Luego del entusiasmo que despertó el llamado Encuentro Bicentenario como un nuevo espíritu en las relaciones Estados Unidos-México, la agenda de temas bilaterales se redujo a la imposición de la seguridad nacional estadounidense y fue trasladada a las agencias de inteligencia y política exterior imperialista.
A partir de los acuerdos aceptados por México en materia de presencia legal de agentes operativos y de agencias, Estados Unidos ha comenzado a desarrollar operativos autónomos con la argumentación de que México y su crisis de seguridad pública forman parte de los intereses de seguridad nacional estadounidense.
En este contexto, la Casa Blanca ha avalado el uso de recompensas por capos que viven en México, ha ampliado su actividad operativa contra el tráfico de drogas en México y ha tomado como propia la crisis de seguridad en Quintana Roo con la presencia de agentes operativos del FBI.
La explicación norteamericana se basa en la lógica de que la estrategia mexicana de seguridad pública ha replegado sus acciones operativas y se ha centrado el tema de la construcción de la paz con presencia solo disuasoria de elementos de la Guardia Nacional y programas de subsidios sociales a sectores vulnerables.
Sin embargo, las graves crisis de seguridad en Quintana Roo, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Guerrero han ido escalando escenarios de expansión del control del crimen organizado no solo sobre estructuras productivas, sino sobre autoridades municipales y estatales que relevaron mandos políticos en las pasadas elecciones de junio de 2021 y en las que por primera vez el crimen organizado participó para beneficiar a determinados candidatos.
La crisis de Quintana Roo ha exhibido el fracaso gubernamental del gobernador multipartidista Carlos Manuel Joaquín González –miembro del cacicazgo político priísta de los Joaquín, pero gobernante como candidato de la alianza PAN-PRD–. El único éxito político de Joaquín ha sido la entrega del estado a los grupos locales de Morena y la garantía de que la candidata morenista va a ganar la gubernatura en junio próximo.
El mismo modelo de deterioro de la seguridad pública por razones de delegación política a favor de Morena están padeciendo buena parte de los estados de la república, con mención especial de Guerrero y Michoacán, donde se designaron candidatos morenistas en función de los grupos políticos de interés y no a partir de una propuesta de programa de seguridad pública local; por efecto de la falta de una estrategia, el crimen organizado se ha reposicionado en esa región importante del tráfico de drogas.
A la estrategia de seguridad pública federal le han faltado dos decisiones: pasar en automático a una fase operativa si el crimen organizado no decide disminuir su activismo criminal y violento y aprovecha la disminución operativa de las fuerzas de seguridad y carecer de un mecanismo de supervisión directa de la inseguridad local ante situaciones de ascenso de violencia por la lucha territorial entre carteles.
El escalamiento de homicidios dolosos con la aparición de cuerpos humanos en zonas de significado político territorial está mandando el mensaje de que el crimen organizado no ha entendido o no ha querido entender la posibilidad de mantenerse en zonas de influencia a cambio de disminuir la violencia e inclusive de convertirse en garantes de las seguridades locales territoriales.
En este escenario apareció a finales del año pasado el acuerdo titulado de manera pomposa Encuentro Bicentenario –para significar los 200 años de relaciones bilaterales– y se firmó con el compromiso especifico de que Estados Unidos tendría que abandonar las decisiones unilaterales y se comprometía a replantear el enfoque histórico de sus intereses nacionales en función de una convivencia bilateral. Las recompensas por la captura de capos en México y las actividades operativas del FBI, la DEA y la CIA, entre otras, en México sin cumplir con los compromisos de información, colaboración a intercambio de tecnología han cambiado los términos del Encuentro Bicentenario.
Y había agregar a este desencuentro bilateral las presiones y amenazas del gobierno de los Estados Unidos al defender a las empresas estadounidenses que ven en riesgo sus negocios energéticos; En este sentido, la Casa Blanca ha utilizado presiones políticas y de seguridad e inclusive algunas amenazas directas para obligar a México a romper con sus definiciones de interés nacional sobre políticas de desarrollo. El dato mayor señala que EU ha preferido la presión geopolítica que los tribunales internacionales de tipo comercial.
México tendrá que redefinir su relación con Estados Unidos en el corto plazo de cara a la Cumbre de las Américas que está organizando el presidente Biden como una forma de apretar el control geopolítico y de seguridad nacional estadounidense sobre América Latina.
@carlosramirezh
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