Aunque en política suelen presentarse hechos viejos como situaciones nuevas, una ayuda de memoria sobre lo ocurrido los dos primeros años posteriores al asesinato de los estudiantes ayudaría a acomodar algunas piezas sueltas del rompecabezas político de la noche da Iguala.
Indicador Político publicó el martes 11 de noviembre de 2014 una referencia que hoy tiene una segunda versión: cuando el PRD comenzó a hundirse en el fango de las complicidades en Guerrero y en Iguala, el entonces senador perredista Alejandro Encinas lanzó un desafío al Ejército: sentar en el banquillo de los acusados al entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, para que explicara la pasividad del 27° batallón de la zona que no intervino a favor de los estudiantes.
En aquel entonces se le aclaró al legislador que representaba al PRD que tenía el control político de Guerrero que el Ejército no podía intervenir en asuntos de seguridad pública si no era a solicitud de expresa de la autoridad civil o por agresiones directas en su contra; y como parte del escenario, el presidente municipal perredista y su esposa como precandidata sucesora a la alcaldía ordenaron atacar a los estudiantes a través de la policía municipal y entregarlos al grupo criminal Guerreros Unidos para su asesinato y desaparición de restos.
Como elemento contextual estuvo también el rechazo del PRD con legisladores y dirigentes que hoy son de Morena a legislar sobre la Ley de seguridad Nacional y la ley de Seguridad interior para llenar esos huecos que impedían la configuración de un Sistema Nacional de Seguridad. De haber intervenido por cuenta propia, los militares pudieron haber sido acusados de abuso de poder y de responsables directos del suceso, aunque quedaría en el ámbito de las especulaciones saber si esa intervención militar hubiera salvado la vida a los estudiantes.
La intención del entonces senador perredista Encinas fue distraer la atención sobre las autoridades estatales y municipales perredistas y de las complicidades de las policías locales en la protección y complicidad con todos los grupos delictivos, tanto del ámbito de la delincuencia de seguridad pública como del narcotráfico. La primera responsabilidad de las autoridades perredistas en Guerrero y sus municipios era precisamente evitar situaciones que llevarán al involucramiento del Ejército en situaciones que revelaban la complicidad del crimen y las autoridades locales.
En este contexto debe leerse la intensidad de las conclusiones de la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa culpando a soldados, a pesar de que carecían de facultades para intervenir.
Y contrasta el hecho de que el reporte de la Comisión Encinas evita cualquiera incriminación directa del entonces presidente Enrique Peña Nieto en la crisis de investigación, porque el entonces responsable de las investigaciones con el cargo de Procurador General de la República dependía de manera directa del jefe del Ejecutivo federal.
Peor aún: el 27 de noviembre de 2014, horas después de conocerse la desaparición de los estudiantes y su segura muerte, el presidente Peña realizó una reunión titulada “Por un México en paz, con justicia, unidad y desarrollo” y ahí lanzó una consigna que fue criticada con severidad. “El grito de todos somos Ayotzinapa demuestra ese dolor colectivo, el grito de todos somos Ayotzinapa es un ejemplo de que somos una nación que se une y se solidariza en momentos de dificultad, el grito de todos somos Ayotzinapa es un llamado a seguir transformando a México”.
Por alguna razón que no explica el reporte del subsecretario Encinas –ayer con comportamientos muy bravos contra el Ejército y contra el presidente Peña– ahora presenta conclusiones que llevarían a suponer que el entonces presidente Peña Nieto vivía en una burbuja de cristal y al margen de la realidad, cosa que, por cierto, era verdad en tanto que el jefe del Ejecutivo se encontraba ya distante del poder, pero que existían responsabilidades del área ejecutiva que lo colocaban en el centro del conflicto.
Las consignas de todos somos Ayotzinapa ubicó al presidente Peña Nieto como responsable directo de las acciones y omisiones en la investigación del caso de los 43 de Ayotzinapa y por lo tanto el actual subsecretario Encinas debió haber sido más coherente con el senador perredista Encinas de 2014.
Política para dummies: La política, hay que repetirlo, es el arte de la memoria.
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