Este jueves, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión realizó el segundo foro del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral sobre el tema: “Segunda Vuelta de Elección de titulares de Poderes Ejecutivos y Legislativos.”
Hubo opiniones a favor y en contra (más en este sentido) de legisladores, especialistas en la materia electoral y académicos. En base a sus consideraciones, cabe preguntar: ¿Es viable la segunda vuelta? ¿O es mejor establecer reglas para contiendas más equitativas?
Hubo quien opinó que una segunda vuelta ayudaría a superar la carencia de legitimidad en la elección a la Presidencia de la Repúblicay gubernaturas. Hubo quien consideró inviable dicha figura jurídica porque minaría el pluralismo político y, entre otras razones, por el costo económico que representaría. Y en cuanto a la elección de legisladores, definitivamente no sería viable.
Coincido con la segunda postura: Inviable, porque ciertamente nuestro país no se encuentra en condiciones económicas, políticas y sociales, como para definir las elecciones populares a tales cargos en una segunda vuelta. Es mejor, como consideraron algunos especialistas, rediseñar las reglas electorales para tener contiendas más equitativas.
Y si son reglas para competir en condiciones de igualdad, qué mejor. No solo en cuanto a los partidos políticos, sino también con relación a las candidaturas independientes; con las normas vigentes, éstas compiten en condiciones sumamente inequitativas, más que los partidos de nueva creación.
Por cierto, al parecer en el debate estan olvidando las candidaturas independientes; se han centrado en el pluralismo político, entendido éste como el pluripartidismo.
Jorge Aljovín Navarro, consultor político, consideró necesario atacar algunas problemáticas como tener una fiscalización en tiempo real, y ver cuál es el gasto cierto de los partidos políticos pues gastan en exceso. “Eso nos aseguraría no tener una segunda vuelta, sino condiciones de equidad en la contienda porque ese es el principio electoral que está de fondo”, precisó.
Y tiene razón.
Porque a pesar de existir un financiamiento público y otro privado reglados, además de normas de fiscalización, en el campo fáctico los partidos siguen gastando más de lo destinado a actividades ordinarias y a campañas electorales. ¿De dónde obtienen los recursos?
Y el exceso del gasto genera inequidad.
Incluso, para tener contiendas electorales equitativas debería ser condición sine qua non un financiamiento público igualitario para todos los partidos políticos y candidaturas independientes. Actualmente, recibe más el partido que obtiene más votos.
Porque el presupuesto destinado a los partidos se distribuye de la siguiente manera: 30% en forma igualitaria entre todos, y el 70% según el porcentaje de votos obtenido por cada uno en la última elección de diputados. Los partidos de nueva creación y las candidaturas independientes en conjunto, solo entran al reparto del 30%.
Casi igual ocurre en cuanto el acceso a los tiempos de radio y televisión.
Entonces, primero deberían existir reglas para propiciar contiendas electorales equitativas, antes de establecer la segunda vuelta. Quizá ésta saldría sobrando habiendo condiciones de equidad o igualdad.
Además, resolver el ‘empate técnico’ con una segunda vuelta tampoco garantiza que no existan conflictos postelectorales, o ingobernabilidad en el ejercicio de gobierno.
Los actores políticos deberían entender que democráticamente se pierde o se gana por un voto. Pero como los partidos políticos son tramposos, todo les genera desconfianza. Incluso, siempren van en búsqueda de electores a base de dádivas oficiales, en vez de convencer con acciones como partidos y como gobierno.
EL GASTO Y HARTAZGO
La segunda vuelta genera gasto. Otra vez campaña, otra vez jornada electoral. Y también puede generar hartazgo ciudadano hacia las elecciones.
Máxime si al mismo tiempo hay segunda vuelta para elegir Presidente de la República, un determinado número de gubernaturas y diputaciones.
Es más, el costo económico por la segunda vuelta contrastaría con la pobreza existente en el país.
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