobó, pero se congeló sin oficializarla hasta marzo de 2023 en función de posibles cambios tecnológicos en la esfera de las telecomunicaciones. Sin embargo, el IFT extenderá el título de concesión por treinta años más, sin ningún candado para prever cambios tecnológicos en las próximas décadas.
2.- En diciembre de 2014, el ex presidente Salinas de Gortari –que privatizó Telmex y se la asignó a Slim Helú– publicó en El Financiero dos textos en los que acusó fallas de la autoridad regulatoria y la transformación de la empresa en un negocio privado y familiar que no cumplió con los compromisos sociales incluidos en su venta.
3.- El 13 de mayo de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la empresa América Móvil, que nació como consorcio privado de las entrañas de Telmex, era preponderante, contraviniendo el título de concesión que señalaba que en el primer período de funcionamiento privado la empresa telefónica debería reducir su preponderancia para propiciar una mayor competencia en el sector. El regreso de Telmex al sector público y su posible venta a otro grupo empresarial –como ocurrió con la banca privada expropiada en septiembre de 1982 y privatizada a nuevos banqueros para estimular la competencia– podría corregir los abusos de Slim Helú.
4.- Una revisión estricta del título de concesión, antes de la ratificación de su extensión por treinta años más, revelaría violaciones de muchos de sus contenidos, entre ellos, el más importante: extender la telefonía a zonas rurales con poca capacidad de recursos para adquirir el servicio privado.
5.- El emplazamiento a huelga por parte del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana –que debe resolverse esta semana y que fue pospuesto en mayo pasado– incluye denuncias concretas del líder Francisco Hernández Juárez sobre la violación de derechos laborales por parte de Telmex en el intento de Slim Helú de construir su imperio en la empresa privada América Móvil, dejando a Telmex desfondado y como compañía abandonada. Asimismo, la revisión debe atender el tema de la propiedad accionaria de los trabajadores que Slim Helú, de manera tramposa, ha limitado a menos del 5% para evitar que el sindicato tenga un asiento en el Consejo de Administración.
6.- Asimismo, la autoridad regulatoria debe investigar irregularidades de manipulación del servicio telefónico para beneficiar y proteger a los dueños de la empresa de las críticas en las redes sociales. Y también, la forma en que en algunas elecciones pasadas el padrón de suscriptores de Telcel fue entregado de manera clandestina al PRI para ser usado en campañas electorales de difusión.
7.- Antes de ratificar la extensión del título de concesión por treinta años más, el IFT está obligado a explicar las razones que tuvo para apoyar la decisión del presidente Peña Nieto de 2014 para quitarle el presidente de la república la Facultad de otorgar o quitar concesiones y sobre todo los argumentos del organismo para adelantar en 2016 una concesión que en realidad debería funcionar 10 años después, en marzo del 2023.
8.- Hasta donde se tienen datos conocidos, no existe o no ha sido difundido algún programa de compromisos de la empresa Teléfonos de México para revisar fallas, asumir nuevas responsabilidades sociales y frenar el traslado de funciones y facultades de la telefónica para beneficiar a la empresa privada América Móvil.
El gobierno de la república cuenta con salidas institucionales para revertir el fracaso de la privatización de Telmex y corregir el modelo neoliberal del presidente Salinas de entregar empresas de la nación a una nueva plutocracia que hoy constituye no solo un poder económico que le rebate posiciones al Estado, sino un poder político que amenaza con crisis de inversiones si no se reconoce su fuerza de confrontación al sistema/régimen/Estado.
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