El consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello y el consejero Ciro Murayama tergiversaron la función originaria INE de garantizar las elecciones como parte del proceso democrático y convirtieron al Instituto en un instrumento de personalización de la democracia, justo lo que le critican al presidente López Obrador.
De 2014 a 2022, el INE sustituyó su papel en la democracia procedimental electoral y se dedicó a otorgar certificados personales de democratización a cambio de sometimiento al autoritarismo del Instituto. El abuso de la reglamentitis y el ejercicio autoritario de sus facultades afectaron las dos funciones básicas de la democracia electoral: la participación y la información, inclusive colocando reglamentos internos por encima de mandatos constitucionales.
La personalización del INE en las figuras de Córdova y Murayama construyeron una aduana autoritaria que fue inhibiendo las posibilidades de la democracia en otras instancias sociales y al final encarrilaron los procesos electorales en decisiones que pervirtieron la democracia como ejercicio ciudadano para garantizar el libre ejercicio de la votación de autoridades.
El INE de Córdova y Murayama distorsionó el sentido político y democrático de la ley de consulta ciudadana, acotó las posibilidades de la democracia a presupuestos extraordinarios que no les dieron y tampoco salieron de un ajuste de las finanzas del organismo y el fracaso de la consulta revocatoria del próximo domingo 10 de abril deberá acreditársele al INE de Córdova y Murayama. Lo peor del caso ha sido la forma ostentosa de incumplimiento de las reglas restrictivas para el ejercicio de la democracia, atropellando la precaria autoridad política y moral de los dos consejeros para conducir una de las experiencias inéditas más importantes de la democracia participativa.
Córdova fue producto del agotamiento del IFE como autoridad electoral y de un pacto Peña Nieto-PAN para transformarlo a fin de que quedará igual. La presidencia de Córdoba violentó las reglas que impedían el continuismo ante el cambio de estructura y fue producto de un acuerdo secreto de Córdova con el presidente Peña Nieto.
El IFE anterior también se deshizo por la incapacidad del entonces consejero presidente Luis Carlos Ugalde en el 2006 para gestionar la elección presidencial con manipulación de tiempos y conteo de votos de tal manera de que se beneficiara al candidato panista Felipe Calderón Hinojosa. Ugalde fue producto de un acuerdo político de la entonces líder sindical magisterial Elba Esther Gordillo con el presidente Fox. Por su incompetente papel como consejero presidente del Instituto, Ugalde fue despedido sin honores del organismo y hoy aparece como un político democrático que cuestiona todas las decisiones democráticas de las fuerzas políticas.
El IFE-INE nunca pudo modificar su papel reproductor de los vicios de la Comisión Federal electoral de Manuel Bartlett Díaz en 1988. De ahí la importancia de una reforma político-electoral que desaparezca el INE y el Tribunal Electoral y que cree organismos con credibilidad que no se constituyan en automático en pequeñas oligarquías autónomas de poder, como ocurre en la actualidad con el Instituto de Córdova y Murayama.
El INE ha sido rebasado por las prácticas políticas de todos los partidos y ha agotado la vertiente de judicialización de los procesos electorales. La configuración del Consejo General con once consejeros designados por los partidos políticos vía negociaciones clandestinas ya no responde a la necesidad de un organismo electoral que en realidad permita el libre ejercicio de las fuerzas políticas en procesos electorales como ocurre en democracias maduras.
El IFE fue inventado por el presidente Salinas de Gortari como un placebo democrático, pero en realidad ha operado ya como INE más como aduana antidemocrática que como facilitadora de la competencia entre las diferentes fuerzas partidistas. Hoy el INE de Córdova y Murayama tiene más litigios legales que ejemplos de regulación democrática y ha perdido la confianza de casi todas las fuerzas partidistas en competencia.
Las reformas político-electorales no han cambiado la estructura autoritaria del Instituto Electoral en tanto que su existencia beneficia al partido en el poder. El desafío de Morena y el presidente López Obrador radica en la expectativa de construir, ahora sí, un Instituto que garantice la democracia electoral y no funcione más para los caprichos intelectuales de los consejeros como barones y comisarios políticos.
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