Además de iniciar una investigación sobre el personal judicial que permitió la liberación anticipada del capo Rafael Caro Quintero en 2013, la recaptura de uno de los fundadores de las organizaciones narcotraficantes y criminales en los hechos reabre los casos del asesinato del columnista Manuel Buendía en 1984 y del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en 1985.
Y aunque aparece casi como elemento común de referencia –aunque sin generar líneas oficiales de investigación–, Camarena, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Miranda Fonseca Don Neto aparecen como los hilos conductores de la construcción de los primeros grupos delictivos dedicados al tráfico de mariguana que nacieron con la protección gubernamental de funcionarios de seguridad de la Secretaría de Gobernación al mando de Manuel Bartlett Díaz y de la Procuraduría General de la República bajo la responsabilidad de Sergio García Ramírez.
Las bandas de narcos tuvieron la protección oficial bajo dos premisas: mantener el control de la droga que se sembraba y se enviaba Estados Unidos para satisfacer las demandas de los adictos americanos y al mismo tiempo de mantener el control social sobre zonas rurales donde se asentaron, además de que los jefes y comandantes policiacos recibieron dinero y poder de las organizaciones criminales.
El expediente oficial de 1984 señala que el columnista Manuel Buendía fue asesinado por orden y operativo directo del entonces director de la Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez, cuya oficina se encargaba de la seguridad política del Estado ante la ofensiva de grupos guerrilleros, pero también utilizando a las organizaciones criminales como espacios de contención. Días antes de ser asesinado, Buendía alertó en su columna Red Privada en Excelsior sobre una denuncia pública que hicieron obispos de la zona sur del país de la corriente de la teología de la liberación sobre la invasión territorial de mariguaneros en zonas campesinas, y el columnista agregaba el dato de que esas agrupaciones criminales solo podían existir con el beneplácito y la protección de funcionarios del Estado.
En febrero de 1985, el agente narcóticos Camarena Salazar fue secuestrado, torturado y asesinado por el grupo delictivo de Caro y Fonseca y de manera oficial el Gobierno de Estados Unidos acusó a las policías mexicanas de proteger a los narcos. Caro fue detenido en un aeropuerto capitalino por el comandante Armando Pavón Reyes –quien por su trabajo conocía a la perfección el rostro de Caro–, pero justificó su decisión de dejarlo en libertad porque el narco se identificó con una credencial válida de la Dirección Federal de Seguridad. Esa credencial fue recuperada por la PGR, pero enviada a Gobernación para validar su autenticidad o falsificación y en ese camino desapareció como prueba pericial.
Comandantes de la Federal de Seguridad y de la Policía Judicial Federal vendían protección a los narcos, pero no solo a cambio de dinero sino de poder porque varios de esos comandantes se retiraron de sus funciones de seguridad y pasaron a encabezar bandas delictivas.
Las investigaciones de los casos Buendía y Camarena siempre eludieron la investigación más allá de los directores de la Federal de Seguridad y de la Judicial Federal, pero sin profundizar las indagatorias hacia estructuras superiores de Gobernación y la PGR porque la designación, funcionamiento y aval de los comandantes había partido de los titulares de esas dependencias, Bartlett y García Ramírez.
El arresto el viernes de Caro Quintero en su refugio sinaloense reactivó el interés y las presiones de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, por haber mantenido abierto el expediente Camarena e insistir hasta la fecha en una presunta corresponsabilidad de Bartlett en el asesinato de febrero de 1985 e inclusive abrir investigaciones oficiales en una corte de Los Angeles donde se establece con claridad el señalamiento de la presunta complicidad de Bartlett con Zorrilla Pérez, manteniendo vivo el caso al grado de que, de acuerdo con afirmaciones del embajador estadunidense Jeffrey Davidow, Bartlett puede ingresar a Estados Unidos, pero podría ser detenido en base a las acusaciones del expediente abierto de Camarena.
Los casos Buendía y Camarena requieren de una acusación formal de la autoridad mexicana contra los funcionarios de Gobernación y la PGR y el primer paso podría ser la reactivación de los expedientes: el de Buendía porque estaría relacionado con Camarena y el de Camarena por sí mismo debido a las acusaciones de la DEA contra Bartlett.
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