La intensa actividad política del presidente López Obrador para impulsar la aprobación de sus dos leyes clave de su proyecto –la ley eléctrica y la consulta de revocación/ratificación de mandato– dejó muy en claro su marco referencial sucesorio: la construcción y consolidación de un proyecto político transexenal que pasa por la anulación del proyecto neoliberal del presidente Carlos Salinas de Gortari y su continuidad en las administraciones de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y el Pacto por México de Enrique Peña Nieto.
Desde la definición de su interés por competir por la presidencia en las elecciones del 2006, 2012 y 2018, López Obrador ha tenido muy claro que su proyecto no podría restaurar el modelo populista que definió la gestión presidencial del PRI de 1917 a 1982, pero que sí podría avanzar en la reconstrucción de la preponderancia del Estado en la gestión hegemónica de los gobiernos.
El país ha tenido solo dos grandes ciclos nacionales de desarrollo: el capitalismo monopolista de Estado de 1917 a 1982 con declinación paulatina de la economía pública y la expansión de los intereses del enfoque de la economía empresarial y el capitalismo neoliberal de 1983 a 2018 en el que el Estado cedió el dominio de la economía y por tanto de la política y las relaciones sociales a los intereses de las utilidades empresariales.
Se ha tratado de una disputa histórica entre el proyecto popular y el proyecto empresarial que en 1981 fue procesado en uno de los ensayos más importantes escritos para determinar el campo de batalla por la economía: el libro La disputa por la nación. Perspectiva y opciones del desarrollo (Siglo XXI Editores), de los economistas Carlos Tello y Rolando Cordera. El texto apareció en la coyuntura histórica que enfrentó el país de cara a la definición del candidato presidencial del PRI para el sexenio 1982-1988: Miguel de la Madrid representaba al modelo neoliberal-empresarial con disminución de las funciones del Estado y sumisión a las doctrinas del Fondo Monetario Internacional, en tanto que el proyecto popular fue representado solo por los intereses de un menguado sector progresista del PRI y las organizaciones sindicales en decadencia que se agrupaban en el Congreso del Trabajo.
De la Madrid, en efecto, fue la puerta de entrada al largo ciclo neoliberal que logró definir como proyecto coherente de pensamiento y política económica su principal colaborador Salinas de Gortari. Y el proyecto neoliberal se consolidó con el Tratado de Comercio Libre de 1993 que subordinó el desarrollo mexicano y sus compromisos sociales a los intereses globalizadores de la economía estadounidense. Este ciclo neoliberal y el abandono de las tareas sociales del Estado tuvo un crecimiento promedio anual del PIB de apenas 2.2% en el período 1983-2018, en tanto que el populismo del capitalismo monopolista de Estado alcanzó una tasa promedio anual de crecimiento económico de 6%.
En 1984-1988, Cuauhtémoc Cárdenas encabezó una corriente política dentro del PRI para rescatar las banderas progresistas y populares del partido y evitar en 1988 la profundización del proyecto neoliberal de De la Madrid en la figura continuista de Salinas de Gortari. No se trataba de un socialismo, ni siquiera del regreso al populismo cardenista, sino la reconstrucción del modelo de desarrollo como proyecto nacional con objetivos de bienestar social y no de reorganización del capitalismo depredador empresarial.
López Obrador, en 1987 en que se dio la disputa en el PRI entre Cárdenas y Salinas, militaba en el PRI, pero con proyectos y propuestas que lo acercaban más a un modelo social de organización popular a la cubana y menos al deteriorado y desprestigiado corporativismo social, campesino y popular de un PRI sin ideas progresistas. En 1988 López Obrador se salió del PRI y se incorporó a la corriente cardenista de priístas con ideas sociales progresistas.
El pensamiento político de López Obrador no ha dado suficientes elementos como para definir hoy en día un socialismo, pero sí contiene propuestas de regreso a la preponderancia del Estado a favor de los intereses sociales. El enfoque radical de izquierda del presidente Cárdenas alcanzó para definir una propuesta de socialismo sin lucha de clases y ajustado a políticas de bienestar de grupos sociales marginados, pero sin sustituir a la empresa privada, aunque sí obligándola a ajustarse a la regulación estricta del Estado para evitar la explotación de las necesidades populares.
Este sería, más o menos, el modelo social del presidente López Obrador: la restauración del Estado como la autoridad regulatoria de la economía mixta, con definición de objetivos de bienestar concretos a través de políticas sociales o subsidios directos a sectores marginados. No hay en el proyecto lopezobradorista ninguna forma de socialismo de Estado, en tanto que no promueve la organización de la clase obrera como la hegemonía social dominante.
En sus discursos del 2000 al 2018, López Obrador fue muy claro en señalar su propuesta de un proyecto primero antineoliberal y después, en la medida de lo posible, de reconstrucción de un nuevo Estado regulador que pretendiera sustituir a la empresa privada. La preponderancia del Estado en la electricidad, por ejemplo, quiere pasar del 46% al 54%, permitiendo empresas privadas con regulaciones estrictas.
La propuesta de López Obrador en la presidencia se ha resumido solo en el concepto de un modelo posneoliberal, es decir cerrar el ciclo del neoliberalismo salinista de preponderancia de la empresa privada y reconstruir una parte del proyecto populista de preponderancia del Estado que definió con muchísima claridad el politólogo Arnaldo Córdova en 1972 en su ensayo ya clásico titulado La ideología de la Revolución Mexicana. La formación del nuevo régimen (editorial ERA).
En un resumen del proyecto lopezobradorista, puede decirse que no existen propuestas que pudieran hacer temer algún tipo de socialismo de Estado; si acaso, estaría más en la lógica del enfoque definido por el politólogo Francis Fukuyama –el que decretó de manera arbitraria el fin de la historia con el desmoronamiento del muro de Berlín y el principio del fin de la Unión Soviética como eje comunista– que definió de manera sucinta en el concepto de estatalidad o de intervención regulatoria del Estado para evitar la apropiación arbitraria de la riqueza mundial por parte de la empresa privada sin intervención regulatoria del Estado.
El proyecto lopezobradorista ha sido el eje de la gestión administrativa del presidente López Obrador y por lo tanto será el escenario decisivo que definirá la candidatura presidencial de morena para el sexenio 2024-2030: respetar y profundizar el proyecto posneoliberal de un estado fuerte para regular las utilidades empresariales y para atender las demandas sociales de bienestar del 80% de los mexicanos que hoy en día parecen restricciones sociales.
La defensa apasionada del presidente López Obrador de sus principales propuestas ha dejado en el ambiente el criterio de que el candidato presidencial morenista del 2024 debe de comprometerse con los objetivos de continuidad posneoliberal. Por lo tanto, el análisis de los precandidatos conocidos de Morena tendrá que pasarse por el tamiz del proyecto lopezobradorista, algo que no es nuevo y que en el fondo definió las candidaturas en los dos grandes ciclos políticos nacionales: del capitalismo monopolista de Estado y el neoliberal inclusive con dos sexenios de presidencia panista.
En este contexto, la defensa del proyecto del presidente López Obrador pasó a colocarse en el centro del mecanismo de definición de la candidatura de Morena para el 2024. En función de la lógica del poder, López Obrador no va a designar como candidato a quien pueda desmantelar su proyecto político-económico que requerirá –como el de Salinas– cuando menos tres sexenios para consolidarse.
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