- Un análisis de MCCI a los contratos otorgados en 2021 muestra que ocho de cada 10 contratos del gobierno han sido entregados por adjudicación directa.
El 1 de diciembre de 2021, a tres años del inicio de este gobierno, el presidente Andres Manuel López Obrador aseguró que ya se habían establecido las bases de su proyecto de Nación. Sin embargo, en el combate a la corrupción, particularmente en el área de las contrataciones públicas, se ha mantenido el mismo comportamiento que durante los sexenios anteriores.
“La autodenominada ‘Cuarta Transformación’ representa otra oportunidad perdida para modificar el sistema de compras públicas mexicano”, señaló la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en una investigación, donde concluyó que el 80% de los contratos otorgados por el Gobierno Federal son asignados mediante este poco transparente método.
El estudio revisó las compras realizadas en 2021 a través de la plataforma Compranet, y además de este elevado volumen de adjudicaciones direccionadas a empresas en particular, la mayoría de ellas elegidas por un interés particular que va más allá de la eficiencia del contratista, muestran también la presencia de empresas fantasma y de empresas que son beneficiadas sistemáticamente por las dependencias del Gobierno Federal.
“Las adjudicaciones directas están previstas en la ley pero como excepción debido a los riesgos de corrupción que implican. De acuerdo con CompraNet (2021) se mantuvo como el método más usado para realizar contrataciones”, indica la investigación. “Por esa vía, la Administración Pública Federal (APF) entregó 157 mil 796 contratos durante 2021. De ellos, el 80.3% se adjudicó directamente. Las licitaciones públicas representaron 10.3% y las invitaciones restringidas el 6.1% de los procedimientos. Hubo 3.2% de contrataciones que se realizaron con otros mecanismos”.
Como conclusión, MCCI señala que “estos resultados son apenas ligeramente superiores a los de otros sexenios. Pero hay promesa en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de que este tipo de contratos desaparecerían por prestarse a la corrupción, es decir, eso de que ‘no somos iguales’ es un embuste. Falacia absoluta. Además, queda por investigar la aparición de la categoría ‘otros’ que, de no existir, pasó a tener el 3.2% de los contratos de la APF.
En cuanto a montos, el Gobierno de López Obrador entregó en 2021 contratos por 386 mil millones de pesos, de los cuales 147 mil millones fueron entregados por adjudicación directa y 43 mil 387 millones bajo la categoría de “otros”. Mientras que por invitación restringida que fue por 19 mil 407 millones.
“En comparación con 2020, las adjudicaciones directas fueron menores pues en ese año se alcanzó una cifra récord en la última década. No obstante, el porcentaje adjudicado en 2021 se mantiene por arriba de los niveles previos a 2019. De hecho, las otras contrataciones pasaron del l 0.1% en 2010 al 13.8% en 2020 y el 11.2% en 2021. Así, el uso de las adjudicaciones directas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador sigue siendo superior que al de Enrique Peña Nieto”.
El método indicado para otorgar contrataciones directas se utiliza para contratos por montos menores a los entregados en las licitaciones públicas debido a que los procedimientos son más susceptibles a corrupción y cuentan con menos mecanismos para detectarlos. Sin embargo, su uso excesivo ha provocado también un incremento en los recursos entregados, a pesar de los riesgos que implica. Entre 2016 y 2019 el monto promedio de estos contratos osciló el 1.2 millón de pesos, cuando en 2020 el monto llegó a los 1.9 millones.
Conceptos
En cuanto a conceptos, estos contratos se dividen en cuatro conceptos, por los que se otorgaron 100 mil millones de pesos:
- Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios,
- Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio,
- Materias primas y materiales de producción y comercialización y
- Servicios básicos
El rubro de comunicación social y publicidad se mantuvo como el más utilizado, con 90% de los contratos otorgados en 2021, un aumento del 78%, respecto al sexenio pasado. Mientras que en 2020 esta cifra fue del 90% respecto al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los contratos de publicidad del gobierno se concentraron principalmente en seis dependencias: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Lotería Nacional, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Hacienda.
Por monto, cuatro dependencias: IMSS, Banco del Bienestar, Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) entregaron más de 68 mil millones de pesos por adjudicación directa. El INSABI adjudicó de manera directa el 99% de sus contratos y el 99% de los montos contratados.
En el caso del Banco del Bienestar el porcentaje de contratos fue de 69% pero el porcentaje del importe de esos contratos fue de 89%. También Diconsa, actualmente Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) entregó el 99% de sus contratos por adjudicación directa y el 87% del monto contratado.
En lo que respecta a las empresas que recibieron más contratos y recursos, 10 empresas principales recibieron el 100% de sus contratos por adjudicación directa. Es decir, ni un solo peso recibido por publicidad oficial de las siguientes 10 empresas fue otorgado en un proceso abierto, competido y transparente.
Consulta aquí la investigación completa.
