Francamente es hasta cierto punto inentendible por qué los partidos políticos con registro nacional reciben financiamiento público, además del federal, estatal; éste en cada una de las 32 entidades federativas donde alcanzan por lo menos el 3% de la votación exigida por la ley.
Por eso tras cada elección los partidos nacionales, sobre todo minoritarios, impugnan resultados con el ánimo de incrementar su votación para obtener dicho umbral. Si no lo alcanzan compitiendo en comicios federales, pierden el registro; o el financiamiento público participando en elecciones locales.
Las entidades federativas también desembolsan para el financiamiento público de los partidos políticos con registro local, a los cuales igualmente se les ve impugnando resultados electorales con el mismo propósito: Conseguir más votos para mantener el registro y, por ende, el financiamiento.
Solo por citar un ejemplo:
El financiamiento público de los siete partidos nacionales para el ejercicio 2022, es de 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos, de los cuales 5 mil 543 millones 960 mil 204 pesos corresponde al sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, y el resto va para actividades específicas y para las franquicias postal y telegráfica.
En Oaxaca, para los mismos siete partidos nacionales más dos locales, el financiaamiento público 2022 es 176 millones 289 mil 897 pesos para actividades ordinarias, y 5 millones 288 mil 696.91 para actividades específicas. ¡Imagínense multiplicar cantidades similares por 32 entidades federativas!
¡Es un mundo de dinero público destinado a financiar partidos políticos en nuestro país!
Ah, y cuando hay proceso electoral se destina un 50% más del monto ordinario.
Retomando el tema: Los partidos políticos con registro nacional reciben financiamiento público de las entidades federativas para el sostenimiento de sus comités estatales, cuando los comités nacionales deberían sostenerlos con el financiamiento público federal.
Pero ese “deberían” no existe.
Los comités nacionales generalmente se quedan con todo el financiamiento público federal ordinario. Y todavía, en algunos casos, les quitan a los comités estatales de lo que éstos reciben de las entidades.
Situación que se acaba de ver en los recientes informes de ficalización de los recursos de los partidos políticos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE):
“La Unidad Técnica de Fiscalización detectó que los partidos Morena, Acción Nacional y del Trabajo transfirieron recursos de sus comités locales a sus comités nacionales para fines distintos a los permitidos en la norma, transferencias que sólo se permiten cuando se efectúen para el pago de proveedores, pago de servicios o para el pago de impuestos.”
Y en el caso concreto de Morena, “la fiscalización arrojó que se realizaron transferencias de los comités estatales al nacional por un monto superior a los 1,200 millones de pesos, de los cuales, 390 millones se destinaron a un fideicomiso para la adquisición de inmuebles a nivel local.”
En la sesión del Consejo General del INE donde se vio lo relativo a los informes de fiscalización, consejeros y consejeras debatieron sobre la legalidad o ilegalidad de tales ‘pellizcos” de los comités nacionales al financiamiento de los comités estatales; si la situación se encuentra dentro de la libertad interna de los partidos, y si aquellos deben devolver el dinero a éstos.
Los fideicomisos es una figura jurídica lícita. Aunque la Ley General de Partidos Políticos la establece como una de las modalidades de financiamiento privado.
MÁS ORDEN Y TRANSPARENCIA
En la próxima reforma electoral, las cámaras del Congreso de la Unión deberían revisar a fondo las reglas de financiamiento de los partidos políticos y los rubros a destinarse.
Aunque parece como pretender arrancarle un suspiro al viento, con eso de que los partidos, vía sus legisladores, vienen despachándose con la cuchara grande.
Sin embargo, es necesario dar más orden y más transparencia a los recursos de los partidos políticos (financiamiento público y privado), por el propio bien de éstos.
Hay mucha tela de donde cortar en el tema. Por ejemplo, rediseñar la fórmula para la obtención del financiamiento público para todos los partidos, y los porcentajes de distribución para alcanzar más equidad.
En el tema que hoy nos ocupa, establecer reglas claras sobre el financiamiento público federal y estatal que reciben los partidos con el propósito sobre todo de evitar el manejo discrecional por parte de los comités nacionales, éstos se agandallan en dinero y los comités estatales andan tronándose los dedos.
Esa es una de las razones por las cuales no crecen en las entidades federativas.
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