Jesús Romero-Trillo
Con la llegada de las primeras lluvias de otoño hemos visto cómo las personas sin hogar se resguardaban en portales y soportales de nuestras ciudades. Resulta sorprendente que únicamente con la llegada del frío su situación pasa a considerarse emergencia social. Con el fin de visibilizar el drama de vivir en la calle el pasado 31 de octubre se celebró el Día de las Personas sin Hogar bajo el lema “¿Sin salida? Perdidos en un sistema de protección social que no protege”.
En España hay alrededor de 30.000 personas sin hogar, lo que es un número muy elevado que corre el riesgo de seguir creciendo como consecuencia de la pandemia y de la crisis económica. Es evidente que el sistema de protección es insuficiente y que la solución definitiva pasa por garantizar que estas personas tengan un hogar estable donde vivir, lo que no es equivalente a tener un techo donde cobijarse de manera temporal.
Aunque es cierto que existen ayudas sociales, para la mayoría de las personas sin hogar la dificultad de conseguir la documentación necesaria para su solicitud supone un obstáculo casi insalvable. Es evidente que a quien ha perdido la casa no se le debería pedir la misma precisión burocrática que a quien tiene todos sus documentos guardados en un cajón. Además, en esta etapa post Covid-19 se ha de añadir la dificultad de realizar todas las gestiones ante la Administración de manera telemática, lo que es claramente una dificultad enorme para quien vive en la calle.
El pasado 1 de octubre el Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones informó mediante una nota de prensa que la cobertura del Ingreso Mínimo Vital había llegado únicamente al 10% del total de ciudadanos que están en riesgo de pobreza. Obviamente, una parte del 90% de los ciudadanos que aún no tienen esta ayuda son personas sin hogar y que en teoría reúnen todos los requisitos para ser beneficiarios de esta ayuda. Las cifras tan reducidas de cobertura de esta ayuda demuestran que el sistema de protección no funciona adecuadamente.
En estos momentos el Gobierno está estudiando la posibilidad de otorgar viviendas a las personas sin hogar como alternativa a los albergues. Aunque en el tema de la protección a los desfavorecidos debe siempre primar la dignidad frente a la economía, lo cierto es que según los cálculos el coste de esta medida superaría inicialmente a las alternativas de asistencia actuales consistentes en albergues, comedores sociales, etc. Sin embargo, las predicciones confirman que en pocos años el gasto de esta medida sería similar ya que disminuirían muchos de los dispositivos de atención actuales que, en el fondo, no resuelven el problema.
Al igual que en este momento se está replanteando la atención a los ancianos en las residencias tras el Covid-19, creo que es el momento de replantear la atención a las personas sin hogar comenzando por lo que realmente necesitan: un hogar.
Catedrático de Filología Inglesa en la UAM
Publicado originalmente en elimparcial.es
