En torno al escándalo de José Ramón López Beltrán por haber vivido en una mansión en Houston, cabe preguntar: ¿Quién es el pariente incómodo? ¿Él o Andrés Manuel López Obrador?
Sí, porque la austeridad la ha abanderado AMLO, no José Ramón.
Entonces, aunque Andrés Manuel sea padre de José Ramón, éste no tiene por qué privarse del gusto de vivir a cuerpo de rey, máxime si solventa por sí mismo todos sus gastos; cada persona puede hacer con su dinero lo que prefiera.
Ahora bien, la austeridad republicada fue promovida por AMLO como Presidente de la República para aplicarse en la administración pública, no en la vida privada de mexicanos y mexicanas.
Entonces no le aplica a José Ramón, quien, en consecuencia, no tendría por qué ocultar vivir en lujosa mansión. Él es un particular; el servidor público es Andrés Manuel, por lo cual es éste quien debe predicar con el ejemplo en el ejercicio de su función.
Y el predicar con el ejemplo, no debe incluir a su familia, salvo a quienes dependen de él: Su hijo menor de edad y su esposa. ¿Pero sus hijos mayores de edad? El único deber que tienen es con la prohibición de traficar con sus influencias para beneficio propio.
Así como es un orgullo, un honor, un privilegio, ser pariente de un mandatario, también ha de ser muy incómodo, máxime cuando el gobernante tiene ideas socialistas que chocan con la forma de vida de sus familiares muy al estilo capitalista.
Cada persona es única, individual, y sus actos son totalmente su responsabilidad, incluso siendo familiares; a menos de existir contubernio. Así que ningún familiar debe pagar los platos rotos del otro.
Si a José Ramón le gusta la “dolce vita” y a AMLO le agrada vivir en el barrio más pobre de la Ciudad de México, es asunto de cada quien. El problema sería que los gustos del particular se paguen con dinero público, o se obtengan gracias a las relaciones del servidor público.
(Aunque el mandatario no vive en un barrio pobre, vive en el centro de la capital del país y en el Palacio Nacional).
La naturaleza humana es tan compleja que, en la vida privada y en la esfera pública, los superiores a veces no se dan cuenta de las acciones contrarias a las reglas de los familiares o de los subalternos, o se dan cuenta demasiado tarde.
Es posible pues que a AMLO se le escape el control de la vida de sus familiares. Una cosa es ser “chucha cuerera” en política, y otra cosa es ser “pariente”. Pero Andrés Manuel no puede ser responsable de la conducta personal de sus parientes (cercanos o lejanos) más si ya son mayores de edad.
Y no es defender al Presidente de la República o a José Ramón, es solamente comparar las cosas comunes de la vida privada con la vida pública.
Claro, hay de parientes incómodos a parientes incómodos. Por ejemplo, ahí está el caso de Pío, cuya conducta fue relacionada con asuntos político-electorales.
En fin, el tema de José Ramón (independientemente de la existencia o no de tráfico de influencias) es carnita de efectos mediáticos contra AMLO en un año donde habrá proceso de Revocación de Mandato y elecciones de gobernador en seis entidades federativas; y todo, en conjunto, es preámbulo de la sucesión presidencial.
QUE TIRE LA PRIMERA PIEDRA
Priistas y panistas se ponen a criticar a AMLO por acciones de José Ramón López Beltrán, sin ver que en el PRI y en el PAN pululan los políticos con familiares incómodos.
Y en el resto de los partidos con registro nacional tampoco cantan mal las rancheras.
Por ejemplo:
Un gobernador con un papá ex gobernador, miembro de la jerarquía nacional priista. Ah de ser incomodísimo compartir el poder con el ascendiente. Léase caso Oaxaca. Alejandro Murat Hinojosa-José Murat Casab. Una entidad, donde, por cierto, los hijos de los políticos conforman la “nueva clase política”.
Un gobernador con una esposa influencer: Samuel García Sepúlveda, de Nuevo León, cuya consorte, Mariana Rodríguez Cantú, quien influye tanto en la vida del mandatario y de la entidad, que en su relación ya no se distingue donde empieza lo privado y dónde lo público. Hasta dónde se sabe, ella es la titular de Amar a Nuevo León, dependencia administrativa descentralizada del gobierno del Estado con funciones de encargada de prensa y relaciones públicas.
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