Por el tono ríspido del debate legislativo y social sobre la iniciativa para extender cuatro años más la presencia de las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad pública ante la necesidad de consolidar el funcionamiento de la Guardia Nacional, lo más sensato sería que se aceptar la negativa en el Senado de la minuta de los diputados y que los militares y marinos regresaran a sus cuarteles a mediados del 2024.
La negociación del líder senatorial morenista Ricardo Monreal Ávila le está atando las manos a las Fuerzas Armadas colocando acotamientos que le harán perder eficacia a la hora que tenga que confrontarse con el poder cuasimilitar de las bandas y cárteles delictivos, como se ha visto en la violencia reciente en diferentes partes de la República donde el crimen organizado ha logrado superar a las fuerzas federales y locales de seguridad.
Los candados legislativos al Quinto Transitorio solo benefician a la delincuencia, porque reducen la capacidad operativa de fuerza del sector gubernamental, mientras las bandas delictivas siguen aumentando su poder armado, están ampliando el control de la economía y la política a nivel estatal y prodigan su influencia con el poder corruptor del dinero que ganan con el tráfico delictivo en diferentes actividades.
El segundo intento de regularización de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública en situación de crisis de la seguridad interior –es decir: cuando el crimen organizado le disputa control institucional y territorial al Estado– no entendió la dimensión crítica en la que se encuentra el colapso de la seguridad territorial, social y del Estado ante un crimen organizado que está comprendiendo la lógica política y aprovechando las restricciones militares para consolidar con mayor velocidad su poder criminal.
Las restricciones a las reformas al Quinto Transitorio constitucional no estuvieron precedidas del análisis sobre el diagnóstico de la situación en que se encuentra la seguridad mexicana en el escenario de la expansión acelerada de los cárteles delictivos. Cuando menos nueve cárteles del narcotráfico, decenas de bandas que controlan la delincuencia asociada a la droga y dos millones desde delitos anuales configuran el marco de la inseguridad en México que condujo desde 1983 a la presencia de las Fuerzas Armadas en los ámbitos de las tres seguridades: pública, nacional e interior.
Las reformas al Quinto Transitorio contenidas en la segunda minuta negociadas por el senador Monreal le pusieron más candados a la actividad de las Fuerzas Armadas en seguridad interior y su efecto inmediato se verá en la reducción de la eficacia operativa en la lucha contra el poder cuasimilitar de la delincuencia. El poder legislativo tiene facultades de supervisión sobre decisiones militares, pero subordinar a los mandos a las comisiones legislativas que carecen de enfoques y reglas de secrecía llevará a los mandos militares y marinos a fragmentar el mando civil que ya tienen con el presidente de la República como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
Las reformas en la segunda minuta no resuelven el problema de enfoque de seguridad porque los legisladores están pensando en las crisis de seguridad pública, cuando las evidencias están mostrando que los problemas con cárteles y bandas son un asunto de seguridad interior porque están combatiendo al Estado para desplazarlo de su hegemonía territorial.
Los debates legislativos en comisiones y en el pleno en las dos cámaras en ningún momento cruzaron la dimensión de las reformas con los datos de la realidad de la inseguridad, a pesar de que todos los días se transmiten en redes vídeos que revelan la capacidad de fuego y de personal que han ido acumulando las bandas delictivas y que ya rebasaron con mucho a las policías municipales y estatales y que solo una estructura militar de seguridad interior tiene la capacidad para enfrentar la ofensiva criminal para meterse en la estructura institucional política y productiva del país.
En este escenario, quizá lo mejor sea que las Fuerzas Armadas no sigan siendo desprestigiadas en los debates legislativos y acepten retirarse a sus cuarteles a mediados del 2024 y que la estructura civil que exista en ese momento se haga cargo del problema de la inseguridad pública e interior.
Política para dummies: La política da seguridad.
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